Carlos Fernández-Vega
México SA
El SAT en la mira
Silencioso indulto
Gabela y nómina
Dos caras de la misma moneda: por un lado, el
triunfal discurso del calderonato que entre sus logros presume un
gran avance en materia de recaudación fiscal; por el otro, la alegre cuan
voluminosa condonación y/o devolución de impuestos para los amigos y protegidos
del régimen, amén de la defensa y mantenimiento de los regímenes tributarios
especiales, que a la nación le cuesta una multimillonaria cantidad todos los
años. Resultado: México se mantiene en los últimos lugares latinoamericanos en
lo que a recaudación fiscal se refiere, aunque destaca en el ámbito del
rembolso de impuestos.
Que no se trate de un causante de a pie, porque
al primer retraso que registre en el pago de sus obligaciones fiscales, el SAT
lo ametralla con recordatorios yexhortos para que de inmediato
cubra lo que debe, algo diametralmente distinto al fino y atento trato que
brinda a los grandes contribuyentes, a quienes no sólo les regresa
multimillonarias cantidades de impuestos, sino que les concede la cancelación
de voluminosos adeudos sin que nadie tenga la posibilidad de conocer a quiénes
se les corrió la cortesía.
En este último contexto, se mantiene el
jaloneo entre la defensa a ultranza que el SAT hace de los beneficiarios de una
cancelación fiscal cercana a 74 mil millones de pesos y el amparo presentado
por una ciudadana, por medio del cual solicita al Servicio de Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la entrega de los
nombres de los favorecidos por tal decisión. Resulta que “el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación inició (el martes pasado) la discusión
de seis asuntos en los que está de por medio el alcance del principio de
‘máxima publicidad’ y transparencia de la información pública y la ‘opacidad’
en el manejo de la información gubernamental (La Jornada, Jesús Aranda)”. Entre
los casos a revisar está el del citado amparo.
Se espera que, tras la discusión, la SCJN
defina criterios sobre las obligaciones que tienen las autoridades para
entregar información pública. “En su proyecto de dictamen, el ministro ponente,
Arturo Zaldívar, retoma los argumentos esgrimidos por la juez de distrito Ana
Paula García Villegas al revisar en primera instancia el amparo que dictaminará
la Corte, quien argumentó que ‘no es posible decir que, al proporcionar la
información respecto de créditos fiscales cancelados se perjudica el interés
público’, sino que, por el contrario, ‘se protege ese interés, pues sólo así la
ciudadanía puede verificar y tener plena certeza de que las cancelaciones de créditos
fiscales no se realizan de manera arbitraria, sino que respetan el principio de
legalidad’ con reglas claras y específicas (ídem)”.
De acuerdo con informes de la Cámara de
Diputados, de 2007 a 2011 el aumento nominal en la captación de impuestos se aproximó
a 160 mil millones de pesos. En 2007, el SAT, unilateralmente, canceló
impuestos por casi 74 mil millones, de tal suerte que de un plumazo y en una
sola operación el gobierno calderonista se comiómás de 46 por ciento de
ese incremento quinquenal en la recaudación fiscal, pero, según la autoridad
recaudatoria, los mexicanos que sí pagan impuestos no tienen derecho a saber
quiénes fueron los beneficiados y por qué. Este asunto ha ido creciendo (han
intervenido el IFAI, los tribunales y ahora la SCJN), pero el SAT se mantiene
en la defensa de los citados beneficiarios como si fuera su representante.
Mientras el SAT cobra impuestos para después
devolverlos a grupos selectos, a quienes defiende a capa y espada, la Cámara de
Diputados hizo un recuento sobre la captación fiscal en el periodo 2007-2011, y
sobre el particular abunda que los ingresos tributarios no petroleros se
incrementaron 12.6 por ciento en términos reales, lo que significó un
incremento de 0.7 por ciento como proporción del producto interno bruto, al
pasar de 9.3 por ciento en 2007 a 10 por ciento en 2011. Pero no todo es
atribuible a una eventual eficiencia de la autoridad recaudadora, sino, más
bien, al establecimiento de nuevos impuestos (como IETU e IDE y el aplicable a
gasolina, independiente de los aumentos mensuales en el precio) y el incremento
de la tasa gravable de otros (IVA de 15 a 16 por ciento, e ISR de 28 a 30 por
ciento)
De acuerdo con las cifras de la Cámara de
Diputados, tal incremento, en líquido, equivalió a 160 mil millones de pesos
entre un año y otro. Como referencia, en el mismo periodo el costo de la nómina
burocrática aumentó en más de 300 mil millones de pesos, de tal suerte que los
mexicanos ya saben para qué sirven sus impuestos: para condonarlos o
regresarlos a los amigos del régimen, y para pagar al dorado ejército de servidores
públicos.
En promedio, apunta el análisis de San
Lázaro, de 2007 a 2011 la participación de los ingresos tributarios no
petroleros respecto del total de ingresos presupuestarios representó 42.5 por
ciento del total. Sin embargo, los ingresos petroleros significaron 33.9 por
ciento, con lo que las finanzas públicas “continuarán vulnerables al sustentar
el gasto público –en una tercera parte– con recursos altamente volátiles como
son los energéticos”. Al desmenuzar los ingresos tributarios no petroleros, el
ISR fue el principal impuesto al aportar, en promedio, 48.8 por ciento de la
recaudación, en tanto el IVA representó 37.7 por ciento.
En el periodo 2007-2011, las reformas en
materia tributaria se tradujeron en cinco nuevos impuestos, más los incrementos
en las tasas de nueve existentes. En lo que respecta a los impuestos
especiales, las modificaciones al IEPS no petrolero se orientaron a incrementar
las tasas impositivas así como la adición de nuevos gravámenes, con lo que
dichas modificaciones pretendían cumplir con fines extra fiscales, es decir,
inhibir el consumo de los bienes gravados por el IEPS. Sin embargo, apunta la
Cámara de Diputados, al final del día resulta cuestionable su eficacia
debido a que no existen indicadores que permitan evaluar si se cumplen o no los
fines de los impuestos especiales. Por lo anterior, las modificaciones al
sistema tributario mexicano en el periodo 2007-2011 no han sido suficientes
para hacer frente a las necesidades crecientes del gasto público, lo que ha
implicado que los ingresos petroleros continúen sustentando gran parte de las
finanzas públicas. Por lo que resulta necesario que en el corto plazo se defina
el rumbo de la política tributaria a fin de fortalecer los ingresos derivados
por impuestos bajo principios de proporcionalidad y equidad.
Las rebanadas del pastel:
Qué lástima: se acabaron las campañas, y
ahora viene la encuesta definitiva. El domingo, a votar.
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