ABC: justicia errática
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Según informó la delegación de la
Procuraduría General de la República en Sonora, un juez federal dictó auto de
formal prisión a nueve personas acusadas de lesiones por omisión culposa
en agravio de 10 niños durante el incendio registrado en la guardería ABC
–subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– el 5 de junio de
2009, donde 49 niños murieron y 70 más resultaron heridos. Aunque la
dependencia no reveló los nombres de los inculpados, se sabe que la orden de
encarcelamiento se deriva de las pesquisas realizadas en contra de niñeras y
empleados de dicha estancia infantil, quienes presuntamente abandonaron el
inmueble el día de los hechos e incumplieron, de esa forma, con su
responsabilidad de salvaguardar a los pequeños.
Es necesario recordar que la tragedia
ocurrida en la citada estancia infantil hace más de tres años fue resultado de
una cadena de responsabilidades que inician con el afán injustificable de los
gobiernos neoliberales de subcontratar a entidades e individuos privados
servicios básicos que debieran estar a cargo del Estado y que, en el caso de
las guarderías del IMSS, se traduce en detrimento del bienestar y la salud de
los pequeños. A ese factor originario se suma una serie de negligencias y
omisiones atribuibles, en primer lugar, a los propietarios de la guardería
concesionada, pero también a las autoridades locales –que permitieron la
habilitación del establecimiento en una zona y un inmueble por demás inadecuados–
y al gobierno federal, que es el que cede, por conducto del IMSS, la operación
de estos centros a particulares y al que corresponde, por tanto,
responsabilizarse de que sean operados en condiciones adecuadas. La conjunción
de tales factores en la guardería de Hermosillo terminó por configurar una
mezcla trágica que pone de manifiesto el menosprecio del poder público por el
bienestar y la vida de la población, particularmente de sus segmentos más
vulnerables.
En los casi 38 meses transcurridos desde los
hechos, a la imprevisión y la indolencia gubernamentales que dieron pie a la
tragedia se ha sumado el desempeño tardío, errático e improcedente de las
instancias federales encargadas de conducir las investigaciones sobre el caso y
de sancionar a los responsables, elementos que obligan a suponer un designio de
impunidad para los presuntos implicados en los lamentables acontecimientos.
En ese sentido, sin desacreditar a
priori la presunta omisión culposa en que podrían haber
incurrido las nueve personas antes referidas, es inevitable contrastar el auto
de formal prisión dictado contra éstas con la inocultable renuencia de los
niveles federal y estatal de gobierno a llevar a juicio a los copropietarios de
la guardería ABC –entre quienes se encuentran familiares de integrantes del
gabinete del ex gobernador de Sonora Eduardo Bours y de la esposa del titular
del Ejecutivo federal, Margarita Zavala–, y a hacer lo propio con funcionarios
como el ex director del IMSS Juan Molinar Horcasitas, sobre quien recae, cuando
menos, una inocultable responsabilidad política por la tragedia, como han
insistido los padres de las niñas y niños muertos y como quedó documentado en
el referido dictamen de la SCJN.
Tal actitud es consistente con una
procuración e impartición de justicia que, hasta ahora, se ha limitado a
investigar e imputar penalmente a funcionarios y responsables menores por la
tragedia y que ni siquiera ha podido mantener a éstos en prisión.
Al igual que como ocurre con los desastres
mineros que cíclicamente se presentan en la zona carbonífera de Coahuila, la
ausencia de justicia para las víctimas –ya sea por falta de voluntad política,
por designio de complicidad o por simple desinterés– no sólo representa un
agravio para éstas y sus familiares, por cuanto cancela la procuración e
impartición de justicia, sino que abre también un amplio margen para que
ocurran nuevas tragedias. Por elemental congruencia, es necesario que el
desempeño de fiscales y jueces en torno al caso ABC se refleje también en las
altas esferas del poder público; de lo contrario, persistirá el mensaje de que
la justicia en el país sólo se ejerce, en el mejor de los casos, contra los
componentes más débiles y menos trascendentes de la ilegalidad.
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