Ernesto Villanueva
A Alfredo Rivera Flores, con mi solidaridad
Son de preocupar algunos de los resultados de la II Encuesta Nacional de Cultura Constitucional 2011 elaborados por el área de opinión pública del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Mi inquietud proviene porque se trata de un trabajo de gran calado organizado por la Mtra. Julia Flores -a quien le tengo un gran respeto profesional-, y porque han participado en su preparación los doctores Héctor Fix Fierro, Sergio López Ayllón y Diego Valadés, quienes ya anteriormente en el 2003 hicieron un ejercicio similar con rigor académico y metodológico como se muestra en esta entrega. Hay más de 100 rubros de la agenda nacional que son tratados y que ninguno tiene desperdicio. Me interesa compartir, por ahora, la evolución de la percepción de la sociedad mexicana en materia de transparencia y seguridad en estos siete años. Veamos.
Primero. Como es sabido, el tema de la transparencia ingresa al conocimiento público a partir del 2000 y se viene identificando, en sus grandes trazos, a partir del 2003 con el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia y de buena parte de los estados. De entrada, la encuesta citada señala que el 56.2 por ciento de los entrevistados está a favor de que la prensa no esté controlada contra el 27.3 por ciento que cree lo contrario. También es apreciable que el 59.8 por ciento de los mexicanos considere su desacuerdo con que a un periodista se le impida criticar al gobierno. Sobre la lucha del gobierno contra el narcotráfico, la sociedad considera ampliamente que dicha información debe ser pública. En efecto, tres de cada cuatro entrevistados (75.7 por ciento) así lo indicaron. Incluso, seis de cada diez entrevistados también se pronunciaron porque los datos personales de los servidores públicos sean del conocimiento colectivo.
En este rubro podrían incluirse los datos de la declaración patrimonial, teléfonos celulares y todo tipo de gasto de representación, tres temas que hoy se suelen clasificar como información confidencial por la autoridad. La percepción del dicho mexicano, según el cual “está bien que roben, pero que hagan algo” ha dejado de tener el mayor número de adeptos, toda vez que el 38.9 por ciento de los entrevistados se manifestó en contra de esta práctica contra el 20.6 por ciento que se manifestó de acuerdo, lo que supone que sigue existiendo un clima de tolerancia relativa a los actos de corrupción. Paradójicamente, el principal problema del país es la corrupción, según revela el 22 por ciento de los entrevistados en el rubro con el porcentaje más alto. Es de llamar la atención que los servidores públicos y la policía estén en el penúltimo y último lugar respectivamente de aceptación social con calificación de 5.4 de una escala de 0 a 10 mientras que nadie obtuvo más del 7.5.
Segundo. La sociedad mexicana es pesimista de su presente y de su futuro. Según la encuesta, en el 2003 el 42.8 por ciento de los entrevistados pensaban que la situación actual era peor que la del año anterior. Ahora, en el 2011, los que piensan de esa forma constituyen el 45.1 por ciento. Por el contrario, del 22.2 por ciento de quienes consideraban en el 2003 que ese año era mejor que el anterior para el 2011 esa cifra ha bajado al 14.8 por ciento. En este 2011 la sociedad percibe la situación como preocupante (45 por ciento poco más que en el 2003 donde se registró la cifra de 44.1 por ciento) y peligrosa (24 por ciento contra el 16. 3 por ciento que eso creía en el 2003). En esa misma línea la mayor parte de los encuestados considera que la situación del país en el 2012 va a empeorar (39.3 por ciento). El principal temor de la comunidad no es, como uno se imagina por las noticias, ser víctima de la violencia por el narcotráfico o el crimen organizado (27.2 por ciento), sino a ser víctima de robo con violencia (31.5 por ciento). La cuestionada guerra del gobierno ocasiona mayores temores públicos y se ubica en el de ser víctima de las fuerzas de seguridad pública (19.3 por ciento). La desesperación de la sociedad por ver que cada día que pasa pierde sus espacios públicos ha generado que la mayoría de la comunidad (42.5 por ciento) prefiera la seguridad a la libertad (35.6%). La existencia del Estado encuentra su sustento inicial en asegurar la convivencia pacífica de los seres humanos, circunstancia que en México se está perdiendo razón por la cual la colectividad prefiere sacrificar en buena medida sus libertades para asegurar su supervivencia.
Tercero. Las cosas no se han quedado ahí. La zozobra colectiva también ha inducido a que casi siete de cada diez entrevistados (66.3 por ciento) considere que el toque de queda ayudaría para combatir la inseguridad. Peor todavía, las campañas negras del gobierno federal de estigmatización social han distorsionado los umbrales de respeto razonables de los derechos humanos. En efecto, tres de cada diez personas están de acuerdo en que se obtenga información bajo tortura a personas sospechosas de formar parte de grupos de narcotráfico. Quienes así piensan son hombres, ubicados en las franjas de edad de 15 a 19 años y de 45 a 49 años. De igual forma, tres de cada diez personas se manifestaron de acuerdo en que las fuerzas del orden priven de la vida a personas sospechosas de formar parte del crimen organizado, aunque tengan la opción de detenerlos y someterlos a un proceso judicial. ¿No es esto por sí mismo una señal inequívoca de que la guerra de Calderón tiene fallas crecientes? ¿No es una irresponsabilidad utilizar las campañas oficiales para trastocar los principios básicos de los derechos humanos y generar confusión y diluir certezas del deber ser?
Ernestovillanueva.blogspot.com
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