Represión estudiantil e irresponsabilidad
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
El violento desalojo policiaco efectuado
la madrugada de ayer en tres casas de estudiantes de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo –cuyos integrantes demandan apoyos para transporte,
combustible y viáticos para promover los albergues universitarios en la
entidad– abre perspectivas preocupantes en torno al desarrollo democrático y al
potencial explosivo del ejercicio del poder en aquel estado.
En primer término, los
hechos referidos dan cuenta de una convergencia entre la torpeza gubernamental
para atender las demandas sociales y los excesos represivos con que se emplea
la fuerza pública en el país, particularmente en Michoacán. Ciertamente, el
Estado, en tanto detentador del monopolio de la fuerza y la violencia
legítimas, tiene la facultad de ejercer, por conducto de sus cuerpos
policiales, acciones coercitivas en contra de expresiones que pongan en riesgo
la gobernabilidad y la seguridad pública. Pero tal facultad debe ser ejercida
siempre como último recurso, y en ningún caso se justifica que sea empleada
como sucedáneo de la incapacidad gubernamental para dialogar, atender, o por lo
menos escuchar las demandas de los inconformes y resolver los conflictos. A
contrapelo de esas consideraciones, la reacción desproporcionada de las
autoridades michoacanas, la sordera exhibida frente a los reclamos de los
estudiantes, y la tendencia a dar a éstos un trato de delincuentes constituyen
actitudes difícilmente consistentes con la supuesta voluntad de diálogo que ha
pregonado en las últimas horas el gobierno de Fausto Vallejo.
Por lo demás, los
alegatos de la administración estatal de que durante el desalojo se actuó con apego
a la ley es difícilmente creíble cuando, según versiones de los propios
estudiantes, en los hechos ocurridos ayer los efectivos policiacos incurrieron
en detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, amenazas contra los
inconformes y otras prácticas que no son propias de gobiernos democráticos y
respetuosos del estado de derecho, sino de un poder autoritario y represor.
Así pues, con
independencia de los intentos argumentativos del gobierno michoacano por
justificar las acciones de ayer, éstas arrojan luz hacia una circunstancia más
de fondo y preocupante: la persistencia en la criminalización de las
inconformidades sociales que aumentan en el territorio nacional, lo cual,
aunado a la indolencia de las autoridades de todos los niveles para atender
demandas de sectores inconformes, configura una mezcla explosiva e incluso
mortal, como quedó de manifiesto el pasado 12 de diciembre con el asesinato de
dos normalistas de Ayotzinapa en la Autopista del Sol.
En lo inmediato, y por
más que la acción policiaca de ayer pueda desatar el aplauso fácil y
complaciente de las elites locales y nacionales y de los medios informativos
afines al poder, el gobierno de Fausto Vallejo debe ponderar los riesgos de
intentar imponer la autoridad del Estado por la vía represiva. Lo que menos
requiere el país en el momento presente es multiplicar los factores de encono y
los focos de explosividad social en el territorio. El episodio represivo de
ayer en el centro de Morelia constituye, en ese sentido, una muestra lamentable
de irresponsabilidad política.
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