IFE indolente
John M. Ackerman
La reacción del IFE frente a las denuncias
sobre el probable rebase del tope de campaña de Enrique Peña Nieto es una copia
fiel de su comportamiento durante las elecciones presidenciales de 2006. Una
vez más, en lugar de encontrar razones para actuar en favor de la equidad y el
estado de derecho, el instituto recurre a pretextos para mantenerse pasivo e
indolente. Tal como ocurrió hace seis años, la autoridad incumple con la neutralidad
y facilita la imposición de un resultado electoral a las espaldas de la
ciudadanía.
En 2006, el IFE dejó
pasar una ofensiva campaña mediática calumniosa, los anuncios televisivos
ilegales patrocinados por el sector privado y la intervención indebida del
gobierno federal, entre otras conocidas violaciones. Todos recordamos cómo el
instituto también se negó rotundamente a ordenar un amplio recuento de la
votación presidencial.
En todos esos casos,
Luis Carlos Ugalde y los otros consejeros pretextaron quela ley no les
permitía hacer otra cosa. Como cualquier corrupto burócrata de ventanilla,
pedían a los denunciantes darse otra vuelta el próximo día para formarse de
nuevo en la fila.
El viernes pasado, la
recientemente nombrada consejera electoral María Marván resucitó el fantasma de
Ugalde. Indignada con la osadía de la coalición progresista y el PAN de
denunciar los gastos de Peña, de manera tajante afirmó que en el IFE no
podemos hacer absolutamente nada. De acuerdo con la consejera, quien se
queja de irregularidades sabe perfectamente que el proceso de
fiscalización de las campañas es hasta que acaban y el instituto
electoral no puede hacer ni más ni menos de lo que le pone la ley.
El consejero presidente
Leonardo Valdés ha cometido una pifia similar. En un artículo de prensa
escribió que es imposible determinar ahora, durante el periodo de
campañas, el rebase de topes de gastos de campaña de candidato alguno: el IFE
no está facultado para auditar los gastos de partidos y candidatos antes de que
termine la propia campaña.
No nos dejemos engañar.
El Cofipe señala que en casos de excepción, y previo acuerdo del Consejo
General, la Unidad [de Fiscalización] podrá abrir procesos extraordinarios de
fiscalización con plazos diferentes (artículo 85). Asimismo, el artículo
84 de la misma norma ordena a todos los partidos presentar un informe
preliminar de sus gastos de campaña antes del 15 de junio.
Y cuando se trata de
irregularidades que ponen en riesgo la equidad y la legalidad del proceso
electoral en su conjunto, ni siquiera es necesario recurrir a los burocráticos
lineamientos del proceso fiscalizador. El Cofipe indica que cualquier
persona podrá presentar quejas o denuncias por presuntas violaciones a la
normatividad electoral(artículo 362). Si la queja presenta indicios claros de
que la ley pudo haber sido violada, el IFE está obligado a admitir, investigar
y resolver el caso. El instituto debe proceder de manera inquisitiva y exhaustiva en
estos procesos, de acuerdo con los criterios del TEPJF.
Es completamente falso
entonces que la ley prohíba que el IFE revise antes de la elección los gastos
de Peña. Esto queda aún más claro con la pantomima del acuerdo entre el PRI y
el IFE para que la autoridad electoral envíe auditores para revisar los papeles
del viejo partido de Estado. Ahora resulta que la autoridad siempre sí
puedehacer algo, pero siempre y cuando el proceso sea dirigido y convocado por
el mismo partido. Queda claro que no es la ley, sino la voluntad lo que limita
la acción del instituto electoral.
Ahora bien, lo
importante no es que el IFE vaya y revise los papeles que PRI le quiera
mostrar, sino que la autoridad verifique de manera independiente los costos de
la campaña de Peña Nieto. Solamente el observador más ingenuo podría creer que
todo el derrochador gasto para el arranque de la campaña hubiera sido pagado y
facturado en favor del PRI. Además de los papeles y los movimientos bancarios
formales, evidentemente también fluyen vastas cantidades de dinero en efectivo
que sirven para engrasar la campaña. Las donaciones en especie y los descuentos de
parte de personas físicas y morales, algunos incluso de dudosa procedencia,
también seguramente están a la orden del día.
El IFE se enorgullece de
que se han seleccionado 50 distritos electorales al azar para ser monitoreados directamente
a nivel de calle por auditores del instituto. Sin embargo, esta revisión no es
permanente y el IFE dará previo aviso 48 horas antes de cada visita. Dos días
es más que suficiente tiempo para inmediatamente retirar cualquier propaganda
fuera de la ley y así esconder el despilfarro. Y una vez que se sepa cuáles son
los 50 distritos que estarán bajo vigilancia especial, los partidos tendrán un
cheque en blanco para gastar a manos llenas en los otros 250.
También habría que
preguntarnos hasta qué punto estos auditores se limitarán a tomar fotos y
pasear por las calles, o si fungirán como verdaderos detectives para descubrir
la compra y coacción del voto durante las semanas previas a la elección, así
como para perseguir el acarreo y las prácticas ominosas, como el carrusel,
durante la jornada electoral. La sospecha es que una vez más en el IFE
imperarán la desidia y el formalismo burocrático por encima de la exhaustividad
y el compromiso con la investigación.
En cualquier democracia
y de acuerdo con nuestra propia Constitución, no debe ganar quien acarrea,
engaña y compra más votos y propaganda, sino quien recibe más sufragios
libremente emitidos. Recordémosles a los consejeros del IFE que el presidente
electo no lo determinarán ellos el próximo 1º de julio, sino el TEPJF
posteriormente, una vez que haya podido evaluar la autenticidad del proceso
electoral. Si el instituto no actúa ahora para defender la legalidad, no cabe
duda de que una vez más se podría poner en duda la legitimidad y la validez de
la elección presidencial.
Justicia ya para Regina
Martínez, ni una muerte más. En solidaridad con los estudiantes de Michoacán
Twitter: @JohnMAckerman
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