Víctor Flores Olea
Hecho insólito: el que se hayan unido el PAN y el PRD para demandar conjuntamente, ante la Procuraduría General de la República, al PRI y a su candidato presidencial Enrique Peña Nieto por lavado de dinero, consistente en investigar el origen de los recursos utilizados por el grupo financiero Monex y el retiro en efectivo de diferentes Estados de la República de más de 108 millones de pesos. Se solicita en realidad a la PGR que la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada (SIEDO) informe sobre el manejo de esos fondos que pudieran tener un origen ilícito, eventualmente del lavado de dinero, o bien inclusive definirse como recursos del crimen organizado. En ambas hipótesis se trataría de delitos de gravedad. En todo caso, los partidos demandantes exigen que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación se pronuncie antes de calificar la elección.
La denuncia conjunta de los dos partidos es evidentemente una escalada política y jurídica en la discusión postelectoral. Política, porque dos partidos antagónicos que se enfrentaron en la última elección ahora establecen alianza para denunciar al PRI y a Enrique Peña Nieto por delitos electorales. Para Gustavo Madero (Presidente del PAN), además de que ese partido habría presentado más de 20 impugnaciones a los manejos financieros del PRI durante la última campaña, insistiendo en que “hay materia para investigar” y que está a prueba “el gobierno federal y el sistema judicial mexicano” y su validez para el futuro, al mismo tiempo que Jaime Cárdenas, el abogado del Movimiento Progresista, explica con detalle la manera en que el PRI cometió delitos para financiar la campaña de Peña Nieto “y demandó la invalidez de la elección porque no puede calificarse un proceso electoral financiado con recursos ilícitos”.
El abogado del Movimiento Progresista agrega que “hablamos de un rebase de topes de campaña de más de 4 mil doscientos millones de pesos, cuando el tope de los gastos ascendía apenas a 336 millones de pesos”, por lo cual, sostiene con toda razón el jurista, “debe ser invalidada la elección presidencial, ya que se violentó gravemente el principio de equidad a que se refiere el artículo 41 constitucional”.
Hay un clima en que la corrupción es reconocida por tirios y troyanos en infinidad de esferas de la vida nacional. Muy pocos –yo no me contaba entre ellos– tenían la esperanza de que las elecciones presidenciales de este año fueran la excepción, o que tendieran a serlo mínimamente. No tenían razón, ni por asomo. Una de las razones de mi enorme desconfianza fue la participación del PRI en el proceso, y el hecho de que se hablara ya, desde hace cuatro o cinco años, de que el fracaso del PAN le otorgaba muy buenas probabilidades de triunfo, y de que había un joven candidato del PRI, gobernador del Estado de México, con gran oportunidad.
¿Cómo lo habíamos conocido? Por su infalible (e inefable) presencia en los noticieros de Televisa, particularmente en el de Joaquín López Dóriga, con varios minutos varias veces a la semana, y por sus enormes retratos publicitarios cuando ganó las elecciones del Estado de México. Mucho dinero atrás, se comentaba a granel, y el grupo Atlacomulco como un solo hombre. ¿Otras virtudes? Por ningún lado se veían. Salvo el dinero, otra vez, y el grupo político apoyador.
Entonces no tenía explicación realista la casi certeza de que el PRI volvía por sus fueros con todo el “paquete”, incluidas las trampas, los chanchullos y la abierta corrupción para el fraude. Es decir, la explicación estaba precisamente en el “paquete”. La cuestión es que no obstante el letargo del PRI para cambiar en los 12 últimos años, su verdadera parálisis, se anunciaba que sí podría volver al poder, pero sin haberse convertido en un real partido político sino, en el mejor de los casos, en un aparato electoral sin real oferta para la ciudadanía. El PRI seguía siendo el mismo de siempre ahora guiado por un joven de otra generación – según proclamaba el propio candidato–, que muy pronto se descubrió que cargaba con el lastre de desprestigio del PRI, infundiéndole él mismo en su estilo y maneras un vacío, una ignorancia y una “nada” política que resultaban muy impresionantes.
Pues parece que se ha confirmado la desconfianza honda de hace varios años. El PRI, con su aparato electoral aceitado (también con recursos de dudosa procedencia), “parece” que regresará al poder pero que lo hará, si es el caso, de mala manera para la ciudadanía y, desde luego, dejando muy mal parado y con tremendo desprestigio al candidato, que se profundizará rápidamente si entrase al gobierno, joven con mínima experiencia elegido en buena medida por el clan de los gobernadores priistas, que han entrado al quite, en conjunto, del Presidente anterior, el hombre único del infalible dedazo (para evitar, además. que el PRI siga pareciendo ese “gallo sin cabeza” al que se refirió Carlos Fuentes al inicio de la década del 2000).
Por supuesto que Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo una campaña ejemplar aunque polarizante sin duda, no por un radicalismo abstracto sino por su actuación de una pieza, y esto es tal vez lo que menos se acepta en un país como México hoy: ejemplar por rectilínea y honesta y porque al final de cuenta ha resultado el “Gran Desorganizador” de la fiesta actual del país, en la que ha habido una tómbola abierta a las manos de los vivales.
“Gran Desorganizador” que hoy significa en México moral y convicciones firmes . Andrés Manuel López Obrador ha resultado un genuino líder que tal vez no podrá alcanzar sus objetivos más altos pero que quedará en la memoria de los mexicanos como un luchador indispensable por su dignidad
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