Esclarecer el lavado electoral
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Un día después de que el
aspirante presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, presentó
evidencia documental sobre operaciones financieras irregulares por conducto del
grupo financiero Monex –presumiblemente realizadas en favor de la campaña
presidencial de Enrique Peña Nieto–, los dirigentes nacionales del PAN, Gustavo
Madero, y el PRD, Jesús Zambrano, anunciaron que interpondrán una denuncia
conjunta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por presunto lavado
de dinero durante la pasada contienda electoral, y exigieron a la dependencia
encabezada por Marisela Morales que resuelva el caso a la brevedad, antes de
que concluya el proceso de validación de los comicios presidenciales por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Adicionalmente, en horas
recientes han salido a la luz pública elementos de información que despejan
dudas sobre los vínculos entre las turbias operaciones financieras de Monex y
la candidatura presidencial del PRI, como el hallazgo de que el domicilio
fiscal de una de las empresas que fondearon al grupo financiero
–Comercializadora Efra– corresponde a la dirección de un despacho de abogados
cercanos al tricolor y al propio Peña Nieto. Dicho elemento consolida
los indicios de que el supuesto triunfo electoral del candidato priísta pudo
fabricarse –al menos en parte– sobre la base de delitos graves, como el lavado
de dinero, y hace que la petición de los dirigentes del sol azteca y el blanquiazul adquiera
mayor pertinencia y necesidad: sin un pleno esclarecimiento del caso de las
autoridades judiciales correspondientes, el fallo del TEPJF sobre la validez de
los comicios quedaría obligadamente incompleto, y se corre el riesgo de que ese
órgano jurisdiccional termine por avalar prácticas que no sólo vulneran los
preceptos democráticos más elementales, sino el marco legal del país en su
conjunto.
Por otra parte, la petición de
los dirigentes partidistas es imprescindible ante el desempeño errático,
complaciente y omiso de las autoridades formalmente encargadas de supervisar
los presuntos financiamientos irregulares en las campañas electorales y fuera
de ellas. Ayer mismo, el Instituto Federal Electoral (IFE) sostuvo que hasta
el momento no se ha acreditado ningún delito por partido alguno durante la
elección presidencial, señalamiento que resulta improcedente, porque contradice
lo expresado por el propio titular del organismo, Leonardo Valdés –en el
sentido de que el PRI no ha sido exonerado por el caso Monex y que sigue
abierta esa investigación–, porque soslaya la masiva documentación sobre
delitos propiamente electorales que ha sido ampliamente difundida y conocida
por la opinión pública, y porque pasa por alto una consideración elemental:
para que una elección sea legal y válida no basta con que cumpla los criterios
de la normativa electoral: también debe apegarse a lo estipulado en los códigos
civiles y penales vigentes y al marco constitucional. Ese requerimiento
incluye, desde luego, la ausencia de sospechas sobre el uso de recursos de procedencia
ilícita por alguno de los contendientes.
En ese sentido, los reclamos
formulados por los consejeros Lorenzo Córdova y Marco Baños a los presidentes
nacionales de PAN y PRD de que deben serresponsables y no pedir al IFE
violentar la legalidad tendrían que ir dirigidos antes al propio órgano
electoral que a los partidos.
En lo que toca al gobierno
federal, la manifiesta incapacidad de éste para impedir el flujo de dinero
presumiblemente ilícito a la campañas presidenciales se agrava con actos como
la reunión sostenida entre su titular, Felipe Calderón, y el propio Peña Nieto
en la residencia oficial de Los Pinos, el pasado miércoles: ese hecho,
improcedente y apresurado por donde se le mire, por cuanto el político
mexiquense no es aún presidente electo, podría además colocar al jefe del
Ejecutivo federal como anfitrión de un candidato beneficiado por lavado de
dinero en caso de que se confirmen las acusaciones del Movimiento Progresista,
y ello daría un nuevo duro golpe a la investidura presidencial y socavaría aun
más el pretendido afán legalista de la administración que está por terminar.
En suma, el esclarecimiento no
sólo es necesario para transparentar una elección presidencial que ha distado
mucho de ser limpia y ejemplar, como sostuvo el IFE desde la noche del
primero de julio, sino también para restañar en alguna medida el daño que las
autoridades se han provocado a sí mismas por su actitud omisa, parcial y poco
responsable. Si el IFE, el TEPJF y la propia PGR no actúan en ese sentido,
podrían llevar el descrédito del conjunto de la institucionalidad política a un
punto de no retorno.
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