Julio Pimentel Ramírez
El dolor y la indignación por la brutal masacre del Casino Royale es compartido por los mexicanos, quienes en forma solidaria se sienten de luto y no necesitan de declaratorias oficiales y menos venidas de un gobierno ilegítimo que intenta aprovechar una situación que él mismo propició, asumiendo una posición que además pretende presionar para que se aprueben reformas legales a las normas de seguridad nacional afines a sus intenciones de prolongar y legalizar una estrategia que coloca en primer término criterios punitivos que amenazan, aún más, los derechos humanos y erosionan la de por si débil democracia vigente.
No bastaron innumerables masacres ni tragedias como la de los cuarenta y nueve niños calcinados en la guardería ABC, hicieron falta alrededor de 50 mil ejecuciones, muchos de ellos personas inocentes víctimas del torbellino de violencia desatado por la “guerra” contra algunos cárteles del narcotráfico que Calderón instrumentó al iniciar su mandato, para que el inquilino de Los Pinos decretara luto nacional, situación en la que en realidad nos encontramos desde hace cinco años. Este puede ser calificado, sin exageración, el sexenio del luto nacional, en el que Felipe Calderón y su gabinete serán recordados por las decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, secuestradas, extorsionadas.
Como suele suceder en casos similares al del Casino Royale, detrás del acto bárbaro, injustificable, que demanda que los responsables materiales e intelectuales de este hecho de auténtico terrorismo sean capturados y castigados dentro del marco de la ley, se esconden aspectos que desnudan la complicidad, corrupción e ineficiencia de autoridades de todos los niveles y esferas del aparato de estado.
En el capitalismo, sistema socioeconómico en el que la obtención de ganancia y el afán de lucro son los motores de la actividad individual y social, se genera terreno propicio para que se desenvuelva la quimera del enriquecimiento súbito, de la obtención de dinero a golpe de suerte. En sociedades profundamente desiguales, como la mexicana, proliferan casinos o centros de juego en el que muchas personas, verdaderos ludópatas algunos de ellos, dejan el recurso económico del que disponen, mucho o poco, pero que sumado arroja cantidades considerables.
En México se discutió mucho el tema hace algunos años, se destacó que por sus características los casinos, negocio considerado como giro negro, además de esquilmar a sus clientes, se prestan a que a su sombra proliferen actividades ilegales, entre ellas algunas vinculadas con el narcotráfico (tráfico de drogas, lavado de dinero).
El auge de la apertura de centros de apuestas llegó cuando miembros del PAN asumieron el gobierno federal. Al término de la administración de Ernesto Zedillo había alrededor de 120 centros de apuestas, a partir de ese año –cuando la dependencia estaba encabezada por Santiago Creel Miranda–, esos negocios se multiplicaron a más de mil sucursales en todo el país.
Durante la gestión de Vicente Fox, las autoridades federales –como única instancia con facultades para entregar estas concesiones otorgaron 450 permisos a grupos empresariales, lo que incrementó a más de mil el número de casas de juego, pues cada aprobación concedía la apertura desde uno hasta más de 50 sucursales. Sin contar la existencia de supuestos centros de apuestas que operan de manera ilegal.
Así, un efecto colateral del atentado, sin embargo, ha sido poner al descubierto la irregularidad y opacidad con que operan las casas de apuestas en México, y particularmente en Monterrey, donde más de una docena de establecimientos de ese tipo funcionan sin los permisos correspondientes –incluido el casino atacado– y donde la proliferación de esos negocios resulta, dada la ubicación geográfica de la ciudad –en una de las principales rutas de trasiego ilegal de estupefacientes–, un blanco más que atractivo para la operación de bandas delictivas, la corrupción de autoridades y el lavado de dinero.
Se dice que el atentado terrorista fue perpetrado por Los Zetas como represalia a la negativa de los dueños del casino a pagar cuota de protección semanal de 130 mil pesos, cantidad importante sin duda, pero cabe preguntarse si no hay algo más detrás de este acto bárbaro, sobre todo a la vista de lo que se esconde detrás de este giro negro, que mueve importantes sumas de dinero (en un país que se distingue por la evasión y elusión fiscal, el SAT cobrará este año unos 2,500 millones de pesos de impuestos a los casinos registrados y se considera que cada año se invierten en este giro alrededor de 1,500 millones de dólares) y se presta para otros ilegales menesteres.
Es más el Casino Royale, que debía de estar en suspensión de actividades por mandato municipal, continuaba funcionando por la complicidad de Gobernación y de un juez civil que le otorgó un amparo sin tomar en cuenta la situación real de las instalaciones de este centro de apuestas.
Los socios de este casino –negocio por cierto plagado de huecos e irregularidades legales-, que pertenece a un grupo con otras sucursales, no dan la cara. En los medios de comunicación han surgido los apellidos Aguirre Vizzuet, Madero, Hank Rhon y aunque todos se deslindan es sabido que son empresarios de giros negros y su honorabilidad ha sido puesta en duda en varias ocasiones.
Este es el entretelón de esta tragedia, no olvidemos en todo caso que se inserta en los actos de extrema violencia precipitada por la estrategia de Calderón, ordenada a su vez desde Washington, que ha colocado al país en una profunda crisis de seguridad, con un Estado fallido que ya no controla amplias regiones de la República y con una nación en la que la soberanía se cede aceleradamente y en la que políticos, como el propio usurpador de la presidencia, medran con la tragedia. Las tragedias continuarán.
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