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Wal-Mart: el silencio cómplice 
Por: Redacción de www.sinembargo.mx
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Ni el gobierno ni las autoridades de justicia en México han asumido una postura, muchos menos una investigación formal, sobre las acusaciones de corrupción que pesan sobre Wal Mart en Estados Unidos, y que destapara el sábado pasado el diario The New York Times. De acuerdo con la denuncia presentada funcionarios alcaldes y funcionarios municipales recibieron 24 millones de dólares de la subsidiaria mexicana de esa cadena trasnacional para “facilitar” su expansión en el país. Sin embargo, esto es apenas la punta del iceberg pues a raíz de esa publicación, también se reabrió el caso de una tienda Wal Mart abierta en Teotihuacán, Estado de México, en 2004, y donde –de acuerdo con las denuncias– está involucrado el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues el almacén se instaló en terrenos de zona arqueológica, por lo que no había permisos para construir ni del municipio ni del propio INAH, que es una dependencia federal que depende directamente de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por ese tiempo, en el sexenio de Vicente Fox Quesada, el titular la SEP era el regiomontano y ex rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Reyes Tamez Guerra, quien luego, ya en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se convirtiera en diputado federal del Partido Nueva Alianza, instituto político que maneja la profesora Elba Esther Gordillo Morales. Enrique Bonilla Rodríguez, quien dirige el Frente Nacional contra Wal Mart –creado justo a raíz de la construcción de un almacén de esta cadena en terrenos cercanos a la zona arqueológica de Teotihuacán, ha denunciado –con pruebas en mano– durante los últimos ocho años los abusos de este consorcio estadounidense por violaciones laborales, daños ambientales, evasión de impuestos y afectación a pequeños y medianos comerciantes, entre otros. Pero, como ahora suceda ante este escándalo de sobornos y corrupción, el gobierno federal poco caso le ha hecho.
Ayer, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López se unió a los reclamos de Bonilla Rodríguez. El también consultor de diversos organismos internacionales exigió que la Secretaría de la Función Pública se pronuncie sobre si activa o no los mecanismos de la Convención contra el Soborno de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico para ver si hay un delito que perseguir, independientemente de lo que establezcan las legislaciones locales. “Las leyes en México y Estados Unidos en materia de soborno están homologadas, por lo que las prácticas (de las empresas) deben ser las mismas en ambos países”, expuso el doctor Bohórquez López. Además, el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), José Antonio Quesada Palacios, exigió que las autoridades reguladoras investiguen el caso Wal Mart, ya que está afectando al mercado accionario en México y en Estados Unidos, donde cotiza esta empresa minorista. Además, dijo, es necesario diseñar una “ley anticorrupción” en el país. El ejecutivo insistió en que las acusaciones no son menores, pues la investigación contra la principal cadena minorista de México se centra en cómo fue incrementando la construcción de tiendas a través de sobornos a funcionarios públicos para obtener permisos de construcción. No obstante, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa no ha realizado un pronunciamiento formal, si acaso una lacónica declaración por parte del secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, quien expuso que la dependencia a su cargo iniciaría una investigación del caso. Y otra más de Marisela Morales Ibáñez, titular de la Procuraduría General de la República, quien al ser cuestionada de si en este tendrían que actuar de oficio o esperar una denuncia respondió: “Bueno vamos a analizarlo, todavía no podría comentarle al respecto y bueno, en su momento se les podría dar alguna información más en detalle. Ahorita no estaríamos en condiciones de responder a sus preguntas. Pero nada más. La administración calderonista ha hecho mutis sobre el caso que, por su impacto bursátil, ha alcanzado ya dimensión internacional. A los que no les parece menor la denuncia sobre las “mordidas” que Wal Mart paga en México es a los del gobierno estadounidense. Tan es así que ayer, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya abrió una investigación penal en contra de Wal-Mart, por la presunta práctica de “soborno sistemático” en México, de acuerdo con información de The Washington Post. Además, el diario de la capital estadounidense destacó que la ley de Practicas Corruptas en el Extranjero (FCPA) prohíbe a las empresas sobornar a autoridades en el extranjero para obtener ganancias en los negocios. Un dato más que revela los beneficios que esa cadena, propiedad de Wal Mart Stores, ha tenido en México lo reveló el diario La Jornada: en los 11 años de gobiernos surgidos del PAN ha tenido una expansión sin precedentes, como en ninguna otra de sus subsidiarias en el mundo, y ha reportado ganancias de 156 mil 635 millones de pesos entre 2001 y 2011.   * * * Como si la campaña de Josefina Vázquez Mota no fuera ya suficientemente criticada, ahora uno de sus asesores de lujo, el ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva Ramírez, está siendo criticado no sólo dentro de la esfera política guanajuatense, sino que su administración (de la que se despidió el pasado 29 de marzo, cuando presentó una licencia por tiempo indefinido para sumar al Comité Ejecutivo Nacional del PAN, a seis meses de terminar su sexenio) está siendo duramente criticada por organismos internacionales. El fin de semana pasado, cuando Vázquez Mota redujo sensiblemente sus actividades de campaña, Oliva Ramírez volvió a su terruño para desplegar ahí un activismo que fue calificado como “desmesurado” por algunos analistas políticos. El periodista Arnoldo Cuéllar, director del sitio www.zonafranca.mx, lo dijo por lo claro: “¿Qué tiene que hacer el coordinador de las redes josefinistas en el país, tomándole la protesta a 400 panistas de Abasolo? Si va a hacer esto municipio por municipio, en el país, el primero de julio le va a pillar con la tarea apenas iniciada. “¿Y la comida que reunió a otros mil quinientos integrantes de las redes que Oliva construyó como ex dirigente del PAN y gobernador, qué sentido puede tener sin la presencia del candidato a gobernador [por el PAN] Miguel Márquez Márquez? “Si se trata de la labor encomendada por el CEN del PAN para incrementar la aún floja tendencia de voto a favor de Josefina Vázquez Mota, ¿porqué Oliva acude a esos eventos acompañado de su esposa? ¿El encargo es personal o familiar?”. La respuesta es que Oliva no termina por irse de Guanajuato, o de plano no confía en el triunfo de su candidata y quiere, a toda costa, conservar “capital político” en la entidad que gobernó. Pero su capital se está acabando y si no lo cree, nomás hay que revisar las cifras del informe que ayer publicó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU): En 2005, Guanajuato ocupaba el lugar número 21 en el Índice de Competitividad Social y en 2011 bajó a la posición 23. Además, es la novena entidad más rezagada del país; seis de cada 10 personas carecen de prestaciones laborales y sólo una tercera parte del estado tiene acceso a servicios de salud. Las cifras del PNUD son aún más extensos y evidencian, sin adjetivos y con la frialdad de los números, que todos los indicadores sociales en Guanajuato empeoraron en los últimos seis años.