Gobierno por discurso
Ernesto Villanueva
En días pasados, el 7 de septiembre, a propósito de la Semana de Transparencia que organizó el IFAI, el presidente Felipe Calderón faltó a su investidura presidencial al dejar de ajustar su conducta a lo previsto por la Constitución y las leyes, poniendo de plano de relieve su desprecio por el estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. Veamos por qué.
Primero. Con motivo de su intervención al inaugurar la Semana de Transparencia, Calderón no sólo dijo lo que quiso escuchar su auditorio, como hace la mayoría de los políticos, sino que afirmó: “He visto que hay, todavía, en fin, muchas decisiones que se toman y que se aplican, o se invocan casos de reserva; otras, incluso, que se litigan con el Instituto. Yo les quiero pedir una cosa: que no establezcan ni casos de reserva y menos litigios, a menos que verdaderamente haya un caso que lo justifique. En cuyo caso le voy a pedir al secretario de la Función Pública que sea la dependencia que autorice, finalmente, si una dependencia hace reservas o litigios. Así que, en otras palabras, les instruyo a todos los servidores públicos encargados de la transparencia que no apliquen reservas mecánicamente en los asuntos que dictaminen. Y que si van a litigar tienen que pedir una autorización expresa de las áreas de Función Pública o de Consejería –ya veremos– para no detener este proceso de información y transparencia”.
Todas estas palabras tienen la fuerza de un buen deseo. Pero carecen de toda validez jurídica por la sencilla razón de que no fueron vertidas conforme a lo dispuesto por el orden normativo vigente. Por fortuna para los mexicanos, el gobierno por discurso sólo es exigible en el cerebro de Calderón, aunque resulta muy lamentable que se aproveche de la ignorancia del pueblo para hacer creer lo contrario a lo que su desarrollo personal acredita.
Segundo. El presidente de la República sólo puede hacer lo que expresamente le confiere la Constitución, y en particular el artículo 89 y las leyes reglamentarias correspondientes. Conforme al 89 constitucional, el presidente tiene dos facultades reconocidas por la doctrina como reglamentarias: a) la expedición de reglamentos heterónomos; es decir, aquellos que desarrollan en detalle una ley expedida por el Congreso de la Unión, sin alterar ni modificar su sentido, y b) la expedición de reglamentos autónomos, que son aquellos conjuntos de normas jurídicas que desarrollan conductas sin que medie la aprobación de una ley en sentido formal.
Si en verdad no hubiese sido una tomadura de pelo lo que hizo Calderón, el presidente debió realizar al menos dos tareas: a) enviar ese día un proyecto de iniciativa de ley con reformas a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y al Código Penal Federal, que dotara de nuevas atribuciones al IFAI, limitara la actuación de los servidores públicos y restringiera los casos de clasificación informativa; y b) ordenar por escrito, con las formalidades que la ley exige, publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto que estableciera de manera detallada en qué casos sí y en qué casos no las dependencias y entidades de la administración pública federal pueden recurrir las resoluciones del IFAI, y en qué casos sólo se pueden aplicar las causales de reserva de manera limitativa; estableciendo, por supuesto, las sanciones para quienes observen una conducta contraria a la norma. No hizo ni lo primero ni lo segundo. Eso se llama simulación, demagogia para engañar a la gente con discursos que dicen exactamente lo contrario de lo que se hace.
Tercero. En el proceso de aprobación de la Ley Federal de Transparencia, Calderón era coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Fue, me consta, uno de los más reacios y fuertes opositores a que una ley de esta naturaleza se aprobara. Para bien del país, no tomaba las decisiones del país, y se vio obligado a obedecer los acuerdos con Santiago Creel y Eduardo Romero, quienes eran los más entusiastas en verdad con este tema dentro del gobierno foxista. Un video preparado hace tiempo por el Canal del Congreso de la Unión sobre la historia de la ley recupera una imagen de un Calderón enojado frente a un Jorge Islas feliz, junto con los diputados del PRI y del PRD, al anunciar los acuerdos para aprobar la ley citada.
Pero ahora, con esta gracejada presidencial del 7 de septiembre, ¿se imagina usted a un particular a quien se le ha reservado información, armado de una copia del discurso de Calderón para presentarlo ante la autoridad jurisdiccional competente con el fin de hacer valer su causa? Evidentemente que esto será inadmisible, pues dicho recurso no tiene ningún valor dentro de un proceso jurisdiccional.
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