Crisis de representatividad
“Que el fraude electoral jamás se olvide”
http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=22&idTitulo=195098
Entre los muy pocos asuntos nacionales en que existe un acuerdo generalizado destaca el que considera que la mayoría de la población no se siente representada en las instituciones del Estado. De manera enfática, las encuestas y los comentarios de opinión expresan que existe un claro divorcio entre la sociedad y los llamados “políticos”. Es tema que reviste la mayor importancia: tal estado de cosas niega la esencia de la democracia e inhibe la necesaria participación social en la construcción nacional. En el centro del problema está, sin duda, la endémica certeza de la violación de la voluntad popular en los procesos electorales, de lo cual ya se ha vertido mucha tinta. Pero hay también otros factores que, sin demérito de lo central, generan el rechazo.
Me voy a referir al tema de la representación legislativa, tan socorrida en la crítica popular. Se juntan dos elementos básicos: de un lado, la deleznable actividad de la mayoría de los legisladores y, del otro, la confusión que existe en lo tocante a su operación. Vale decir que el primero de los elementos es, en mucho, resultado del segundo. La más importante confusión atañe al concepto de la representación. ¿A quién representa un diputado? Conforme a la teoría constitucional, el diputado se incorpora a la representación de la nación, independientemente de la circunscripción territorial (distrito) por el cual fue electo; quiere decir que no es representante de los habitantes de dicho territorio y su funcionamiento no obedece a ellos sino al interés nacional. Suena drástico pero le asiste la lógica: 1) el interés nacional no debe supeditarse al interés de una región en detrimento de otras, a riesgo de que las entidades más pobladas se impongan sobre las menores, y 2) en último término, el diputado sería representante de quienes votaron por él, los que en el pluripartidismo generalmente son minoría mayor respecto del total de la votación, en cuyo caso quienes votaron por otra alternativa carecerían de representación.
En contradicción al criterio constitucional, se pretende que el diputado sea la correa de transmisión entre “sus representados” y la representación nacional, casi exigen que para votar pidan antes la opinión de esos “representados”. Incluso se les otorgan recursos para desarrollar labores de gestoría en los distritos y se propone la reelección como fórmula para que el diputado haga labor en su distrito. Suena bonito, pero carece de toda lógica; para tales servicios se elige a los ejecutivos: alcalde, gobernador y presidente. Este concepto se generó en la época del partido casi único, como mecanismo de suplir la inutilidad de los diputados.
En la Cámara lo que prevalece –y así debe de ser- es la confrontación de postulados ideológicos, tanto para legislar como para el debido control del Ejecutivo. Se debate, se negocia y se vota –o así debiera ser- en función de interpretaciones diferentes de lo que es el interés nacional; en determinados temas se pueden conciliar las diferentes posturas y producirse consensos, así como en otros las posiciones son irreductibles y decide la mayoría. Incluso hay asuntos en que la condición irreductible deba llevar a la consulta popular en sus diversas acepciones. Siendo así, lo que debe de estar representado en la Cámara es la preferencia ideológica de la población, pero no su identidad geográfica.
Un principio de corrección a esta confusión es la incorporación de los diputados plurinominales (40%) aunque es la menos apreciada por la opinión pública. Teóricamente con esta contribución se busca que la composición de la Cámara se acerque a representar a las distintas posturas ideológicas postuladas por los partidos (no ignorar que para algunos partidos la corrupción es una postura ideológica). Es una aberración la propuesta de Peña Nieto para reducir a la mitad el número de plurinominales, sólo contribuye a eliminar la oposición al régimen y, con ello, eliminar de la posibilidad de ser representados a los que piensan diferente. El argumento es el costo, la realidad es el autoritarismo priísta.
En todo caso, una correcta representación de toda la población la otorgaría una composición camaral en proporción a la voluntad expresada en las urnas respecto de programas y plataformas de pensamiento. Significa que todos sean electos por la vía plurinominal o de listas por partidos, como lo hacen muchas democracias modernas. Ojalá pudiera entablarse un debate serio sobre el tema, mientras tanto agradeceré que las mentadas a que me hago merecedor las dirijan a mi anterior correo electrónico.
Correo electrónico: gerdez777@gmail.com
No hay comentarios.:
Publicar un comentario