Los Zetas: El nuevo cuarto poder (*)

EDUARDO GUERRERO GUTIÉRREZ

En julio aumentaron los ataques a instalaciones de medios de comunicación en Monterrey. El diario El Norte fue objeto de tres ataques y otra víctima fue Dipsa (la empresa que distribuye, entre otras, la revista Proceso). Estos eventos ocurren en un contexto de agresiones contra los principales medios impresos del noreste del país: El Norte ya había sido blanco de agresiones en por lo menos tres ocasiones desde 2010; El Mañana de Nuevo Laredo ha sido atacado en dos ocasiones durante este año, y en noviembre de 2011 la fachada de El Siglo de Torreón fue rafagueada e incendiada la de El Buen Tono, en Veracruz. Otro dato relevante: de las 12 ejecuciones de periodistas que se registraron durante el último año, ocho fueron en Veracruz. Un rasgo común de la geografía de esas agresiones es que han ocurrido en lugares donde Los Zetas tienen una presencia preponderante.

¿Por qué Los Zetas habrían de emprender una campaña de agresión sistemática contra los medios de comunicación? Durante el último año Los Zetas han enfrentado una serie de presiones externas. El gobierno federal ha realizado operativos dirigidos a reducir su capacidad operativa, lo que ha propiciado la captura o muerte de al menos 13 de sus líderes. El Cártel de Sinaloa ha capitalizado la vulnerabilidad que generan esos operativos y ha llevado a cabo incursiones con el propósito de extender su presencia a espacios donde operan Los Zetas. Además, el pasado 11 de junio fue aprehendido en Estados Unidos José Treviño Morales, hermano de Miguel Ángel, El Z-40, así como otros miembros de la organización.

Estas presiones han generado tensiones y propiciado una crisis de confianza al interior de la cúpula zeta. Incluso existen rumores sobre su escisión. En esta coyuntura es prioritario para Los Zetas evitar la divulgación de información que tenga uno o más de los siguientes tres efectos: debilite la percepción pública de que son una organización unida y poderosa; exacerbe su reputación de grupo armado proclive a la violencia extrema e indiscriminada (aspecto explotado hábilmente por el Cártel de Sinaloa), o revele los nexos que mantiene con extensas redes de funcionarios gubernamentales para dar vida a redituables giros ilícitos. Sobre este último punto, Los Zetas son particularmente vulnerables a la divulgación de información sobre sus operaciones. A diferencia del Cártel de Sinaloa –que se enfoca en mayor medida al tráfico trasnacional de drogas–, Los Zetas obtienen una parte sustancial de sus rentas de delitos en el ámbito doméstico, como la extorsión, el secuestro y el robo de combustible, actividades que requieren en mayor medida la colusión de autoridades y de otros actores en sectores formales de la economía.

De aquí que las recientes agresiones en contra de El Norte y del distribuidor de Proceso en Monterrey formen parte de una estrategia para evitar que se difunda información contraria a los intereses de la organización. Los diarios de Grupo Reforma fueron los únicos en difundir la traducción de una nota que publicó el 13 de junio The New York Times, en la que se revelaban detalles sobre la extensa red de lavado de dinero que uno de sus líderes operaba en Estados Unidos. El Norte también reveló el 9 de julio pasado la existencia de una red de tráfico de placas vehiculares en Nuevo León (que presumiblemente generaba ganancias sustanciales a Los Zetas), y este mismo diario publica cotidianamente información puntual sobre incidencia delictiva y violencia en Monterrey. Por su parte, Proceso publicó el 19 de julio un artículo extenso sobre la presunta división de Los Zetas que reproduce las principales acusaciones de traición contra uno de sus líderes principales. Además, el semanario publicó en mayo y junio una edición especial en dos volúmenes que reúne 44 artículos de fondo sobre Los Zetas.

En suma, mediante sus acciones violentas e intimidatorias, Los Zetas son (o están por convertirse en) el nuevo cuarto poder en varios estados del país.

* El autor es experto en temas de seguridad,transparencia, acceso a la información y profesionalización del servicio público. Publicado originalmente en el diario Reforma el viernes 3 de agosto.