Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
Sería muy recomendable que los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se guiaran, efectivamente, por el espíritu y la letra de la Carta Magna, al momento de emitir su dictamen sobre las impugnaciones del Movimiento Progresista a la elección cuestionada de Enrique Peña Nieto, como lo afirmó el magistrado Pedro Penagos, quien puntualizó que ni las marchas ni las manifestaciones de repudio a un nuevo fraude electoral, influirán en su determinación. Sin embargo, por el tono de sus palabras está demostrando que no será así, sino que actuarán con base en el compromiso de abrirle al PRI las puertas de Los Pinos.
Lo que está diciendo a los ciudadanos es que pierden su tiempo protestando contra el ex gobernador mexiquense, que la decisión ya está tomada y nada hará que la cambien, porque estarían en riesgo sus extraordinarios privilegios y beneficios que reciben del sistema oligárquico que desean mantener vigente largo tiempo. Tal es el origen del modo cínico de proceder de los responsables de la legalidad electoral: forman parte de una organización política ajena a la sociedad mayoritaria, estructurada verticalmente para servir a los intereses del grupo en el poder.
Qué bueno sería que me equivocara en mis juicios, que realmente los magistrados del Tribunal Electoral actuaran con estricto apego a la norma constitucional. Con todo, no hay mucho margen para la esperanza, porque su papel es muy claro dentro del proceso electivo, tal como lo demostró en su momento el consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, así como también los burócratas de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade). Es por demás evidente su interés en darle carpetazo al proceso electoral y que México entre en una nueva etapa, con Peña Nieto en su papel de presidente electo y la camarilla salinista dispuesta a todo para consolidar el “triunfo”.
Todo hace suponer que quieren salirse con la suya, al precio que sea, por los ingentes compromisos del grupo salinista con los grandes poderes trasnacionales que le tienen echada la mira a México para acabar de depredarlo. Sin embargo, no es descabellado tratar de evitar una catástrofe de tal magnitud, que liquidaría el futuro de las nuevas generaciones de mexicanos. Es preciso mantener una organización muy granítica de todas las fuerzas progresistas, para ejercer una firme oposición al fraude, pues no otra cosa sería pretender imponer a Peña Nieto sin haber ganado limpiamente los comicios, como lo demuestran las graves irregularidades que en cualquier país democrático serían motivo suficiente para anularlos.
Aquí no, porque estamos muy lejos de ser una nación democrática real, y porque para eso están los abogados del sistema, para voltear las leyes como convenga a los intereses de la camarilla dueña del poder, tal como lo están haciendo en lo que concierne al proceso electoral, al extremo de reconocer que hay algunas ilegalidades, diversas irregularidades, que sin embargo no son determinantes para cambiar los resultados en las urnas. Es la lógica del ladrón que asegura no serlo porque sólo comete pequeños robos.
Si en la India, en los años cuarenta, se pudo derrotar al principal imperio de entonces, sin ejercer violencia ni caer en provocaciones, sólo con una firme resistencia de todo el pueblo, liderado por un caudillo moral que se mantuvo fiel a sus principios, aquí también podría derrotarse a la oligarquía cerrando filas en torno al liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, quien ha demostrado una entereza y una verticalidad que enerva a sus enemigos. Porque lo que está en juego merece deponer actitudes mezquinas, veleidades estúpidas, envidias y recelos.
Con Peña Nieto en Los Pinos empezaría de inmediato la construcción de un sistema absolutamente contrario a los intereses mayoritarios. Tan sólo igualar el IVA en 16 por ciento, acarrearía “un encarecimiento de vida terrible”, como lo afirmó el fiscalista internacional Herbert Bettinger. Y eso es precisamente lo que haría el secretario de Hacienda de Peña Nieto, tan sólo para congraciarse con las treinta familias que son dueñas de las principales riquezas del país, mismas que desean seguir disfrutando del paraíso fiscal que significa vivir en México.
Lo mismo sucedería con la reforma laboral de corte fascista que tiene el compromiso de imponer a los trabajadores, con el pretexto de acabar con los sindicatos que se aprovechan de sus agremiados. Lo que se ocasionaría de inmediato sería una dramática precarización de los asalariados, además de que perderían sus escasos derechos de defensa en los tribunales, dizque para modernizar la ley en la materia. De ahí el imperativo de hacerle ver a la gente el grave peligro en que se encuentra, si los salinistas regresan a Los Pinos. Después será mucho más costoso tratar de sacarlos. Entonces no será nada fácil hacerlo de manera pacífica.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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