Por : Sergio Cortés Sánchez
Entre el fraude azul de 2006 y la patriótica
subasta tricolor del 2012, las instituciones se han ido al carajo. Con base en
diciembre del año 2006, hoy la pérdida de credibilidad del Poder Judicial es de
17 por ciento; de 13 por ciento la del Poder Ejecutivo; de 11 por ciento la del
Instituto Federal Electoral; de 6 por ciento la de los militares. Los obispos y
sacerdotes cayeron en 12 por ciento y los medios comunicación hoy tienen 16 por
ciento menos que hace un sexenio. Los que mejoraron sus índices de credibilidad
fueron los senadores y diputados y los organismos patronales; aun así, sus
niveles de aceptación siguen estando más cerca de la incredulidad. Mención
singular merecen los dirigentes de los partidos, que aumentaron su
credibilidad en 13 por ciento entre diciembre de 2006 y julio de 2012; en estos
momentos 47 por ciento de los ciudadanos del municipio de Puebla cree mucho o
algo en sus dirigentes de partido, y 40 por ciento cree poco o nada, y 13 por
ciento no opinó.
Del total de ciudadanos que creen mucho o
algo a los dirigentes de su partido favorito, los que se autodefinen priistas
son 11 por ciento; 10 por ciento son panistas; 13 por ciento son del
Movimiento Progresista y 13 por ciento no se identifica con ningún partió, pero
reconoce a un líder político. El frente amplio anticorrupción tiene tres
agrupamientos: los sin identidad partidaria; los amlistas y los panistas, que
sumados son 36 por ciento de los ciudadanos del municipio de Puebla que tienen
teléfono en casa. Son antipriistas casi la mitad de los ciudadanos que
creen mucho o algo en sus dirigentes; dos de cada tres de esos ciudadanos que
creen en su dirigencia política tiene una escolaridad de bachillerato o
superior y dos de cada tres de ellos cree que la elección presidencial no fue
limpia. Los alumnos rechazados de la UAP posiblemente se incorporen al
movimiento anticorrupción, y también es posible que el movimiento social de los
jóvenes converja con los de los Morenos y se forme un frente amplio popular que
tenga más de un líder moral y político y más de una causa en común.
La imposición de Enrique Peña Nieto junto al
Estado fallido y al simulacro del cambio panista están propiciando la
emergencia de un frente amplio al margen de los partidos que, entre otras
demandas, refrenda la legitimidad y legalidad de las instituciones. Para la
mayoría absoluta de ciudadanos del municipio poblano que disponen de teléfono
en casa, no hay certeza del resultado de la elección presidencial; los partidos
no compitieron en igualdad de condiciones ni fueron tratados de la misma forma
por la televisión; el proceso electoral no fue legal ni se respetó el voto; el
PRI no puede ganar sin trampas y el crimen organizado estuvo involucrado en el
proceso electoral y apoyando a los priistas. Habiendo evidencia de la inequidad
del proceso electoral y de la compra y coacción del voto, no hay mucha
esperanza de que el Tribunal Electoral actúe conforme al mandato constitucional
y declare la invalidez de la elección presidencial. Si tal fuera el dictamen de
los magistrados del Tribunal Electoral y de los de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, en otoño tendremos un frente social amplio a la vera de los
partidos; como otros tantos que el neoliberalismo ha procreado al secuestrar la
democracia formal que otrora invocaba.
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