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Por: Redacción de
www.sinembargo.mx
La demanda de un fraude por 56 millones de dólares, presentada a principios de junio pasado por el empresario méxico-estadounidense José Luis Ponce de Aquino, reveló los primeros datos sobre el uso de recursos en Banca Monex, como parte de una presunta estructura financiera paralela en apoyo de la campaña presidencial del candidato de la coalición PRI-PVEM a la Presidencia, Enrique Peña Nieto. De entonces a la fecha –incluidas las denuncias presentadas por el PAN y el PRD ante el IFE y la PGR, antes incluso de la jornada electoral del 1 de julio–, el caso del uso de la tarjeta de prepago Monex con fines electorales ha crecido salpicando sospechas por todos lados, sin que las autoridades electorales tengan aún resolución alguna. El caso, en teoría, está siendo analizado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). La presión de la opinión pública y la filtración de más pruebas que implican al tricolor con esa institución financiera han dado lugar a que los propios priistas reconozcan que sí hay relación con Monex. Primero, el 19 de julio pasado, el propio coordinador jurídico del equipo de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, admitió que sí existe un vínculo indirecto entre Monex y el PRI, pues el grupo financiero fue contratado por Alkino Servicios y Calidad, SA para proporcionar las tarjetas de prepago que cubrirían los sueldos de los operadores priistas.
El 20 de julio, de acuerdo con una investigación de MVS Radio, se reveló que el domicilio fiscal de las facturas emitidas por Monex a la empresa Efra coincide con el del Grupo Abogacía Profesional (GAP) en la Ciudad de México, que está vinculado con priistas cercanos al virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto. Luego, el 21 de julio, el consejero electoral del IFE y priista desde 1961, Sergio García Ramírez, solicitó no participar en las deliberaciones que el Instituto Federal Electoral realiza en el caso Monex, debido a que sostiene una relación cercana con la familia Fraga, dueños de la empresa Efra, una de las involucradas en el escándalo de compra de votos en el que esta envuelto el PRI y Monex. García Ramírez reconoció que es amigo de Gabino Fraga Mouret y su hijo Gabino Fraga Peña, a quienes se les vincula como empresarios cercanos al PRI. Y ayer, en Guanajuato, el operador político del PRI, México Martínez Lerma, se vio obligado a reconocer y a denunciar en ZonaFranca.mx que la deficiencia en los pagos de 2 mil 500 pesos prometidos a los representantes de casilla, vía las tarjetas Monex, derivó en todo este escándalo. Además, por si esto fuera poco, Martínez Lerma aseguró que los nombramientos de los representantes de casilla y la promesa de pago llegaron en forma de cartas con la firma de Enrique Peña Nieto. Aun así, ni el IFE ni la PGR ni la Fepade han dicho esta boca es mía. Los propios priistas, que durante junio, cuando aún estaba viva la campaña presidencial, negaron vehementemente cualquier relación con esa entidad financiera comienzan a revelar más y más implicaciones. El silencio de los tricolores se ha roto. Pero la última palabra, en este caso, la tiene la autoridad electoral que no actuó cuando surgieron las primeras demandas y, ahora, tiene una bomba en las manos.
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