Los salinistas, de regreso: Pedro Aspe, José Córdoba Montoya y Santiago Levy, en el equipo de EPN : Por Jenaro Villamil

Los salinistas, de regreso: Pedro Aspe, José Córdoba Montoya y Santiago Levy, en el equipo de EPN
Por Jenaro Villamil
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Convertidos en consultores, accionistas o cabilderos de trasnacionales de los ramos energético, eléctrico y manufacturero; en asesores e intermediarios entre gobiernos estatales y la banca para “renegociar” las millonarias deudas locales, los dos colaboradores más importantes del sexenio salinista, Pedro Aspe y José Córdoba Montoya, están de vuelta. Son los “cerebros” del candidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto. Pilares de la tecnocracia mexicana, sobrevivientes en la disputa entre Carlos Salinas y su sucesor Ernesto Zedillo, los dos integrantes del grupo compacto formado en la Secretaría de Programación y Presupuesto durante el sexenio de Miguel de la Madrid, operan fuera de reflectores. Hoy, Aspe y Córdoba influyen en las principales propuestas de gobierno del candidato priista. Su trabajo consiste en convencer al empresariado para que apoye a Peña Nieto, pero sobre todo definen el tono ideológico del mexiquense que aspira a ser el presidente de los “compromisos cumplidos” y del “gobierno eficaz”.
El vínculo entre Aspe, autor de la frase “la pobreza es un mito genial”, y el equipo de Peña Nieto, viene de su relación con Luis Videgaray: el coordinador general de la campaña es su alumno, además de socio en la consultora Protego Asesores, rebautizada el lunes 2 de abril como Evercore Casa de Bolsa, “empresa líder en banca de inversión”. Fundada en 1996 por Aspe, la firma ha restructurado más de 100 transacciones de banca de inversión como “colocaciones de capital privado, financiamiento de proyectos de energía, reestructuraciones financieras, fusiones y adquisiciones y financiamiento a estados y municipios”. Entre esas entidades cuya deuda renegociaron están el Estado de México y el Distrito Federal, así como decenas de municipios importantes como Tijuana, sede del poder de Jorge Hank Rohn, el hijo incómodo del profesor Carlos Hank González. Más discreto, desde una casona de la colonia Roma, en la Ciudad de México, Córdoba Montoya, jefe de la Oficina de la Presidencia durante el gobierno de Salinas y artífice de la estrategia política para lograr las reformas económicas y la apertura comercial, es el principal ideólogo del “gobierno eficaz” de Peña Nieto. Defensor de un presidencialismo fuerte y enemigo de los “gobiernos divididos”, Córdoba menosprecia la necesidad de una reforma política para incorporar elementos parlamentarios al modelo mexicano; también es artífice de una propuesta para eliminar 100 diputados plurinominales, uno de los tres primeros compromisos que el candidato priista firmó al arrancar su campaña en Guadalajara el 30 de marzo último. Un tercer “cerebro” en el equipo de Peña nieto es Santiago Levy, director del Seguro Social en el gobierno de Vicente Fox. Antes, en el sexenio de Zedillo, fue subsecretario de Hacienda. Junto con Luis Téllez, Francisco Gil Díaz, Agustín Carstens, Javier Lozano, Jesús Reyes Heroles y otros tecnócratas de origen priista, se sumó a la ola del cambio panista, pero ahora regresa para terminar su proyecto de política de combate a la pobreza. Fue Levy quien le vendió a Peña Nieto la idea de crear el Sistema de Seguridad Universal, que supondría un costo total menor a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), pero implicaría reformas constitucionales importantes, así como un IVA generalizado en medicamentos y medicinas, propuesta que hasta ahora no ha hecho pública el aspirante presidencial priista. En sus mítines, Peña Nieto suele decir que mantendrá los programas para eliminar la pobreza, empezando por Progresa y Oportunidades, creados precisamente por Levy. Desde el sábado 14 de abril, en Guanajuato y Morelos, Peña Nieto incorporó en este esquema al Pronasol, el programa consentido del sexenio de Salinas.   LA CÁTEDRA DE ASPE  “El candidato que tenga 22 prioridades no tiene ninguna. Yo planteo sólo tres modernizaciones”: la del sector energético, la del sector educativo, y la de ciencia y tecnología; quizá le agregaría la reforma laboral, afirmó Aspe en una conferencia de tres horas la tarde del miércoles 18. Operador de las modernizaciones de la era salinista –sinónimo de la política de privatizaciones–, el exsecretario de Hacienda dictó cátedra ante los integrantes de la Academia Mexicana de Auditoría Integral al Desempeño. Ante ellos Aspe se explayó en su análisis de “La recuperación mexicana y el resto del mundo”. No hubo prensa en el evento; sólo estuvo presente Proceso. Seguro de que en el próximo sexenio habrá en México una “explosión de consumo”, el conferencista recomendó expandir el modelo de Tratado de Libre Comercio con las naciones emergentes de Asia-Pacífico y Latinoamérica; expuso también la necesidad de culminar la tarea iniciada hace un cuarto de siglo por el sexenio salinista: el “nuevo paradigma” de la liberalización y la productividad. Aunque discreto en sus opiniones políticas, Aspe no ocultó sus coincidencias con Peña Nieto sobre la urgencia de aprobar una reforma energética, tal como el candidato la expone en su libro México, la gran esperanza. No es casual el énfasis de Aspe y su consultora en relación con la privatización energética. El 2 de marzo pasado, mediante una transacción de entre 45 y 50 millones de dólares, Protego-Evercore adquirió 20% de Grupo Diavaz, cuyas principales actividades son extracción de petróleo y gas, así como distribución de gas natural. En 2008, Grupo Diavaz ganó la licitación para la explotación de crudo en un campo maduro en Ébano, San Luis Potosí. En su conferencia Aspe palomeó a Peña Nieto y a Josefina Vázquez Mota por plantear la apertura en el sector energético. Dijo que en materia de modernización educativa y de ciencia y tecnología “existe una baja productividad porque la cobertura y la calidad de la educación, así como la inversión en investigación, innovación y desarrollo tecnológico, son elementos que tienen un impacto directo en la productividad de la economía”. Las mismas palabras que aparecen en la página 64 del libro de Peña Nieto. No son las únicas coincidencias entre el peñismo y el exfuncionario salinista, quien ese día defendió ante los auditores el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), la herencia más importante del sexenio de Salinas; expuso también que México será más competitivo que China en la próxima década por sus salarios más bajos. Cuestionado sobre la crisis de las deudas estatales, como la de Coahuila, Aspe afirmó que “es un tema importante, pero no es sistémico, no puede desequilibrar el país”. Argumentó que la deuda histórica acumulada de los estados apenas representa 2.7% del PIB. Algunos auditores le recordaron que su empresa Protego fue artífice de las renegociaciones en varios estados. Ese es el origen del vínculo entre Aspe y el Estado de México. Su socio en Protego Asesores, Luis Videgaray, fue contratado para reestructurar y refinanciar la deuda de la entidad en 2004, que ascendía 2 mil 500 millones de dólares. A partir de 2006, Aspe pasó a formar parte del Consejo de Administración de Televisa, la empresa que ha impulsado de manera abierta la carrera presidencial del mexiquense. Con el respaldo de Aspe, Videgaray se convirtió en secretario de Finanzas del gobierno peñista. En 2009 llegó a la Cámara de Diputados, donde presidió la Comisión de Presupuesto. Dos años después, buscó la candidatura de su partido al gobierno del Estado de México; tras perder, se sumó a Eruviel Ávila, el exalcalde de Ecatepec, e incluso coordinó su campaña. Desde noviembre de 2011, Videgaray es el coordinador general de la campaña de Peña Nieto. Es el responsable de la estructura paralela de 18 coordinadores sectoriales, 32 por entidad federativa, y cinco por  cada circunscripción electoral. LA HUELLA DE CÓRDOBA MONTOYA  La huella de Córdoba Montoya se dejó sentir desde el primer día de la campaña de Peña Nieto. La propuesta de eliminar el principio de representación proporcional de ambos es idéntica. En abril de 2010, el exasesor salinista escribió un extenso artículo sobre el tema en la revista Nexos y en el periódico Reforma, justo el año que se aprobó la Ley Peña en el Congreso mexiquense para bloquear las candidaturas comunes de los partidos opositores. La tesis de Córdoba es muy simple: en regímenes presidencialistas como el mexicano, el principio de representación proporcional no ha permitido gobiernos eficaces, sino gobiernos divididos porque “fragmenta la representación partidaria y otorga a las minorías un poder excesivo”. “El parlamentarismo puede convivir con el principio de mayoría, pero el presidencialismo no funciona eficazmente con el principio de representación proporcional. La razón es clara: el incentivo para construir una coalición partidista es muy superior en un régimen parlamentario –puesto que de esa coalición sale el Ejecutivo– que en uno presidencial. La historia de México en los últimos 13 años lo confirma”, sentenció Córdoba. En el último párrafo, el asesor salinista e impulsor de las candidaturas de Luis Donaldo Colosio, primero, y de Ernesto Zedillo, después, lanzó incluso un juicio polémico en su colaboración para Reforma, titulada “Contra el proporcionalismo”, publicado el 11 de abril de 2010: “El régimen político mexicano siempre ha sido presidencial. Actualmente, el sistema electoral mexicano es de representación mixta con preponderancia mayoritaria. Pero lo que hacen las fórmulas vigentes de integración de la Cámara de Diputados no es atemperar los excesos del principio de mayoría, sino violentar su esencia, que consiste en darle el derecho temporal de legislar al partido que obtiene la mayoría absoluta de diputados de mayoría… “Lo artificial es topar la ‘sobrerrepresentación’ en 8%, como ocurre hoy, para forzar gobiernos divididos y despojar al partido más grande de su eventual derecho a legislar. Ciertamente, la cláusula de gobernabilidad, que transforma mayoría relativa de votos en mayoría absoluta de escaños, tiene también un elemento arbitrario: fijar en 35% el porcentaje mínimo de votos para su aplicación. Pero hay una manera obvia de enderezar este aparente artilugio: el reparto plurinominal debiera simplemente asegurar que conserva la mayoría absoluta de escaños en la Cámara el partido que, en su caso, alcance la mayoría absoluta de diputados de mayoría”. Peña Nieto y su equipo de redactores del libro México, la gran esperanza tomaron al pie de la letra los textos de Córdoba e incluyeron en el apartado “Democracia con resultados” dos propuestas para restablecer el modelo presidencialista que defiende el exasesor de Salinas: eliminar la cláusula de 8% de sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados (proveniente de la reforma electoral de 1996) y “eliminar 100 diputados de representación proporcional”. El exasesor del salinismo no sólo pretende eliminar 100 diputados plurinominales, sino que el próximo presidente tenga también el dominio en el Congreso para culminar las reformas económicas que iniciaron hace más de tres décadas. Hace más de 20 años, en 1990, Córdoba publicó en la edición 128 de Nexos, en pleno salinismo, su ensayo “Diez lecciones de la reforma económica en México”, que en su parte medular plantea lo mismo que Aspe: “La liberalización del comercio es fundamental para inducir la eficiencia microeconómica y consolidar la estabilidad macroeconómica… Acelerar el proceso de liberalización comercial resulta conveniente para asegurar su irreversibilidad y, también, para que las empresas introduzcan cambios necesarios e incrementen su productividad en poco tiempo”. Córdoba también está interesado en acelerar la privatización del sector de energía. “Obviamente, estaba metido con la empresa Mexicana de Mantenimiento y Alumbrado (MMA), de capital francés y español, filial del consorcio francés Citelum”, señalaba Manuel Bartlett, en un articulo publicado por La Jornada de Oriente el 21 de enero de 2004. Según el diario, el contacto para ese nexo era Alejandro Parrodi, representante legal de la firma Basham Ringe y Correa, S.C., accionista de Citelum. Córdoba trabajó como cabildero para esa y otras compañías extranjeras interesadas en el negocio de la energía eléctrica. EL IMSS DE LEVY En materia de política social, Peña Nieto contrató los servicios de Santiago Levy, director del Seguro Social con Vicente Fox y promotor desde 2002 del esquema de subrogación de los servicios de guarderías del IMSS, cuyos vicios se materializaron en el incendio del 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, a raíz del cual fallecieron 49 niños y 101 resultaron lesionados. Durante su gestión Levy se enfrentó al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, encabezado por Roberto Vega Galina. En esa época perdió la confianza de Fox por su incapacidad para mejorar el servicio del IMSS y por sus constantes roces con el secretario del Trabajo, Carlos Abascal, recuerda Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana  Xochimilco. Pese al desprestigio de los tecnócratas de la era de Salinas y Zedillo, asegura Leal Fernández, Peña Nieto está embelesado con ellos. “Está completamente embrujado por los funcionarios de organismos internacionales, entre ellos Levy”, actual vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, desde donde escribe textos y recomendaciones para eliminar la pobreza. El proyecto de Peña Nieto recuperó su propuesta de un Sistema de Seguridad Social Universal. En el capítulo 5 de su libro México, la gran esperanza, cita la tesis de Levy: “La coexistencia de dos esquemas de protección social fomenta la economía informal”: “Para corregir esta situación debemos construir un Sistema de Seguridad Social y Universal que otorgue un piso de protección social básico y gratuito  a todos los mexicanos. Este sistema debe incluir cuatro elementos fundamentales: acceso efectivo a los servicios de salud, prensión para la vejez, seguro de desempleo y seguro de riesgos de trabajo. En este sentido, la condición de ciudadanía y no la participación en el mercado laboral debe ser el eje del nuevo sistema de seguridad social”. Para lograrlo, se debe instrumentar una “reforma fiscal integral” basada en los planteamientos de Levy. El problema, advierte Leal Fernández, “es que es intransitable para el PRI porque implicaría elevar impuestos, sobre todo generalizar a 16% el IVA en medicinas y alimentos y reducir prestaciones”.