Democracia en el límite de la credibilidad
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
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Ayer, en la sede del Instituto Federal
Electoral, los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República suscribieron
un pacto de civilidad convocado por el consejero presidente de ese
órgano, Leonardo Valdés Zurita, en el que se comprometieron a aceptar el
resultado de la elección federal del domingo próximo, sea cual sea; a
renunciar, durante la jornada comicial, a toda forma de violencia y de coacción
del voto, y a acatar los fallos de las autoridades correspondientes.
A contrapelo de los compromisos incluidos en
ese documento, la suscripción del mismo ocurre con el telón de fondo de la
proliferación de prácticas ilícitas y antidemocráticas: en los pasados tres
meses la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ha
llevado a cabo más de 300 consignaciones por diversos ilícitos, y en las
oficinas de esa dependencia se acumulan, hasta ahora, más de medio millar de
quejas y averiguaciones previas en torno a posibles violaciones a las
normativas vigentes en la materia. El propio IFE investiga unas 17 quejas por
presuntas operaciones financieras irregulares, a las que habría que añadir la
denuncia, formulada ayer por representantes de la campaña de Andrés Manuel
López Obrador, por el supuesto reparto de cientos de miles de tarjetas de
débito de tiendas de autoservicio para comprar el voto en favor de Enrique Peña
Nieto. En las redes sociales proliferan fotos y videos que documentan la
comisión de irregularidades graves, desde la manipulación de paquetería
electoral hasta maniobras de compra o coacción del voto.
A estos hechos, indicativos de la suciedad
que afecta al proceso electoral en curso, deben sumarse los flagrantes derroches
en propaganda –que presumiblemente excedieron los topes de campaña de 330
millones de pesos– no investigados ni sancionados hasta ahora, así como la
repetición de las campañas de desprestigio, descalificación y hasta difamación
de los adversarios, las cuales quedaron prohibidas por la reforma electoral de
2007.
En tal circunstancia, el pacto de
civilidad que se firmó ayer en el IFE corre el riesgo de quedar en un mero
acto de simulación, bajo el cual prosiga la realización de acciones ilícitas de
inducción o compra del voto, manoseos ilegales del material electoral y operativos de
sufragio corporativo, prohibidos por la ley, como el que lleva a cabo la
dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en favor de
Peña Nieto, documentado en estas páginas hace unos días.
Para que la elección del próximo domingo sea
en efecto legal y pulcra, no bastan las promesas de los participantes; se
requiere, en cambio, de voluntad política real de las fuerzas contendientes y
de los poderes fácticos –especialmente los mediáticos y empresariales– para
ceñirse estrictamente a las disposiciones legales y para permitir la libre
emisión de la voluntad ciudadana en las urnas.
Es también necesario que las instituciones
electorales se comporten como no pudieron o no quisieron hacerlo en los
desaseados comicios de 2006, es decir, como árbitros y jueces electorales
coherentes, firmes e imparciales, más allá de toda duda.
En este sentido, resulta lamentable la
reunión sostenida el pasado miércoles entre el titular del Ejecutivo federal,
Felipe Calderón Hinojosa, y el propio Valdés Zurita: aunque fue formalmente
anunciada como un acto protocolario para garantizar la certeza y la seguridad
en la jornada comicial, en la circunstancia actual un encuentro semejante –innecesario
e improcedente, por cuanto el IFE es una institución autónoma, con facultad y
obligación de operar en forma plenamente independiente– alimenta los rumores y
susceptibilidades en torno a tratos inconfesables entre los participantes o
injerencias indebidas del poder presidencial en los comicios. Está fresco aún
el recuerdo del ilegítimo sometimiento que protagonizó el antecesor de Zurita,
Luis Carlos Ugalde, ante el entonces presidente Vicente Fox en las turbias
elecciones de hace seis años.
Si partidos e instituciones electorales no
corrigen su desempeño estarán condenando al país a un nuevo conflicto
poselectoral de consecuencias impredecibles y, en el menos peor de los casos, a
la conformación de un segundo gobierno carente de legitimidad, como el que está
a punto de concluir.
En suma, a unas cuantas horas de la
realización de los comicios, el conjunto de los involucrados debe comprender
que en el actual proceso están operando en los límites de credibilidad de los
procesos democráticos. De persistir en las prácticas tradicionales de
distorsión de la voluntad popular y opacidad, terminarán por agotar tal
credibilidad y harán, con ello, un gravísimo daño al desarrollo político del
país, a la ciudadanía, a la institucionalidad republicana y a sí mismos.
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