Casa de citas
Por: Redacción de:
www.sinembargo.mx
El viernes 26 de julio de 2008, antes de las elecciones intermedias de 2009, el entonces presidente nacional del PAN, Germán Martínez Cázares, lanzó su famosa frase: “¡Ya estamos guanajuatizando a México!”. Lo dijo para alabar al gobernador de la entidad, Juan Manuel Oliva, pues prácticamente horas antes de que Martínez Cázares, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón Hinojosa, visitara esa entidad el gobierno había acabado con 12 supuestos delincuentes, que quedaron tendidos tras un enfrentamiento con las autoridades. “El gobernador Oliva no se esperó a que nadie le viniera hacer la tarea, como el de Michoacán o como el de Nuevo León”, insistió en un acto público en el que destacó la “valentía” del mandatario panista en la guerra contra los narcos, contra la lentitud de los mandatarios del PRD y del PRI. “Guanajuatizar México” era la apuesta del PAN de Martínez y, por ende, de su amigo el Presidente. También se convirtió en una preocupación nacional, por todo lo que implicaba esa amenaza. Cuatro años después de aquella frase, los propios guanajuatenses le han dado la espalda al grupo más radical del PAN y han destruido su sueño de “guanajuatizar” a México.
Si bien el 1 de julio pasado, en una parejera contra el PRI, Acción Nacional ganó la gubernatura de esa entidad también perdió –entre otros muchos municipios– el poderoso corredor industrial compuesto por Silao, San Francisco del Rincón y, en particular, León, donde el blanquiazul gobernó por 23 años. El revés ciudadano queda claro si se analizan las acciones represoras y en contra de los derechos humanos que se han dado en esa entidad en los últimos seis años. El Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) calificó al gobierno estatal que está por terminar como “el más criminalizador contra los derechos humanos y reproductivos de las mujeres”. Desde el 17 de agosto de 2009, las mujeres que abortan en Guanajuato son acusadas de “homicidio en razón de parentesco” y reciben sentencias hasta de 35 años de cárcel, pese a que el Código Penal estatal sanciona la interrupción del embarazo hasta con tres años de prisión. Además, de acuerdo con información del diario a.m., el índice de asesinatos de mujeres en Guanajuato se triplicaron en seis años. En 2006 ocurrían en promedio 1.6 homicidios de mujeres cada mes, mientras que en 2012 han ocurrido en promedio 5.1 mensualmente. De 2006 a 2012 se han registrado 254 asesinatos de mujeres, según un informe estadístico de la Procuraduría estatal; sin embargo, esa dependencia sólo reconoce un feminicidio en el actual sexenio. El índice de violaciones también se ha disparado. Un informe de la Procuraduría de Justicia reporta que en 2006 se denunciaron 15 violaciones sólo en León, mientras que al cierre de 2011 el Ministerio Público tomó conocimiento de 95 casos. Pero, además, los gobiernos panistas de la entidad se dieron a la tarea de reducir las libertades sociales con decisiones bizarras. En enero de 2009, el Ayuntamiento de la ciudad de Guanajuato aprobó un bando de Policía y Buen Gobierno para sancionar hasta con prisión a las parejas que se besaran en la vía pública. La aprobación del reglamento fue justificada por el alcalde panista Eduardo Romero Hicks, quien dijo que se trataba de crear una política que motivara las buenas costumbres. Por supuesto, la mayoría panista del Cabildo aprobó la medida. Sin embargo, las protestas populares y las críticas a nivel nacional obligaron a Romero Hicks a “congelar” la medida, que al final quedó sólo en ocurrencia. Lo que no fue ocurrencia fue lo que pasó el 2 de agosto pasado en León, cuyo presidente municipal panista, Ricardo Sheffield, se ha caracterizado por la toma de decisiones arbitrarias. El profesor Manuel Berumen fue detenido, llevado ante un juez y obligado a permanecer por 12 horas en la cárcel, luego de que una mujer lo denunciara ante la policía de la Plaza Expiatorio por besar a su esposa en público. La presión de los medios y de las redes sociales (que convocaron a decenas de parejas para besarse en público frente al Expiatorio, como protesta contra lo que consideraron fue una detención arbitraria) obligaron al vapuleado Sheffield a ofrecer una disculpa pública a Berumen. Y ayer, otra pareja denunció a policías preventivos de León por cometer abuso de autoridad al golpearlos y detenerlos sin delito que perseguir. Los hechos se registraron el 29 de julio pasado. Adrián González Castillo y su esposa Ana Cristina Torres Rocha denunciaron ante la autoridad, la prensa y la Comisión de Derechos Humanos de la entidad a elementos policiacos por daños físicos, en su auto e invasión a propiedad privada. Después de su detención, los uniformados trasladaron a la pareja de esposos hasta un baldío para golpearlos, los revolcaron en el lodo y los amenazaron de muerte. Por si fuera poco, el juez calificador acusó a la pareja de daño físico a los patrulleros, por un supuesto rasguño en la mano de un oficial y unos lentes rotos. Se les fijó sentencia, por lo que no pudieron salir bajo fianza y permanecieron en los separos desde las 0:00 hasta las 19:00 horas del lunes 30 de julio. Todo esto explica el fracaso del PAN en Guanajuato y evidencia también que la caída del grupo radical que lo ha dirigido a nivel nacional en los últimos seis años no es gratuita.
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