Carestía de huevo y medidas improcedentes
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Ante la persistencia en los altos costos del huevo –cuyo
precio en el país se ha incrementado hasta en ciento por ciento en algunos
lugares–, y a la perspectiva de que ese fenómeno se traduzca en una nueva
espiral inflacionaria –como reconoció el Banco de México–, el titular de la
Secretaría de Economía (SE), Bruno Ferrari, advirtió ayer que el gobierno
federal está dispuesto a liberalizar las importaciones de ese producto, pues no
podemos permitir que por unos cuantos haya 115 millones de mexicanos que estén
pagando huevo a esos precios.
Frente a las afectaciones que estos incrementos generan
en los bolsillos de las familias y en la macroeconomía, el gobierno federal
tiene la responsabilidad de adoptar las medidas pertinentes para disminuir el
costo de dicho alimento y garantizar, de esa manera, su abasto. No obstante, un
aumento en las importaciones de huevo, como el planteado por Bruno Ferrari,
distaría mucho de representar una solución efectiva: antes bien terminaría por
favorecer a los exportadores extranjeros y a las empresas importadoras, así
como a los grandes distribuidores e intermediarios privados, no al conjunto de
la población.
En los años recientes, sobre todo a raíz de la entrada en
vigor del capítulo agrícola del Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
han quedado demostradas las advertencias formuladas en su momento por los
críticos de ese acuerdo de intercambio económico trilateral: las importaciones
baratas y desmedidas de productos alimentarios, si bien tienden a frenar los
precios a corto plazo, resultan desastrosas a la larga, pues se traducen en
pérdida de soberanía alimentaria y desequilibrios en las balanzas comerciales;
conllevan la destrucción y el abandono de los entornos rurales del país;
extienden la pobreza entre los pequeños campesinos y productores, y colocan las
necesidades de consumo de la población a merced de las fluctuaciones de los
precios internacionales.
Para colmo, en este caso la apertura indiscriminada de
las fronteras al huevo foráneo no atacaría las causas originarias de la actual
escalada en los precios de ese producto: en efecto, como han reconocido por
separado la Unión Nacional de Avicultores y la propia SE, el presente encarecimiento
no se debe a un déficit en la oferta, sino a presiones especulativas originadas
en las cadenas de distribución. En tal circunstancia, el incremento en las
importaciones del huevo propicia que, lejos de reducir los precios, éstos sean
controlados más temprano que tarde no sólo por los especuladores nacionales,
sino también por los extranjeros.
En lugar de presentar como soluciones las mismas medidas
que han llevado al país a la pronunciada pérdida de autosuficiencia alimentaria
que hoy padece, lo procedente y necesario sería ensayar un viraje en las
políticas vigentes en ese ámbito, y en general en las directrices económicas
actuales –diseñadas por gobiernos extranjeros y organismos financieros
internacionales–, a fin de que el Estado pueda reinsertarse en los eslabones
fundamentales de la cadena de producción alimentaria –empezando por el apoyo a
los pequeños productores agrícolas–, restañar su capacidad de fijar precios de
garantía y robustecer las cadenas de abasto popular. Dejar a su suerte las necesidades
alimentarias de la población en aras de un fundamentalismo de libre mercado,
acaba siendo mucho más costoso, sobre todo en países pobres como el nuestro, no
solamente en términos económicos, sino también en cuanto a gobernabilidad,
estabilidad política y paz social.
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