Fraude en curso
Manuel Bartlett Díaz
Condición determinante de un proceso electoral democrático es la equidad en las contiendas, el objetivo de lograrla ha resultado en una permanente revisión del sistema electoral, dado que cada elección expone nuevas formas de inequidad que han obligado a nuevas reformas para conjurarlas, para la siguiente elección.
Sin embargo, el perfeccionamiento de las normas que rigen el proceso ha creado mecanismos que permiten a la autoridad electoral intervenir frente a violaciones, en el momento en que son detectadas o denunciadas, so pena de que durante el proceso se vulneren elementos que hagan que el resultado final de la elección sea antidemocrático y por lo tanto ilegítimo.
Es el caso de la elección de Calderón que por cobardía o complicidad, el IFE permitió acciones que produjeron un resultado deslegitimado. El Tribunal Electoral hubo de reconocer graves violaciones: campaña negra mediática, compras ilegales de tiempos, e intervención del Presidente Fox, transgresiones que inexplicablemente consideró no determinantes y validó la elección, entronizando un gobierno deslegitimado, sin autoridad. Daño irreparable para la República.
En el actual proceso electoral, a sólo veinte días, hay evidencias de
violaciones graves que de no ser frenadas y corregidas por el IFE, resultará
una elección igualmente ilegítima, que el pueblo no tolerará.Condición determinante de un proceso electoral democrático es la equidad en las contiendas, el objetivo de lograrla ha resultado en una permanente revisión del sistema electoral, dado que cada elección expone nuevas formas de inequidad que han obligado a nuevas reformas para conjurarlas, para la siguiente elección.
Sin embargo, el perfeccionamiento de las normas que rigen el proceso ha creado mecanismos que permiten a la autoridad electoral intervenir frente a violaciones, en el momento en que son detectadas o denunciadas, so pena de que durante el proceso se vulneren elementos que hagan que el resultado final de la elección sea antidemocrático y por lo tanto ilegítimo.
Es el caso de la elección de Calderón que por cobardía o complicidad, el IFE permitió acciones que produjeron un resultado deslegitimado. El Tribunal Electoral hubo de reconocer graves violaciones: campaña negra mediática, compras ilegales de tiempos, e intervención del Presidente Fox, transgresiones que inexplicablemente consideró no determinantes y validó la elección, entronizando un gobierno deslegitimado, sin autoridad. Daño irreparable para la República.
Una de las disposiciones para garantizar equidad en la elección es la fijación de topes en el gasto de campaña y evitar el exceso de dinero. Ningún candidato puede gastar más del tope definido por el Consejo General del IFE, para la igualdad de condiciones de los contendientes.
Sin embargo, el primer día de la campaña el país se vio inundado por un apabullante despliegue de publicidad del candidato Peña Nieto, en vallas, parabuses, espectaculares, bardas y lonas. Según muestreo que practicó el periódico Reforma, publicado el martes, en Monterrey, Guadalajara y DF, Peña Nieto tiene más espectaculares, vallas y parabuses en una proporción que va de 3 a 1 con respecto a Josefina Vázquez Mota y de 5 a 1 con relación a Andrés Manuel López Obrador.
Según dicha investigación, Peña Nieto tiene contratados 343 espectaculares, 776 vallas y 638 parabuses, todos colocados en arterias, avenidas primarias y nodos vehiculares. El costo promedio por 3 meses, es de 38 millones de pesos en espectaculares, 52 millones en vallas y 11 millones de pesos en parabuses, es decir, Peña Nieto ha gastado tan sólo en estos tres conceptos y en sólo 3 ciudades, más de 100 millones de pesos. Siendo el tope de gastos de campaña, fijado por el IFE a los candidatos a Presidente de la República, de 336 millones de pesos, Peña Nieto ha gastado en 20 días más de 100 millones, que representan el 30% de su tope de campaña. Es evidente, como lo hemos comentado, que esta profusión de propaganda no se limita a estas tres ciudades, aparece en todo el país, no sólo en las zonas urbanas sino en carreteras, caminos vecinales, en zonas de escasa población.
Además de la evidente violación consistente en el rebase del tope de gasto, genera inequidad y exceso de dinero que desvirtúa el objetivo legal.
El IFE ha recibido una denuncia oficial al respecto, y tiene los instrumentos de fiscalización para comprobarlo, normas que le permiten exigir presentación de informes anticipados de las contrataciones de promocionales y de las empresas involucradas. La fiscalización no ofrece dificultad, se trata de gasto a la vista, fácilmente verificable. El IFE no puede repetir la permisibilidad pasada, tiene que actuar de inmediato para asegurar una elección democrática.
mbartlett_diaz@hotmail.com
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