Reforma laboral: oposición con causa
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Con el fin del plazo para la recepción de observaciones
sobre la propuesta de reforma laboral enviada por Felipe Calderón al Congreso a
principios de mes, en calidad de iniciativa preferente, concluyó ayer la
primera etapa de discusión en torno a esa enmienda legislativa. Se espera que
en los próximos días la comisión legislativa correspondiente dé a conocer el
dictamen que habrá de ser discutido y, en su caso, votado en el pleno de la
Cámara de Diputados la semana entrante.
Significativamente, la conclusión de dicha fase coincidió
con la realización de una multitudinaria marcha en el centro de esta capital,
convocada por la Unión Nacional de Trabajadores en contra de la iniciativa
calderonista, en la que participaron además contingentes de estudiantes y movimientos
sociales. Similares expresiones de oposición a ese documento han sido
formuladas por abogados laboralistas, gremios independientes e incluso algunos
liderazgos sindicales corporativos, académicos y organismos internacionales,
por considerar que la citada reforma es incompleta, en el mejor de los
casos, o bien lesiva para los derechos y conquistas históricas de los
trabajadores y contraria a postulados constitucionales tan elementales como el
derecho al trabajo digno y a la libre asociación.
El proceso de discusión legislativa que se desarrolla en
San Lázaro adquiere particular relevancia si se toma en cuenta la orientación
que podría tener un paquete de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo
derivado de negociaciones y componendas entre los partidos Acción Nacional
–tradicionalmente cercano a los intereses patronales– y Revolucionario
Institucional, el cual aglutina a los liderazgos sindicales jurásicos y
antidemocráticos que fueron sostén del viejo sistema autoritario y corporativo
creado por el tricolor y del cual se han servido también las
presidencias del blanquiazul.
Dicha combinación de intereses podría perfilar una
reforma en la que se preserven los postulados de la agenda empresarial
contenidos en la propuesta calderonista –contratación temporal descontrolada,
abaratamiento del despido, legalización deloutsourcing y limitación del
pago de salarios caídos en los conflictos obrero-patronales y del derecho de
huelga, entre otros– y se mantengan intactos los mecanismos que sustentan el control
verticalista, opaco y mafioso del charrismosindical.
Si los componentes de la propuesta calderonista en
materia de transparencia y autonomía sindical resultaban de suyo inverosímiles
a la luz de la política laboral del actual gobierno –caracterizada por el
refrendo de las alianzas con las expresiones más recalcitrantes y
antidemocráticas del sindicalismo charro, y por la persecución a los
gremios independientes–, con la concreción de un dictamen semejante PAN y PRI
se ratificarían, ante la opinión pública, como gestores de un proyecto
contrario a los trabajadores y al mandato constitucional en la materia, y en el
que estarían integrados los aspectos más nocivos del neoliberalismo económico y
del autoritarismo político.
Por lo pronto, esos elementos han despertado el repudio
de un sector amplio del mundo sindical y de la ciudadanía en general, y lucen
sobradas y de peso las razones para ese rechazo.
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