Seguridad y justicia: el síntoma carcelario
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El titular de la Comisión Nacional de los derechos
Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, presentó ayer un alarmante informe
sobre la crisis del sistema carcelario del país: según el documento, elaborado
a partir de visitas a más de cien prisiones y de entrevistas con un número no
determinado de internos, en 60 por ciento de los reclusorios el control está
parcial o totalmente en manos de los reos (autogobierno), y en menos de dos
años medio millar de presos han escapado y han tenido lugar 75 riñas de diversa
magnitud y gravedad. El informe concluye que los centros de reclusión no
cumplen con el principio de readaptación social, que proliferan la corrupción,
la drogadicción y la inseguridad, y que los recluidos se encuentran en graves
condiciones de vulnerabilidad, explotación e indefensión.
El panorama descrito en el documento de la CNDH refiere
un fracaso grave en cuando menos tres aspectos: el de la justicia, el
institucional y el policial y de seguridad. En el primero es claro que la
rehabilitación de los delincuentes, que ha sido el principio rector del sistema
penal mexicano, es letra muerta y que ni siquiera la lógica punitiva resulta
practicable, habida cuenta de que la mayor parte de las cárceles no se
encuentran bajo el imperio de la ley, sino bajo la ley del más fuerte.
Por otra parte, la pérdida de control de los penales por
las autoridades –es decir, allí donde la autoridad tendría que tener el mando
total– confirma la extensión y la profundidad de la descomposición
institucional generada en el contexto de la guerra contra la criminalidad
organizada que emprendió la actual administración desde sus inicios.
En tercer lugar, los logros pregonados por los distintos
niveles de gobierno en lo referente a detenciones de presuntos delincuentes
resultan insostenibles si se cotejan con la pequeña proporción de esas capturas
que culminan con la presentación de los detenidos ante los jueces
correspondientes, con el aún más pequeño número de presentados que reciben
sentencia condenatoria y, para rematar, con el hecho de que muchos de los
presos convictos o en proceso se fugan de las prisiones.
El gobierno federal ha buscado descargar la
responsabilidad por las fugas, los motines y las riñas afirmando que tales
fenómenos ocurren mayoritaria o totalmente en reclusorios a cargo de gobiernos
estatales. Tal argumento pone en evidencia la improvisación y la falta de
coordinación con que se ha venido actuando a lo largo del sexenio, pues es
claro que la ofensiva policiaco-militar lanzada por la administración
calderonista habría requerido, como condición previa, de un pleno control de
las cárceles y de una comunicación y cooperación fluida entre las tres
instancias de gobierno.
En suma, el estudio presentado ayer por la CNDH arroja
luz sobre el fracaso de la estrategia oficial aún en curso en materia de
seguridad pública y combate a la delincuencia, y evidencia la necesidad de concebir
y aplicar nuevos lineamientos y lógicas distintas en esas tareas irrenunciables
del Estado. Desde luego, la política penitenciaria es uno de los aspectos que
deben ser reformulados de raíz.
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