Bloqueos, violencia y economía descontrolada
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El pasado fin de semana Jalisco se vio afectado por
decenas de bloqueos viales con incendios de vehículos realizados en forma
violenta por organizaciones delictivas que operan en la entidad, mientras en
otros puntos del territorio nacional las confrontaciones armadas cobraron su
cuota habitual de docenas de muertes. Tales hechos obligan a recordar que, ante
la manifiesta incapacidad de las fuerzas del orden de los tres niveles, el
estado de derecho se ve reducido a ficción y a buenos propósitos y que, a
contrapelo del discurso oficial, y pese a los incesantes operativos y
desplazamientos de efectivos policiales y militares, importantes sectores de la
población están a merced de las acciones de los grupos criminales y que éstos
ejercen, en el estado occidental y en otras zonas, un alarmante poder de
facto.
Por más que el proceso electoral de este año –que aún no
culmina formalmente– y el surgimiento de movimientos sociales contestatarios
atraigan el interés de la opinión pública y resten atención a las
confrontaciones violentas que tienen lugar en el país, la descomposición
institucional –como la que se puso en evidencia en el incidente ocurrido hace
unos días en Tres Marías, donde efectivos de la Policía Federal balearon e
hirieron a elementos de la Marina y a entrenadores estadunidenses– y el
creciente poderío del crimen organizado ponen un acento de irrealidad a los
sucesos que tienen lugar en el ámbito de la formalidad política. El hecho es
que la actual administración entregará a su sucesora un país parcialmente
destruido, carcomido por la inoperancia de las instituciones, gravemente
lesionado en su tejido social y abandonado en lo económico a las expresiones
más brutales y descarnadas del libre mercado.
Dos de ellas pueden verse en los procesos especulativos
desatados en torno al huevo, que han dado por resultado el encarecimiento
intolerable de ese producto de consumo básico en el mercado y en la salida
masiva de capitales del país en meses recientes, explicable, aunque no
justificable, por el clima de incertidumbre que el propio poder público ha
generado con sus acciones equívocas y sus omisiones, tanto en el ámbito
político como en el económico.
Después de casi seis años de una violencia inducida –en
forma involuntaria o deliberada– por la equívoca estrategia oficial de
seguridad pública y combate a la delincuencia, tras la continuada aplicación de
un modelo económico devastador, concentrador de la riqueza y multiplicador de la
pobreza, y con márgenes de acción gubernamental estrechados por la entrega de
potestades soberanas del país a factores extranjeros y a los grupos fácticos
empresariales, es claro que el país requiere un proceso de reconstrucción
nacional y que éste, a su vez, tendría que concitar el respaldo y la
participación de todas las fuerzas políticas y sociales de la nación.
Por desgracia, tal participación no parece posible, al
menos en lo inmediato, debido a la fractura política provocada, o renovada, por
un proceso de relevo de autoridades que no cumplió con su propósito inherente,
que era precisamente legitimar un proyecto nacional, fuera el que fuera, en
comicios libres y transparentes.
Por lo que hace a la seguridad, es indudable la urgencia
de un golpe de timón. No parece haber, sin embargo, las condiciones necesarias
para que pueda diseñarse una estrategia alternativa capaz de recuperar la paz
pública, someter a los grupos delictivos, remontar la descomposición de las
instituciones y restablecer el estado de derecho en la totalidad del
territorio. Cabe preguntarse, por lo demás, cómo aplicar en las actuales
circunstancias el principio democrático de rendición de cuentas que debería
ofrecer la administración saliente por este desastroso panorama.
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