Astillero
Dinero que anula
Injusticia mediática
Tarjetismo amenazante
Pleito ratero contra AMLO
Gravemente tocada no por conducta o hechos
atribuibles a ella, sino a su hermana, acusada de formar parte de una banda de
secuestradores, la polémica empresaria y activista Xóchitl Gálvez ha reiterado
su decisión de no participar más en política. En estricto sentido, la simple
vinculación familiar no debería afectar a quien especial relieve público tuvo durante
el sexenio encabezado por Vicente Fox y que en años recientes ha sido candidata
a cargos de elección popular a nombre del PAN, aunque sin militar formalmente
en este partido.
Sin embargo, entre otras distorsiones de
nuestra vida pública, los ciudadanos con relevancia pública pueden ser lanzados
al torbellino de la injusticia periodística que suele castigar social y
políticamente ciertas relaciones familiares, aunque no haya constancia ni
indicios de corresponsabilidad. Esas formas de linchamiento mediático han sido
especialmente practicadas durante la presente administración federal, que hizo
costumbre el difundir propaganda oficial en medios electrónicos, declarando con
cavernosas voces como culpables absolutos a quienes apenas habían sido
detenidos como presuntos partícipes de actividades de narcotráfico, muchas
veces luego absueltos o sentenciados por faenas infinitamente menores a las
difundidas en el desquiciado reino del espot rojo.
Gálvez (quien buscó el gobierno de su natal
Hidalgo, y cuya salida de escena y tragedia familiar acabarán beneficiando a
los caciques priístas locales, ahora encumbrados en el peñanietismo con Jesús
Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong) dijo ayer que su adiós a la política
se debe a la confirmación práctica de que las contiendas electorales son
marcadamente inequitativas y que el dinero es el principal factor hoy para
ganar una contienda política.
Justamente el tema del dinero y su uso político
y electoral está hoy en el centro de un delicado litigio de pistas múltiples
que por primera vez da cuerpo a la posibilidad de que los resultados oficiales
de una elección presidencial muy amañada (hasta niveles delictivos) entren en
rangos de peligro visible. No es que de pronto los organizadores y los
juzgadores de los comicios sucios hubiesen tenido revelaciones y cambios
súbitos de personalidad. Lo que sucede es que cada día surgen más pruebas del
tejido de una red de financiamiento para operaciones electorales fraudulentas
en favor de Enrique Peña Nieto y esos datos no pueden ser borrados o
jurídicamente desdeñados.
Para efectos jurídicos, el PRI ha ido
desahogando una confesión lenta pero irreversible de hechos presumiblemente
constitutivos de delitos varios, tanto en la manera de conseguir recursos para
la campaña de EPN (muchos de ellos provenientes de tesorerías estatales, como
se ha visto en los contratos con Soriana) como en el fondeo de las tarjetas
Monex con las que se distribuyó dinero a quienes ejecutaron directamente el
fraude extracasillas del primer domingo del mes en curso.
Tales pruebas no constituyen por sí mismas
(la normativa electoral fue diseñada concretamente en 2007 para cerrar el paso
a opciones no aceptadas por la partidocracia constituida por PRI, PAN y
perredismo chucho, más aliados menores) una opción de anulación o invalidez de
los comicios mencionados, salvo que el tribunal electoral decidiera asumir la
tesis de la causalidad abstracta, que privilegia el espíritu general constitucional,
en especial el sentido de equidad en la competencia y de libertad en el
sufragio.
Sin embargo, la acumulación de pruebas de
fraude adquiere una dimensión especial frente a la movilización cívica
creciente contra esos comicios y sus resultados inaceptables. De una negativa
original en absoluto, e incluso una intención de culpar a otros partidos de
presuntas confecciones artificiales, el PRI ha ido aceptando en primer lugar la
existencia de las tarjetas famosas y luego su relación con ellas, a través de
un contratante intermediario, para el pago a operadores electorales pero
adjudicando ese gasto al ejercicio corriente, como actos de capacitación,
porque de otra manera quedaría plenamente demostrado el uso de esos recursos en
tareas plenas de campaña, con el natural rebase de los topes establecidos.
Las indelebles huellas del delito (ironías de
la modernización: los mapaches antiguos manejaban todo en efectivo, sin dejar
constancia alguna de orígenes ni destino) pueden sustanciar la concurrencia ante
instancias internacionales por parte de los afectados si no son desahogadas
adecuadamente por el tribunal electoral federal, y aumentarán el enojo social
ante la imposición pretendida.
Colocados por primera vez ante riesgos
ciertos, los priístas de élite han echado mano a sus fierros. El rijoso Diego
Fernández de Cevallos ha aparecido para instalar niveles discursivos
provocadores, y en el ánimo de personajes importantes del partido de tres
colores crece la convicción de que el curso posterior a las elecciones debe ser
resuelto mediante la aplicación de la fuerza, a través de sus vertientes
institucionales o de la militancia enardecida, deseosa ya de defender
el triunfo de la carta mexiquense que los adversarios repudian mientras la base
social priísta ha sido inmovilizada.
Y, en un lance que paradójicamente debería
abonar en favor de la misma anulación buscada por la izquierda, ese PRI urgido
de pasar a la ofensiva trata de emparejar la situación en cuanto a
financiamientos en entredicho al acusar a Andrés Manuel López Obrador de haber
hecho campaña durante seis años con recursos provenientes de triangulaciones y
asignaciones presupuestales relacionadas con gobiernos perredistas.
Pleito ratero, es la etiqueta popular más
adecuada para el arrebato de los priístas. Denuncias a destiempo que revelan
preocupación en las alturas. Material sembrado para uso mediante pauta
comercial de comentaristas y opinantes. Intento de venganza pecuniaria
despechada: el que a dinero mata, ¿a dinero muere?
Y, mientras la ley de víctimas duerme el
sueño de los jurisconsultos, ¡hasta mañana!
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