Miguel Ángel Granados Chapa
Quién sabe qué movió a Genaro García Luna a cursar la carrera de ingeniería civil en la Universidad Autónoma Metropolitana. Quizá fue un error porque en realidad conservó el deseo infantil de ser policía. En satisfacción de ese que parece constituir su verdadero interés profesional, trabajó en una oficina de espionaje, pomposamente llamado Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), en la Policía Federal Preventiva, en la Agencia Federal de Investigación y en la Secretaría de Seguridad Pública. Pero su controvertido desempeño público oculta un irrefrenable deseo de figurar en la pantalla de televisión. Si no él, que después de todo observa una mínima autocrítica y sabe que sus dificultades de articulación verbal le impiden transitar por esa senda, sí como productor.
No está de más recordar siempre el montaje por el cual presentó ante los engañados televidentes la detención de Florence Cassez como si ocurriera en tiempo real, según se dice ahora, o en vivo y en directo según la torpe fórmula de antaño. Es pertinente mantenerlo ante la atención pública porque de allí arrancó el conjunto de aberraciones ministeriales y judiciales que destrozaron la vida de esta joven mujer condenada a más de 60 años de prisión. Después de ese episodio, García Luna ha protagonizado otros, como su instantánea presencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para reducir a un pirata de utilería que amenazaba robarse un avión con todo y pasajeros.
Luego García Luna comenzó a hacer realidad su sueño dorado, el de transformar en actos mediáticos su desempeño al frente de la Policía Federal, en su condición de secretario de Seguridad Pública. Con la apariencia (y el costo) de un centro de mando ultramoderno, construyó en Iztapalapa lo que en realidad es un magno estudio de televisión, en el que muestra a detenidos relevantes en calidad de actores que repiten parlamentos escritos especialmente para el efecto.
Pero como es un productor ambicioso, ideó realizar una serie de televisión, difundida por el canal más visto en el país. De allí que ordenara a su directora de Comunicación Social, Verónica Peñúñuri Herrera, solicitara para cotización a Televisa, para la puesta en pantalla de 13 capítulos de una serie titulada provisionalmente y para efectos de la contratación mercantil Policía Federal. Héroes anónimos.
Digamos de paso que esa Dirección de Comunicación Social mintió al solicitante de información sobre esa serie, al decir que “la misma no existe en los archivos de esta unidad administrativa”. Con todo y esa negativa, El Universal, que fue el interesado en conseguir los pormenores que permitieron la salida al aire de El Equipo, como se llamó comercialmente la serie, obtuvo la documentación correspondiente. Por ella supimos que la secretaría de García Luna pagó poco más de 118 millones de pesos por la preproducción, producción, posproducción y difusión abierta con cobertura nacional de esa serie.
El 21 de junio del año pasado la directora Peñúñuri Herrera dirigió a Jorge Lutteroth y Alejandro Quintero el pedido correspondiente. Como de rayo, el mismo día, los destinatarios presentaron la cotización solicitada. Ahora es posible conocer los términos de ese documento. Con franqueza, los suscriptores admiten que la serie debe servir a “coadyuvar a revertir la percepción de la función policial frente a la opinión pública”, que le es adversa según la confesión implícita en esa frase.
“Lo anterior será posible –agregan Lutteroth y Quintero– a través de la difusión a nivel nacional de las capacidades y fortalezas de la Policía Federal, dando a conocer la infraestructura tecnológica y el equipamiento de alto nivel con que cuentan los policías federales, la capacitación y especialización que reciben para el desempeño de sus funciones (vertiente operativa, de inteligencia policial y de investigación científica) así como los valores inculcados por dicha institución, los cuales complementan su desarrollo humano y profesional.”
En su cotización, Televisa estipuló condiciones para la prestación de los servicios llamados A (los que anteceden y suceden a la producción) y B (los relativos a la transmisión) de la siguiente manera:
“1. Considerando que los servicios A serán prestados bajo la modalidad de ‘obra por encargo’, en términos de las disposiciones legales aplicables, la Secretaría de Seguridad Pública será la propietaria de todos los derechos de propiedad (sic) industrial e intelectual que se generen y/o se deriven de los servicios A
“2. Por cuanto hace a los servicios B, la Secretaría de Seguridad Pública será quien asuma la responsabilidad del contenido objeto de la transmisión, por lo que en su caso sacará en paz y a salvo al Proveedor (es decir Televisa) respecto de cualquier reclamación que pudiera realizar un tercero, o bien por cualquier multa, infracción o suspensión de los servicios B.
“3. La Secretaría de Seguridad Pública podrá utilizar los servicios A para su difusión interna, ya sea como estrategia integral de reclutamiento o cualquiera otra finalidad”.
El Equipo, como se denominó la serie que versó sobre la rutilante conducta de los héroes anónimos que integran la Policía Federal, se transmitió un año después de establecida la cotización y firmados los contratos correspondientes. Era obvia la intención propagandística de la serie, que se combinó con el comercio que por partida doble practicó Televisa. Por un lado, ganó con la producción y transmisión de historias poco verosímiles, y por otra parte obtuvo también ingresos por los anuncios incluidos en la emisión, que fueron muchos y caros pues la serie se incluyó en un horario estelar.
Quizá no se obtuvo el efecto que se esperaba. Pero el productor principal, García Luna, quedó satisfecho. De eso se trataba.
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