IFE rebasado
John M. Ackerman
Más allá de lo que prometan o decreten las
autoridades electorales, lo más importante será el juicio ciudadano sobre el
respeto a la voluntad popular el próximo 1º de julio. Y si efectivamente se
celebran elecciones relativamente auténticas y libres, no será gracias al
Consejo General del IFE, sino a los jóvenes del movimiento #YoSoy132, así como
a los observadores electorales y los miles de funcionarios, consejeros locales
y funcionarios de casilla invisibles que trabajan a contracorriente dentro del
instituto electoral.
La acción valiente de los estudiantes ha
demostrado ser mucho más efectiva que el burocratismo y los autoelogios de los
consejeros electorales. Cuando el IFE se quedó pasmado ante el sabotaje de las
televisoras al primer debate, los jóvenes entraron en acción y obligaron a
Televisa y Tv Azteca a transmitir el segundo debate por los canales de mayor
audiencia. Cuando la autoridad electoral incumplió flagrantemente con los
principios constitucionales al no promover u organizar debates adicionales, los
estudiantes organizaron por sí solos un tercer debate mucho más dinámico y
profesional que los convocados por el IFE.
Desde antes de la irrupción histórica de los
estudiantes en la Universidad Iberoamericana, el pasado 11 de mayo, la sociedad
ya había actuado por medio de las redes sociales al denunciar el dispendio de
Enrique Peña Nieto en espectaculares, regalos y actos masivos durante los
primeros días de la campaña presidencial. Ante la evidencia, el IFE se quedó
cruzado de brazos y se negó a tomar medidas contundentes para prevenir el
despilfarro (aquí mi análisis: http://bit.ly/Kmea35).
Sin embargo, los ciudadanos lograron lo que la autoridad no pudo, ya que el
viejo partido del Estado rápidamente retiró la mayor parte de la propaganda
ante la exhibición de sus gastos en Internet.
Ahora que arrecia la compra y coacción del
voto a lo largo y ancho del país, el IFE una vez más demuestra tanto su
indolencia burocrática como su abierta parcialidad en favor del PRI. Todos
Contamos (www.contamos.org.mx) recibe
cada día más reportes de la sistemática comisión de delitos electorales, así
como de la erogación de gastos excesivos. La gran mayoría de ellos señalan a
Peña Nieto y el PRI como los responsables. Un informe preliminar se dará a
conocer mañana martes a las 17 horas en el Club de Periodistas.
Ante esta evidencia, el IFE primero se hizo
de la vista gorda. En respuesta a la exigencia del Frente Ciudadano en Defensa
del Sufragio Efectivo y Libre, en su desplegado del 8 de junio, de que el
Consejo General forme inmediatamente una comisión especial para recibir
informes y denuncias sobre compra y coacción del voto, los consejeros
respondieron que estas irregularidades eran exclusivamente de la competencia de
la Fepade y que no podían hacer absolutamente nada.
Tal actitud constituyó una vergonzosa
abdicación de su responsabilidad de garantizar la legalidad y la equidad del
proceso electoral. El hecho de que la Fepade deba intervenir en algunos casos
de ninguna manera exime al IFE de también tener conocimiento de estas
irregularidades, tanto para prevenir su propagación como para contabilizar los
gastos correspondientes como parte de las campañas de los candidatos.
Afortunadamente, ante la presión de los
jóvenes, el jueves pasado los consejeros tuvieron que recular y aprobar un
rimbombante Acuerdo por el que se establecen medidas específicas para
contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del voto, así como acciones
que generen presión sobre el electorado, durante el proceso electoral federal
2011-2012. Lamentablemente, este acuerdo no es más que atole con el dedo.
El acuerdo se inicia con el descubrimiento
del agua tibia: Queda prohibida en todo momento la compra y coacción del
voto. Posteriormente, los muy comprometidos y arrojados consejeros acuerdan reforzar
la difusión que se ha venido dando a un listado de enunciados que
explícitamente diluyen y suavizan la gravedad del problema.
El Código Penal Federal (artículo 403) señala
sin titubeos que los operadores políticos pueden ir a la cárcel por recoger
credenciales para votar sin causa prevista por la ley, solicitar votos por
paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa oviolar, de cualquier
manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, por ejemplo
exigiendo una fotografía de la boleta tachada o demandando que el ciudadano
deposite una boleta previamente cruzada en la urna.
Pero, aparentemente preocupado por la tranquilidad
de los delincuentes electorales, el IFE prefiere aconsejar a los votantes con
mensajes suaves que minimizan la situación. Nadie debe obligarnos ni
presionarnos para votar por quien no queremos, Nadie puede votar en su
lugar, ni con su credencial ni con una fotocopia de ella y Aceptar
los regalos no nos compromete a votar por nadie que no queramos. En lugar de
alarmar a la ciudadanía sobre la perversión a la democracia que implica la
comisión de estos delitos, el IFE prefiere tranquilizar a los votantes al
sugerir que en realidad no pasa nada grave.
Pero lo más preocupante es que los consejeros
se quedan conformes con la mera enunciación de la ley, sin hacer absolutamente
nada para asegurar su cumplimiento. Por ejemplo, en la sesión del jueves se negaron
a prohibir la utilización de celulares a la hora de votar o siquiera invitar a
los ciudadanos a dejar sus aparatos móviles en las mesas de recepción de
votación o a colocar advertencias vistosas sobre el tema en las casillas.
Tampoco tomaron medida alguna para prevenir o facilitar la denuncia de laruleta o carrusel donde
el votante es obligado a depositar en la urna una boleta previamente tachada.
Ante las graves omisiones del IFE, una vez
más será responsabilidad de la sociedad organizar un enorme operativo ciudadano
para garantizar la legalidad del proceso electoral del 1º de julio.
Pd. El viernes, 29 de junio, a las 17 horas,
en el IIJ-UNAM, Alberto Aziz, Eduardo Huchim y Dong Nguyen presentan mi nuevo
libro Autenticidad y nulidad: por un derecho electoral al servicio de la
democracia.
Twitter: @JohnMAckerman
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