Vencer sin convencer
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Con las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación (TEPJF) que certifican la validez de los comicios del
pasado primero de julio y que declaran presidente electo a Enrique Peña Nieto,
culmina formalmente el proceso electoral. Tal desenlace, sin embargo, no
resuelve la disputa por el proyecto de país que viene dirimiéndose desde hace
más de dos décadas y ni siquiera es seguro que logre mantenerla dentro de las
vías institucionales, habida cuenta que, para un importante sector de la
sociedad el triunfo del priísta fue consecuencia de graves irregularidades.
Los mecanismos de la democracia representativa y las
instituciones encargadas de ponerlos en práctica tienen como propósito superar
las diferencias entre sectores políticos y generar acuerdos sociales a partir
de la conformación de una mayoría –simple o absoluta– de electores en torno a
una candidatura que, sobre esa base, ejercerá un mandato por un tiempo
determinado. Para ello se requiere no sólo del consenso sobre las reglas del
juego, sino también de condiciones de legalidad, transparencia y plena libertad
que susciten confianza en los organismos electorales y certidumbre en los
resultados.
No fue eso, por desgracia, lo que ocurrió en los pasados
comicios, cuando se puso en juego, una vez más, la permanencia o el cambio del
modelo político-económico impuesto en el país desde el sexenio de Miguel de la
Madrid, ahondado durante el de Carlos Salinas de Gortari y continuado por las
siguientes tres administraciones. De entrada, la credibilidad de organismos y
procesos electorales se encontraba minada de antemano por las graves
irregularidades ocurridas en 2006, cuando el gobierno federal, los medios
electrónicos privados, las cúpulas empresariales y el propio Instituto Federal
Electoral (IFE) operaron en favor de Felipe Calderón, a contrapelo de las leyes
y las normas vigentes. Por añadidura, en esta ocasión la candidatura
presidencial priísta venía lastrada por señalamientos sobre el favoritismo del
duopolio televisivo y por los problemas de imagen del tricolor. A mediados
de mayo esos negativos se convirtieron en muestras masivas de rechazo social en
contra del político mexiquense.
En tales circunstancias, la única forma en que el PRI
pudiera hacerse con la Presidencia sin generar impugnaciones ni ahondar la
fractura social habría sido mediante un escrupuloso respeto a la normativa
electoral, el deslinde respecto de su pasado autoritario y la distancia de sus
elementos más identificados con la corrupción y el abuso. Por el contrario, la
campaña priísta fue un constante refrendo de los aspectos más irritantes del
otrora partido único. Para colmo, desde días antes de la elección fue
ostensible el recurso de prácticas indebidas, empezando por la coacción del
sufragio, la cual fue realizada a la vista de la sociedad. En semanas
siguientes, la coalición Movimiento Progresista acumuló miles de pruebas sobre
esa práctica y, más grave aun, sobre los manejos oscuros de grandes sumas de
dinero y sobre triangulaciones monetarias realizadas por operadores de la
campaña del tricolor.
El hecho de que el TEPJF haya declarado, sin más trámite,
la inexistencia jurídica de tales irregularidades, no basta para desvanecer la
convicción de cuando menos un tercio del electorado ni para disipar su renovada
irritación ante lo que es visto ahora como una nueva imposición. Así pues, el
manejo del proceso electoral de este año, lejos de superar la fractura generada
por el de 2006, la ha profundizado y ha colocado al país ante un nuevo divorcio
entre la formalidad de las representaciones políticas y sectores sociales que
no están dispuestos a reconocer a las autoridades emanadas de los comicios.
De esta forma, el fallo inapelable del TEPJF alimenta la
irritación política y el agravio en amplios sectores, al tiempo que ahonda la
fractura social ya existente, la cual, a su vez, se suma a los de por sí
severos y crecientes factores de inestabilidad, ingobernabilidad y violencia
presentes en el panorama nacional: la pobreza y el desempleo, las carencias de
salud, la descomposición institucional, la corrupción multiplicada y el
desastre que deja la actual administración en materia de inseguridad y
descontrol delictivo. La perspectiva debiera resultar preocupante para quienes
aspiran a conformar, con base en una primera minoría formal, el próximo
gobierno. Para el PRI se ha configurado, en suma, el peor de los escenarios de
triunfo: vencer sin convencer.
La conformación de una nueva administración en estas
condiciones será, necesariamente, tema obligado de reflexión en los próximos
días. En lo inmediato, y ante las movilizaciones sociales en curso, es
pertinente hacer un llamado a todos los actores políticos, pero especialmente a
las autoridades, a extremar la prudencia, la contención y la sensatez.
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