Ernesto Villanueva
La simulación, la violación de la ley y la mentira son algunas de las características de la política mexicana. El nuevo gobierno del PRI a cargo de Fausto Vallejo Figueroa, para desgracia del estado de Michoacán y de los mexicanos, camina hacia atrás. Veamos los datos que sustentan lo que afirmo. Primero. Los cuatro rubros que mayor inquietud generan en Michoacán son: a) la seguridad y la gobernabilidad; b) la educación; c) las finanzas públicas, y d) la adopción de políticas públicas que brinden certeza jurídica, idoneidad en los perfiles de puestos, combate a la corrupción y rendición de cuentas… A poco más de cuatro meses de gobierno, Fausto Vallejo ha entregado la plaza. Al fin y al cabo, recurre en su gobierno a los peores usos y expresiones de la política priista. La oficina del gobernador constituye un atentado al sentido común. De humor involuntario resulta el equipo de “asesores” de Fausto Vallejo. Se trata de ocho personas que, en el mejor de los casos, tienen licenciatura. Una parte de ellos se ostenta como profesionista sin contar con su cédula profesional. No hay una lógica temática, con doctores con amplias prendas profesionales en las más distintas áreas, que sería lo razonable y deseable. No es el caso. Si esos son los que asesoran, ¿se imaginan como están los asesorados? Exactamente, mal.
Segundo. En el primer rubro, relativo a gobernabilidad, el jefe del Ejecutivo se ha allegado de personas sin credenciales. El subsecretario Fernando Cano Ochoa se ha ostentado como “ingeniero”, pero en la Dirección General de Profesionales de la SEP no hay registro alguno al respecto. En la misma situación se encuentra el subsecretario Rubén Pérez Gallardo Ojeda, quien se presenta como “licenciado”, aunque tampoco se encuentra nada que lo acredite como tal. Su caso es peor: tiene una notaría pública que, al margen de la ley, le fue otorgada (es imprescindible contar con la cédula profesional de licenciado en derecho para ser titular de una notaría), y fuera de la norma opera con toda impunidad violando lo previsto en el artículo 116, inciso III de la Ley del Notariado local. Y así se pueden citar muchos ejemplos más en la Secretaría General de Gobierno. ¿Usted confiaría en un grupo que viola la ley para proteger la ley?
En materia de seguridad, el procurador general de Justicia, Plácido Torres Pineda, carece de cédula profesional de abogado pero se ostenta como tal. Esto constituye un delito gravísimo que reclama su retiro del cargo y ser procesado, en los términos del artículo 101, fracción III de la Constitución de Michoacán. ¿Cómo puede perseguir el delito quien incurre en la violación de la ley? En la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria técnica, Adriana Ávila Romero, es licenciada en mercadotecnia. No se tiene una experta en seguridad, sino a alguien que se dedica a “vender” a la sociedad la especie de que las cosas van bien cuando están mal.
Tercero. El sector educativo representó una de las “altas prioridades” de Fausto Vallejo. El equipo humano y su pobreza intelectual lo que asegura son resultados catastróficos. En efecto, la secretaria de Educación cuenta apenas con una licenciatura en educación media. La subsecretaria, María Esther Dagio, se presenta como “licenciada”, pero carece de cédula profesional. Sólo uno de los asesores cuenta con estudios universitarios. La directora de Educación Elemental, Delia Anaya Sánchez, no concluyó estudios profesionales. El director de educación superior, Francisco Javier Hurtado Cabrera, es ingeniero en sistemas y no tiene idoneidad con el perfil del puesto. El director de Profesionalización Docente, José Ramírez Guzmán, es el único que tiene en su haber estudios de posgrado relacionados al cargo. La directora de Evaluación Educativa, Norma Isela Arreola Cisneros, no tiene cédula profesional. El director de Educación Indígena, Ramón Rojas Rangel, se presenta como “licenciado”, pero la SEP no tiene registros de él y, por ende, no tiene cédula profesional. Los otros cuatros directores vinculados con el área administrativa tampoco disponen de credenciales universitarias de ningún tipo. Y como es divisa de Vallejo, la directora general del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, Esther García Garibay, la “doctora”, tampoco tiene cédula profesional, ni de licenciatura. ¿Y estos son los mejores perfiles que prometió Vallejo? Es evidente que jamás podrán enseñar lo que no saben, condenando a niños, jóvenes y adultos a ser, en el mejor de los casos, analfabetos funcionales. El mundo al revés.
Cuatro. Se ha dicho que Michoacán está urgido de dinero porque aparentemente quien fue gobernador en el periodo pasado dejó las arcas vacías. Para enfrentar esta situación de crisis y necesidad de recursos, Fausto Vallejo ha tomado decisiones ante las que uno no sabe si llorar o reír. En efecto, la importantísima Secretaría de Finanzas y Administración tiene también el sello de la casa. Su titular, Luis Miranda Contreras, carece de cédula profesional; y el subsecretario de Finanzas, Roberto Villa Lemus, quien se presenta como “ingeniero”, así como el director de Ingresos, Aurelio Montiel Ángeles (el “licenciado”), se encuentran en la misma situación.
Con este equipo digno de Vallejo pero indigno de los michoacanos, ¿qué futuro le puede esperar al estado? Es lógico que la falla estructural existe de la cabeza a los pies. La directora de Auditoría del Sector Central de la Contraloría del Estado, María Bertha Quintana León, la “contadora pública”, no tiene cédula profesional. La asesora de la Contraloría, Teresa Gutiérrez Cortés, la “licenciada”, tampoco. ¿Cómo pueden vigilar que se cumpla la ley que ellas mismas son las primeras en violar? El próximo 1 de julio se efectúan elecciones para la Presidencia Municipal de Morelia. Hay tres opciones, y una de ellas, la del candidato del PRI-PVEM, Salvador Abud Mirabent, cercanísimo a Fausto Vallejo, está en la misma ruta hacia el mundo de las cavernas. Esto es sólo la punta del iceberg de una disfunción de las instituciones de Michoacán que no debería existir más.
Cabe señalar que todos los datos profesionales fueron validados en la SEP y protocolizados ante la fe de un notario público quien sí tiene cédula profesional de licenciado en derecho y patente en regla, como debería ser en todos los casos.
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