¿Elecciones federales o lavadora?
John Saxe-Fernández
Como una de las funciones esenciales de las
instancias encargadas de la calificación de las elecciones es generar
certidumbre y consenso postcomicial, ofreciendo la información de lo ocurrido
para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)
evalúe si se apegaron o no al mandato constitucional y califique su validez o
invalidez, llama la atención que Leonardo Valdés Zurita, presidente del
Instituto Federal Electoral: 1) se sorprendió por la difusión del Informe
Circunstanciado que el IFE presentó al TEPJF ¿por su inadmisible retórica,
parcialidad y asumir un papel que no le corresponde?, y 2) que reaccionara como
incondicional del PRI, primero medio ofendido y luego burlón, ante la solicitud
formal y respetuosa de los integrantes del Movimiento Progresista
–PRD, PT y MC– y del PAN para que se agilicen las indagaciones ante el Iguazú
de dineros que inundó la campaña del PRI, a fin de que sean presentadas antes de
la calificación, y el TEPJF cuente con elementos, ahora esenciales, para dar
curso a su función. Su respuesta de que el IFE no es rehén de nadie y
que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tiene
hasta enero (2013) para resolver sobre el caso, induce lágrimas de risa por su
inmadurez, y de llanto por la frivolidad y laxitud ante un panorama (y
normatividad) nacional e internacional complejo, que además de lo electoral, ya
incluye una institucionalidad penal y de seguridad por el presunto origen ilegal
y uso de las elecciones federales mexicanas para el lavado de narcodólares. De
ahí la importancia de ventilar el involucramiento de la alta narcofinanza en
estos tejes y manejes (HSBC y su sucursal en México, entre otros).
La mencionada petición ante el IFE de fuerzas
políticas que representan dos terceras partes del electorado, obedece a que,
según Jesús Zambrano y Gustavo Madero, presidentes del PRD y del PAN
respectivamente, cada día hay más evidencias, fuertes y contundentes, del
manejo ilegal de recursos a través del Banco Monex durante la campaña del PRI,
por lo que el IFE y la Fepade deben ofrecer al TEPJF los datos sobre abundantes
impugnaciones (que cubren un amplio espectro), con énfasis en el rebase de los
topes de gasto de campaña, la compra y coacción del voto y el presunto origen
ilícito de fondos por parte del PRI. Desde el 8 de febrero AMLO propuso 12
medidas para prevenir la compra y coacción del voto, pero esa iniciativa,
recordó Jaime Cárdenas, fue contestada por el IFE tres meses y medio
después, rechazándola con desdén porque esos asuntos corresponden a la
Fepade.
La respuesta de Leonardo Valdés Zurita más
que una burla parece una movida legaloide, con el mensaje de que aquí
ganan las trampas. ¿Acaso se intenta alentar la explosividad socio-política e
inducir un clima de violencia, planteando a la opinión pública, y en especial a
una juventud movilizada contra la manipulación mediática, que para la
imposición de EPN se recurrirá a la asfixia del cauce legal, para que las
graves y generalizadas violaciones no se presenten antes sino a
toro pasado, luego de que el TEPJF emita su sentencia?
PRD y PAN ya plantearon que la PGR y su
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada se
encargue de aclarar el origen de los dineros. Validar las elecciones sin
aclarar la triangulación de fondos y la magnitud del rebase, de la compra de
votos y el origen del dinero, sea de fuentes públicas o delincuenciales, además
de violar la Constitución y las leyes relacionadas con delitos por narcotráfico
y lavado, acarrea rompimientos con tratados y convenios internacionales.
Desde hace 20 años, cuando se ampliaron las
oportunidades de corrupción a niveles inimaginables, existen documentos e
investigaciones de la Red para la Persecusión de Delitos Financieros y del
Senado de Estados Unidos, sobre la incidencia del dinero ilícito en el sistema.
Dada la imbricación del lavado con el aparato financiero desde que se puso en
marcha el vasto y corrupto programa de privatizaciones y sus megamillonarios,
la tolerancia en el uso de las elecciones comolavadora acarrearía efectos
penales y no sólo políticos y económicos.
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