La élite del dinero, en el escenario poselectoral
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
En un desplegado difundido ayer, el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios (CMHN) –que agrupa a los propietarios de las empresas más
poderosas del país– afirma que ya son dos las elecciones presidenciales en
las que los partidos que representan a las izquierdas alegan fraude porque el
resultado fue contrario a sus intereses, y los acusa de crear un ambiente
de intemperancia y de alentar acciones que afectan al público y a
empresas como Soriana, en alusión a los actos de protesta y a las condenables
agresiones en contra de dicha cadena de supermercados, vinculada con la
presunta compra de votos en favor de la campaña presidencial del candidato
priísta, Enrique Peña Nieto.
Aunque el presidente del CMHN, Claudio X. González,
afirmó ayer que la intención del organismo es defender a la referida compañía,
el pronunciamiento adquiere una significación distinta, en la medida en que se
realiza en medio de un proceso electoral todavía inconcluso y cuando siguen
acumulándose pruebas e indicios de que la pasada elección distó de ser
ejemplar: se presenta ante la opinión pública como una más de las voces que
presionan al Movimiento Progresista y a su candidato, Andrés Manuel López Obrador,
para que desistan de sus reclamos de transparentar los pasados comicios
presidenciales.
Por añadidura, el referido desplegado puede resultar muy
conveniente para los actores políticos que han venido presionando al Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación para que acelere el proceso de
validación de la elección y declarepresidente electo al aspirante priísta
lo antes posible. Dicha circunstancia configura un ambiente poco propicio para
el correcto desempeño del órgano jurisdiccional y pone en entredicho las
aseveraciones de algunos de sus integrantes de que se estudiaráa fondo todas
las pruebas presentadas por la coalición partidista de las izquierdas, y que la
calificación de la elección será transparente y ajena a presiones.
Más allá de las formas, el pronunciamiento del CMHN
reviste aspectos cuestionables en el fondo, pues insinúa que la inconformidad
de López Obrador y su entorno social de apoyo ante los resultados de las
pasadas elecciones equivale acrear un ambiente de intemperancia y a
alterar el estado de derecho, y los responsabiliza, en particular, de la
crispación y la animadversión generadas en torno a Soriana, sin que hayan hasta
el momento pruebas contundentes al respecto.
Al respecto, cabe insistir que el rumbo de acción elegido
hasta ahora por el tabasqueño ha consistido en recurrir y agotar los cauces
institucionales en materia electoral, y que su apego a la legalidad ha sido
reconocida incluso por organismos empresariales de los que no cabe suponer
simpatía alguna por el candidato de las izquierdas, como la Confederación
Patronal de la República Mexicana.
Si el celo por la vigencia del estado de derecho
manifestado por el CMHN en su comunicado es genuino, ese organismo tendría que
ser uno de los principales interesados en demandar que la ley se respete a
plenitud –empezando por los preceptos que demandan la realización elecciones
limpias, libres y competidas– y que se esclarezcan y sancionen adecuadamente
los indicios de prácticas ilícitas en materia electoral. En cambio, con
posturas como la comentada da la impresión de que la élite empresarial del país
reclama una aplicación selectiva y parcial de la ley, en el mejor de los casos,
o de que busca, en el peor, erigirse como actor de inequidad electoral y
distorsión democrática, tal como ocurrió en los comicios de hace seis años.
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