Julio Hernández López
Astillero
Convalidación anunciada
Escenografía delatora
Izquierda: dos rumbos
Protestas en curso
Tal como era ampliamente sabido y esperado, el tribunal
electoral federal cumplió ayer con la parte final del proceso de imposición de
Enrique Peña Nieto como nuevo ocupante de la casa comercial denominada Los
Pinos. Los magistrados responsables de validar los tratos mercantiles
desatendieron peligrosamente todos los indicios y pruebas aportadas por el
candidato quejoso y se atrincheraron en la legalidad manipulada, desde la cual
trazaron el camino libre para el retorno al poder del peor priísmo, abriendo puertas
a la inconformidad ciudadana proveniente de dos campos: el de la oposición
netamente electoral a los resultados fraudulentos y el del hartazgo largamente
acumulado a causa de la corrupción, la ineficacia y la frivolidad de dos
administraciones sexenales panistas y de las fundadas expectativas de
continuidad agravada que ofrece el peñanietismo por venir.
La cerrazón de los magistrados enriquistas no afecta
solamente a quienes pelearon lealmente dentro del marco democrático estatuido
sino, en general, a los mexicanos todos, incluso a los que desde las filas del
PRI creen haber ganado aun cuando ni siquiera les ha sido posible expresar
legítimamente alguna forma de contento público (pues las múltiples evidencias
de la compra electoral no permiten alborozos) y cuando, finalmente, sufrirán
las mismas consecuencias que el resto de la sociedad en cuanto empiece el cobro
de cuentas económicas y políticas por parte de los jefes de loscárteles de
tres colores que concurrieron a las operaciones de inversión financiera con la
seguridad de que durante el sexenio de Hidalgo podrán recuperarse y obtener
ganancias, obviamente, con dañino cargo al erario.
El tribunal electoral –marcadamente comprometido con los
intereses de las élites, conformado a partir de cuotas grupales y arreglos
mafiosos– dice la última palabra desde una escenografía delatora: todo
rigurosamente protegido por granaderos, vallas, policías y militares de civil
(e incluso la sugerente presencia de civiles no reconocidos por
ninguna corporación oficial, una especie de paramilitares como los que pretende
impulsar el asesor colombiano Naranjo), más la cómplice cobertura afanosa de
los medios de comunicación afines al resultado tan largamente sabido.
Formalmente se cumple el último episodio de la telenovela electoral.
Socialmente inicia un proceso de lucha cuyas consecuencias y desenlace son
imprevisibles.
Desde una óptica tradicional están cubiertos los flancos
peligrosos para el sistema político: llegado el plazo convenido, la izquierda
electoral se vuelve a separar. De un lado, los ganadores formales
(gobernadores, diputados, senadores, con Marcelo Ebrard, Manuel Camacho, los Chuchos y
Amalia García como dirigentes; con la fracción bejaranista navegando con la
manejable bandera de un lopezobradorismo canjeable, y con el cardenismo
familiar buscando acomodo, si fuera en Pemex, mejor). Del otro, el candidato
presidencial dos veces desplazado, quien está en condiciones personales de
mayor desventaja para la resistencia frente al segundo fraude electoral en su contra:
sin el PRD al que acabó fortaleciendo (y en especial a Los Chuchos); con
el ansioso relevo colocado ya en la pista de arranque (Marcelo Ebrard que sueña
con unificar a una izquierda moderna) y con un desgaste que no puede ser
negado ni en los segmentos más duros de su base.
Y sin embargo, más allá de las características
específicas del candidato, los partidos y las estrategias de ese polo
izquierdista nuevamente golpeado en lo electoral, hay una extendida
inconformidad por la manera como se dilucidó esta lucha pacífica por el poder
público. No es que se defienda necesariamente a Andrés Manuel López Obrador.
Es, más en concreto, que se reivindica el derecho de la sociedad a elegir sin
que el peso del sistema aplaste las posibilidades de una alternancia desde la
izquierda. Y, todavía con más precisión, que los antecedentes del peñanietismo
apuntan con gran certeza a que un sexenio dominado por los factores de poder
que compraron la versión 2012-2018 de la Presidencia de la República serán
terriblemente dañinos para la nación y que los arreglos políticos entre ese
priísmo regresivo y el calderonismo cínico auguran peores tiempos para los
mexicanos.
Las primeras expresiones públicas de inconformidad se
produjeron ayer mismo y continuarán hoy, ante la expectativa de que la sesión
del tribunal electoral para convalidar a Peña Nieto se extienda hasta este
viernes. En delante, el punto de litigio ya no será electoral, sino social y
político. El propio AMLO habría cumplido su compromiso de respetar el pacto
de civilidad al que lo condicionaron empresarios y televisoras. Ya no
habrá más zanahoria electoral, sino una protesta popular a la que
concienzudamente han tratado de desacreditar los voceros de la normalidad
democrática, los periodistas, comentaristas e intelectuales que convocan a la unidady
el trabajo para dar paso a la imposición en curso.
Por su parte, Peña Nieto y sus duros aliados están
dispuestos a demostrar su vocación represiva tan ostentada en San Salvador
Atenco y tan orgullosamente reivindicada en la Ibero ante
estudiantes. Calderón está plenamente dispuesto a ofrendar al sucesor cuanta
ocurrencia represiva le sea planteada, así como ha decidido facilitar las cosas
a los encopetados en materia de banda ancha y telecomunicaciones. Y, aun cuando
le faltan largos y difíciles meses para rendir protesta, el ex gobernador del
estado de México ha hecho saber que no le temblará la mano a la hora
de aplicar la ley.
Y, mientras Josefina Vázquez Mota regresa a México, luego
de mes y medio de vacaciones, cargada y recargada, ya con presidente
electo, habiendo abandonado a su equipo personal de campaña, que fue desplazado
por el calderonista sobre todo en el Senado, lista para restaurar su sonrisa
vacía y sostener palabrería hueca, ¡feliz fin de semana, con Calderón
anunciando una variante de última hora a la ley de víctimas que prometió a
Javier Sicilia y luego incumplió!
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