Gloria Leticia Díaz
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Asesinatos, hostigamiento a familias enteras, falsas acusaciones, golpes y torturas son cosa de todos los días para los habitantes de San Felipe, puerto de Baja California que padece a los soldados de la II Región Militar. En menos de un año los uniformados han ejecutado extrajudicialmente a dos vecinos sin que hasta la fecha se les haya castigado. Ante los fallos de la Suprema Corte de Justicia, en abono del acotamiento al fuero militar, Proceso inicia con este reportaje una serie de trabajos testimoniales sobre la brutalidad que ejercen miembros del Ejército mexicano al amparo de la guerra declarada por Felipe Calderón contra el narcotráfico.
SAN FELIPE, BC (Proceso).- Enclave en el trasiego de drogas a Estados Unidos, este pequeño puerto de alrededor de 17 mil habitantes ha sido escenario de numerosos agravios de militares contra civiles.
En el municipio de Mexicali y a orillas del Mar de Cortés, a 200 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, San Felipe es un pueblo de pescadores al que suelen llegar desde Sinaloa lanchas con cargamentos de enervantes. Desde que el Ejército fue metido en la guerra contra el narcotráfico, elementos de la II Región Militar resguardan la zona. Su presencia se percibe en este pequeño puerto desde que se cruza el retén construido como caseta de cobro en la carretera Mexicali-San Felipe.
Los militares, sin identificación a la vista, revisan minuciosamente todos los vehículos. No hay criterios ni protocolos claros en la revisión: pueden tardar 10 minutos o hasta hora y media en hacerlo; o más si alguien protesta, cuentan quienes frecuentan el tramo carretero.
–¿Cuál es el motivo de la revisión? –pregunta Raúl Ramírez Baena, director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH) al soldado que le ordena apagar el motor, y a él y a la reportera que bajen del vehículo.
–Es una revisión de rutina con motivo de la Ley de Armas y Explosivos– responde el uniformado con el fusil al hombro.
–Los retenes son inconstitucionales y una ley secundaria no puede estar por encima de la Constitución– revira Ramírez Baena.
–Es una orden del presidente de la República –insiste el soldado.
–El presidente no puede estar por encima de la Constitución –le recuerda el defensor.
–Es una orden del presidente y nosotros sólo obedecemos –alega el militar, que no proporciona su nombre “por seguridad” y está determinado a no dejar pasar al defensor y a la periodista sin revisar palmo a palmo el vehículo en el que viajan.
Al salir del puerto la revisión se repite en tanto que otro militar –quien tampoco muestra nombre ni rango en el uniforme– anota las placas del automóvil y le exige a Ramírez Baena que diga su nombre, a lo que éste se niega.
En la indefensión
El de San Felipe es uno de los 42 puestos de control que tiene el Ejército en la II Región Militar, que comprende Baja California, Baja California Sur y Sonora y que comanda el general de división Alfonso Duarte Múgica, ascendido por Felipe Calderón el 19 de febrero de este año, pese a que contra él hay decenas de denuncias penales por torturas cometidas en instalaciones a su cargo (Proceso 1847).
Extitular de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California (PDH), Ramírez Baena dice a este semanario que “las violaciones a los derechos humanos derivadas de la militarización –la otra cara de la guerra contra el narcotráfico– empezaron en forma alarmante en 2009 en Tijuana; a partir del segundo semestre de 2010 y más en 2011 los abusos se desplazaron a Mexicali, Tecate, Ensenada e hicieron crisis en San Felipe”.
De esta situación tienen conocimiento la PDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como organizaciones civiles nacionales e internacionales.
“Pero el Ejército, y en particular Duarte, que tiene el control de la seguridad pública de los tres estados de la II Región, es bien visto mediáticamente; recientemente el general dio un informe de aseguramientos importantes en Baja California a partir de 2007: 72 mil millones de pesos, más de dos millones de kilos de mariguana, casi siete mil kilos de cristal, 500 mil kilos de heroína; pero sin el compromiso de respetar los derechos humanos”, afirma Ramírez Baena.
En mayo pasado, recuerda, “de las 40 aplicaciones del Protocolo de Estambul (procedimiento para determinar tortura física y psicológica) que hizo la CNDH en todo el país, 20 fueron en Baja California”.
Los bajacalifornianos están indefensos, sostiene Ramírez Baena, quien ha confirmado que “si el C-4 –que atiende llamadas de emergencia– recibe una denuncia por un allanamiento o por un cateo ilegal, por una detención arbitraria en la que esté involucrada el Ejército o exista haya presencia de vehículos militares u hombres encapuchados vestidos de negro, tiene instrucciones de no intervenir”.
El tema de los derechos humanos no le preocupa a Duarte. El 27 de julio los medios locales reportaron que al salir de la reunión del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Mexicali, el general dio respuesta a las cifras presentadas por la delegada de la CNDH en Tijuana, Gabriela Navarro, quien dos días antes había informado que en 2011 su oficina tuvo 117 quejas contra elementos castrenses y en los primeros siete meses de 2012 llevaba 103.
“Son ínfimas las quejas que se tienen en comparación con la cantidad de operaciones, que son millones en estos cinco años, frente a 656 quejas de derechos humanos y seis recomendaciones (de la CNDH)”, declaró Duarte.
Los pobladores de San Felipe se ven tensos. Las secuelas de la militarización traducidas en historias de abusos, tortura y muerte, se cuentan en voz baja. En la conferencia del 27 de julio con medios locales, Duarte dijo que hay 36 quejas en la CNDH contra sus soldados destacamentados en este puerto; muchas de ellas están relacionadas con detenciones por supuesta posesión de droga.
Las víctimas de abusos confían a la reportera que algunos adictos trabajan para los militares a cambio de dosis o dinero: señalan domicilios donde presuntamente venden enervantes. A ellos se les atribuyen las “llamadas anónimas” que llevan a la tropa a catear casas ilegalmente.
Personas que han sido torturadas en el cuartel para que se acusen de vender drogas aseguran que mandos castrenses les ofrecieron protección si aceptan trabajar para ellos.
“Si trabajas conmigo y vendes mi droga, nada te va a faltar; vas a tener carro, dinero y quitas del camino a quien quieras”, narra una fuente con base en lo que le dijo un teniente. Esta persona, que pidió el anonimato, fue detenida en su domicilio y entregada al Ministerio Público federal “cargada” de cristal, pero fue puesta en libertad al comprobarse su inocencia.
Ramírez Baena apunta: “El Poder Judicial de la Federación ya advirtió el juego del Ejército y desde 2011 las personas acusadas ilegalmente y torturadas son liberadas después de estar en prisión unos tres meses. Lo inconcebible es que el Ministerio Público federal, que conoce esta situación, consigne a las personas inocentes”.
(Extracto del reportaje que se publica esta semana en la revista Proceso 1869, ya en circulación)
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