Ricardo Monreal Avila : Gracias Banco de Mésico

Gracias Banco de Mésico

Ricardo Monreal Avila

El pasado jueves 2 de agosto hicimos públicos diversos documentos que presumían un clásico mecanismo de triangulación financiera entre cuentas del gobierno del Estado de México, un particular y la coordinación de la campaña presidencial del PRI. El centro de estas operaciones era la cuenta 03800806935 de Scotiabank, que en un lapso de dos meses había mostrado tres titulares diferentes: Gobierno del Estado de México, Luis Videgaray y Marco Antonio González Pack.
Después de que esta cuenta había reportado saldos estables de 153 mil pesos mensuales en promedio, a partir de febrero del 2012 (en plena precampaña electoral) comenzó a registrar saldos de hasta 250 millones de pesos que, a su vez, se enviaban a una cuenta en Bancomer del gobierno mexiquense el mismo día que eran recibidos. Entre febrero y junio del presente año, por la cuenta de Scotiabank pasaron más de 8 mil millones de pesos.
La respuesta a esta denuncia siguió el mismo patrón que en los casos de Monex y Soriana: primero se negó la existencia de la cuenta, después se dijo que los documentos presentados por la Coalición Movimiento Progresista eran apócrifos, posteriormente se profirieron epítetos y descalificaciones contra los denunciantes (que se tradujeron en una denuncia penal y en una demanda civil contra el suscrito), para finalmente terminar reconociendo que las tarjetas de prepago de Monex sí existieron, que los monederos electrónicos de Soriana sí se repartieron por millares y, ahora, gracias al comunicado de Banxico del pasado domingo, que sí hubo una transferencia de 50 millones de pesos de la cuenta Bancomer del gobierno del Estado de México a la cuenta Scotiabank a nombre del particular Marco Antonio González Pack, producto de “información inconsistente, que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco receptor”.
Emplazado públicamente el sábado pasado a que respondiera por las evidentes alteraciones en los nombres de los beneficiarios de las transferencias millonarias de una misma cuenta bancaria, el Banco Central respondió el pasado domingo con un comunicado que en su parte medular señala: “el Instituto Central no tiene responsabilidad alguna respecto de los datos contenidos en los comprobantes, dado que la veracidad y exactitud de la información sólo pueden ser comprobadas por el banco receptor de los recursos. Cualquier modificación en los comprobantes sólo puede hacerse mediante instrucción directa del banco receptor. En el caso ventilado recientemente ante los medios de comunicación el Banco de México recibió instrucciones explícitas del banco receptor de los recursos para corregir información inconsistente, que provenía de una deficiencia en el sistema del propio banco receptor” (el subrayado es de la propia institución).
Al día siguiente, el “banco receptor”, Scotiabank, emitió a su vez un comunicado de dos párrafos validando que fueron ellos quienes solicitaron “el día 13 de agosto del 2012… corregir la información del comprobante electrónico de pago del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de la transferencia antes mencionada para reflejar al beneficiario de la transacción de manera correcta”; es decir, para eliminar del SPEI del 19 de junio pasado a “Marco Antonio González Pack” y poner en su lugar “Gobierno del Estado de México”.
¿Qué significa esto? 1) Los SPEI que exhibimos hace casi un mes como prueba de una triangulación financiera y con base en los cuales presentamos las denuncias correspondientes ante el IFE, TEPJF y SIEDO, no son apócrifos o falsos; sí existen y son oficiales. 2) Que una vez denunciada la transferencia por 50 millones de pesos de una cuenta de Bancomer del gobierno mexiquense a la cuenta de Scotiabank a nombre de “González Pack”, el banco procedió a solicitar a Banxico la corrección del nombre (es decir, se dieron cuenta de un error de 50 millones de pesos, ¡55 días después!). 3) Lo más importante: ¿qué pasó con los fondos del gobierno mexiquense transferidos “erróneamente”? Estamos en posibilidades de informar que fueron debidamente gastados, en tiempo y forma, en un objeto de inversión muy distinto al que compete a un gobierno estatal. Aquí no hubo error ni dilación alguna.
González Pack no es cualquier “inconsistencia” o “deficiencia del banco receptor”. Estudiante de 25 años, laboró como gerente de ventas de la empresa Industrias Gil & Eagle, asentada en Chihuahua, hasta hace un año. La empresa se dedica a “producir plataformas, cajas secas y refrigeradas, desde un mini truck hasta un semi remolque para un tractocamión”, según se lee en su página de internet. Casualmente también fabrican los “publimóvil” o plataformas para pasear espectaculares móviles como los que se vieron en varias ciudades del país con la imagen y publicidad de Peña Nieto, los cuales por cierto, al igual que las vallas, no son gastos reportables ante el IFE.
El propietario de Gil & Eagle es Alberto de la Peña Grajeda, quien junto con su hermano, Santiago de la Peña Grajeda, integraron el año pasado la Fundación Isidro Fabela en el estado de Chihuahua. El jueves 25 de agosto del 2011, Arturo Peña del Mazo, presidente nacional de la Fundación, le tomó la protesta a Santiago como representante estatal de la asociación. Peña del Mazo, según consignaron algunos diarios locales, además de ser “el iniciador en la política de su sobrino Enrique Peña Nieto, al darle su primer cargo político como secretario de acuerdos cuando fue alcalde de Atlacomulco, en 1982”, estuvo en Chihuahua “para extender redes políticas e iniciar la precampaña de Enrique Peña Nieto a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional en un primer paso a la búsqueda de la silla presidencial. César Duarte, gobernador chihuahuense, dio testimonio del acto” (Semanario del Meridiano 107).
Gracias a Banxico hoy sabemos que los comprobantes millonarios de transferencias que supuestamente no existían, son reales; que las alteraciones denunciadas como apócrifas, en realidad son correcciones ordenadas por Scotiabank; y, sobre todo, gracias por evidenciar de manera involuntaria el procedimiento expost y adhoc que está en marcha para tratar de borrar lo indeleble: las huellas del dinero ilícito e ilegal con el que se pervirtió la elección para intentar comprar la Presidencia de México.

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Twitter: @ricardomonreala