AMLO: cuidar al Ejército
Arnaldo Córdova
El pensamiento de López Obrador en torno a
las fuerzas armadas de la nación y de la lucha en contra del crimen organizado
siempre ha sido meridianamente claro: la institucionalidad de la República no
se puede concebir sin la existencia de las primeras y la lucha emprendida por
Calderón en contra del segundo ha sido de verdad estúpida y criminal, porque
sólo ha servido para manchar el prestigio del Ejército y desprestigiar a su
personal y a sus altos mandos.
Los hechos están a la vista: el tráfico y el
traslado de drogas no han cesado y ni siquiera han disminuido, pese a los
muchos decomisos; las mafias y las bandas de narcotraficantes siguen en pie y
están proliferando sin cesar, alimentadas por desesperados que ya no tienen
otra salida que el delito; las muertes de inocentes siguen llenando de sangre
los campos y las ciudades, y ahora ya se habla de más de 60 mil víctimas, la
inmensa mayoría inocentes que ni la debían ni la tenían que pagar; el tráfico
de armas a través de la frontera norte sigue alimentando continuamente la
violencia en nuestro país sin que el gobierno gringo se dé por
aludido.
Todos estos problemas, por supuesto, pueden y
deben ser planteados y tratados cada uno en especial, lo que, en realidad, no
han dejado de hacer los especialistas; pero lo que a López Obrador preocupa es
el papel que se le ha asignado a las fuerzas armadas en el combate al
narcotráfico en el que, de hecho, ha sustituido casi por completo a las
corporaciones policiacas. Cuentan en ello, por supuesto, la proliferación de
las violaciones a los derechos humanos, pero, más que nada, la corrupción y el
desprestigio que ello acarrea al Ejército.
Eso ha dado lugar a numerosos ataques a la
institución castrense que se producen desde distintos rumbos, pero sin excluir
al Estado mismo, desde el cual, más o menos periódicamente, hay embestidas
contra sus oficiales que muchas veces tienen claro fundamento pero que, otras
veces, más parecen bolas de humo que nunca es posible saber con precisión a
dónde van dirigidas. Hay varios altos antiguos mandos que están en la cárcel
por delitos que se les han probado, como es el caso del general Gutiérrez
Rebollo, pero en ocasiones son simples maniobras que no es posible saber si son
meros actos de presión, sin que pueda entenderse tampoco qué fines buscan.
Recientemente, los generales en retiro Tomás
Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, y el brigadier Roberto Dawe
González, junto con el teniente coronel Silvio Isidoro de Jesús Hernández Soto
fueron arraigados por 40 días –término que la Subprocuraduría Especializada en
Delincuencia Organizada (Siedo) tiene proyectado ampliar hasta el límite
constitucional– debido a denuncias en el sentido de que estaban ligados al
narcotráfico, en especial con el cártel de los Beltrán Leyva, lo que
levantó un escándalo que ha puesto a temblar a los mandos militares.
El general Luis Garfias, celoso guardián de
la imagen de las fuerzas armadas, no pudo ocultar su indignación cuando supo
del hecho: “… es muy penoso para el Ejército… ¡cómo no va a ser penoso que
detengan a un general que fue el número dos en el sexenio! Esto lastima la
dignidad del Ejército, es obvio”. Luego señaló que el general Ángeles fue
protegido del general Enrique Cervantes, secretario de la Defensa con Zedillo.
Garfias, dando por ciertas las acusaciones de la Siedo, comentó que siendo el
implicado subsecretario de la Defensa, pudo haber tenido contacto con
comandantes de diferentes zonas, deduciendo de ello que surgieron complicidades
incriminatorias (La Jornada, 17.05.2012).
López Obrador reaccionó con tranquilidad ante
la noticia y señaló que los hechos debían ser investigados a fondo. Ello no
obstante, reiteró una vez más: En definitiva, debemos cuidar al Ejército
Mexicano. Nadie puede ocultar que es el involucramiento ciego e irracional de
las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico lo que las pone en
entredicho ante la opinión pública y lo que también las expone al peligro.
“Siempre he sostenido –declaró el tabasqueño– que no se debe exponer al
Ejército Mexicano, de ahí nuestro propósito de crear una policía nacional
moralizada, porque el Ejército debe retirarse paso a paso de las calles. No se
debe socavar a las fuerzas armadas” (La Jornada, 18.05.2012).
El desconcierto que estos hechos produjeron
en el seno de las fuerzas armadas no se pudo ocultar del todo como ocurrió en
el pasado. Los militares, se piensa por lo común, fueron a donde los mandaron y
se han hecho responsables de sus acciones. Muchos han pagado al ser enjuiciados
por sus excesos. La idea que corre es que los funcionarios civiles encargados
del gobierno no han sido igualmente responsabilizados y muchos de ellos se
encuentran bajo sospecha de estar involucrados en actos delictuosos y, sin embargo,
no se ejerce acción legal alguna en contra de ellos. Como que la cosa no ha
sido pareja.
De esa convicción, por ejemplo, parece ser el
general brigadier en retiro Pedro Sánchez Hernández, el cual en un texto
publicado en el Centro de Análisis y Opinión, expresa que Calderón “… se sirvió
de las fuerzas armadas” para apoyarse en su lucha contra un enemigo muy
poderoso, y anota: “Ambos… han sufrido los embates de la reacción de [sic] sus
hechos. De hacerlo así, ambos recibirán el reconocimiento de la historia; pero
la historia puede cambiar, la historia puede condenarlos en vez de
reconocerlos”. Para él, la detención de los mencionados oficiales fue una acción
orquestada que fue utilizada exitosamente para que esta batalla
aparentemente haya sido ganada por la delincuencia (La Jornada, 29.05.2012).
Como señala el mismo oficial, la oportunidad
de la acción no podía ser más significativa no sólo por los que en ella fueron
involucrados, sino y lo más importante, por tratarse de la época en que se
produce: “El Ejército –afirma– fue víctima al recibir un golpe certero en el
lugar oportuno, o sea, en reconocidos generales; otro golpe certero en el
momento oportuno, o sea en tiempos electorales y en las proximidades del final
de la administración del presidente Calderón”.
Se ha insistido, por lo demás, en la versión
de que no hace mucho el general Ángeles Dauahare participó en un acto de
Enrique Peña Nieto en Colima, en el cual se permitió criticar la política
seguida por el gobierno. Aunque ha sido desmentida reiteradamente, para muchos
no puede ser gratuita.
Lo que queda en el fondo de todo es el hecho
de que el Ejército ha sido poco eficaz en el combate al crimen organizado y, lo
peor de todo, se ha ido corrompiendo paulatinamente y su prestigio anda por los
suelos. Lo más razonable, como señala López Obrador, es irlo retirando
gradualmente de las calles y de las zonas rurales y crear el instrumento que de
verdad falta en el propósito, vale decir, una auténtica policía nacional
especializada en ese objetivo y no volver a enlodar imprudente y criminalmente
a nuestras fuerzas armadas. Eso, desde luego, aparte la necesidad de combatir
directamente las raíces sociales de la delincuencia.
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