Indeseable confrontación institucional
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El pasado domingo, el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Juan Silva
Meza, afirmó que el Poder Judicial no vacilará en defender a cualquiera de sus
integrantes que sea indebidamente perseguido o presionado, y dijo
quedenunciaremos y combatiremos por la vía de la razón y del derecho cualquier
pretensión que intente vulnerar la independencia y la autonomía de los
juzgadores de la Federación, sobre todo cuando se haga sin base ni sustento.
El correlato de las declaraciones del ministro es la
pretensión de la Procuraduría General de la República (PGR) de sancionar a dos
jueces federales –Martín Santos Pérez y Osvaldo López García–, quienes se
negaron a emitir órdenes de cateo a propiedades del también juzgador Efraín
Cázares López, investigado por el CJF y por el Ministerio Público por supuesta
obstrucción de la justicia al conceder sentencias absolutorias o amparos a los
funcionarios implicados en el episodio conocido como elmichoacanazo (la
detención, en mayo de 2009, de una treintena de autoridades municipales y
representantes electos en Michoacán, los cuales se encuentran hoy en libertad).
Apenas el pasado viernes un juzgado federal negó una orden de aprehensión en
contra de Santos Pérez y López García, que había sido solicitada por la PGR, en
lo que ha sido interpretado como un intento de intimidar a los juzgadores por
el solo hecho de no actuar a favor de los intereses de la dependencia.
Aunque la titular de la PGR, Marisela Morales, negó ayer
que exista persecución de ningún tipo contra juzgador alguno, el caso es
que esa dependencia ha ocasionado, con su actuación, un nuevo choque
declarativo entre los poderes Ejecutivo y Judicial; ha dado sustancia a las
sospechas de que el primero busca transgredir la autonomía constitucional del
segundo, y ha puesto en entredicho, así, la pretendida normalidad institucional
que se pregona desde el discurso oficial. No debe soslayarse que este intercambio
forma parte de las secuelas de un episodio –elmichoacanazo– en el cual el
Ministerio Público se distinguió por su desempeño errático y faccioso, y en el
que actuó sin otra motivación visible que el golpeteo político a los partidos
opositores.
Más allá de lo anterior, la reciente pugna entre el Poder
Judicial y la PGR afecta la credibilidad y la autoridad de las instituciones en
su conjunto, abona a una desconfianza indeseable entre éstas y representa un
grave riesgo para la población en general. En una circunstancia nacional
caracterizada por el embate de la violencia y de la criminalidad, que afecta
fundamentalmente a la población inerme y en el que se requiere que las
autoridades actúen en consonancia para salvaguardar el estado de derecho y
proteger las garantías individuales, la confrontación referida abona, en
cambio, a la descomposición y la inoperancia –de por sí grave– de la
procuración y la impartición de justicia en el país.
Para colmo, este deterioro coincide con otro no menos
alarmante que se registra en las corporaciones empleadas por el Ejecutivo en su
fallida cruzada sexenal contra la delincuencia organizada, y que quedó en
evidencia con el ataque de elementos de la Policía Federal en contra de un
vehículo en el que viajaban funcionarios de la embajada estadunidense y un
elemento de la Marina, el pasado viernes.
En tal panorama, los encontronazos declarativos entre
autoridades y representantes de los poderes de la Unión –independientemente de
si la razón le asiste a alguno de los involucrados, o a ninguno– debilitan aún
más al poder público en el país, alimentan la percepción de un desmoronamiento
institucional de gran calado y multiplican el sentimiento de total orfandad en
que se encuentra la población.
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