Jorge Canto Alcocer
Con el cinismo que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria politiquera en las filas del PAN, Emilio González Márquez, casi siempre protagonista de titulares periodísticos por sus cantinfleadas en estado de ebriedad, lanzó en días pasados una nueva avanzada de lo que será la estrategia de la ultraderecha en una lid electoral en la que van, indudablemente, muy rezagados.
“Ganaremos si logramos demostrar que los Estados gobernados por priístas son más violentos que los gobernados por panistas”, dijo el charlatán que desgobierna Jalisco, aprovechando un espacio mediático en horario estelar y cobijado por uno de los “entrevistadores” a modo de la televisión comercial. Con esta afirmación, el también militante de grupos extremistas ligados a lo más oscuro del fanatismo católico, manifiesta con claridad el mentiroso cinismo propio de la derecha en general, y de los reducidos grupos de extremistas reaccionarios en particular.
Famoso por sus arranques públicos misóginos y homofóbicos, por su inmoderado consumo del alcohol y por una absoluta falta de propuestas sobre temas sociales, González Márquez nos anuncia de nuevo que su partido político utilizará sin el menor escrúpulo su propio fracaso en cuanto a la seguridad pública para arrojárselo a sus contrincantes, atribuyéndoles falsamente los males que la estupidez de Calderón y su lamentable administración han provocado.
Mentirosamente, además, porque las estadísticas contradicen rotundamente sus decires. Si consideramos las doce entidades más violentas del país, observamos que cinco de ellas son gobernadas por priístas (Chihuahua, Tamaulipas, Durango, Nuevo León y Estado de México), cuatro son gobernadas por panistas (Baja California, Morelos, Sinaloa y Sonora) y tres por perredistas (Guerrero, Michoacán y Distrito Federal); pero si tomamos en cuenta el indicador contrario, es decir, los cinco Estados más seguros, hallamos que el 80% son gobernados por priístas (Yucatán, Campeche, Colima y Zacatecas) y sólo uno por un panista (Baja California Sur).
En todo caso, la violencia que colapsa gran parte del país se inscribe dentro de las responsabilidades del gobierno usurpador, e, incluso, en gran medida es provocada directamente por la invasión de fuerzas militares y policiacas federales generalmente sin preparación, cuidado ni estrategia.
De lo que sí se puede responsabilizar a los gobernadores de todos los Estados tocados por el flagelo de la violencia –independientemente de su procedencia partidista- es de no haberse deslindado de la estúpida “guerra” y estar arropando discursiva y mediáticamente las acciones traidoras y criminales de la administración calderonista.
Ya el beodo de “Los Vinos” intentó sin éxito golpear al PRI acusándolo de impulsar un pacto con el crimen organizado. Ahora el beodo de Jalisco nos muestra que las absurdas declaraciones de Calderón no fueron únicamente un exabrupto, sino parte de una campaña sucia y burda, que seguramente terminará en fracaso.
Aquí el punto, por supuesto, no es defender al PRI, organismo político cuya responsabilidad en la actual debacle nacional es inmensa, sino advertir a la opinión pública, como se ha hecho ya desde esta nuestra tribuna y desde otras trincheras de la lucha popular, que la ultraderecha, en su desesperación ante su anticipada derrota, será capaz de cualquier mentira y de cualquier acción. Estemos alerta.
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