¿Hacia un Estado de Sitio?
Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones
La escalada de violencia habrá de seguir su curso, pues para Felipe Calderón no hay otra solución que acrecentar la militarización del país. Tal parece que esa es precisamente la finalidad de su fallida estrategia, que la violencia se convierta en el problema básico del país, para justificar la formalización de un estado de sitio con todas las consecuencias que cabría esperar. Ante el atentado en Monterrey, al igual que lo sucedido en Ciudad Juárez luego de arteros ataques contra la población civil, lo único que se le ocurre es enviar más elementos castrenses y de la Policía Federal. La situación en la urbe fronteriza no mejoró, como se vio claramente, y así habrá de suceder en la capital de Nuevo León.
Trascendió que fueron detenidos dos presuntos participantes en el atentado en el Casino Royale, quienes supuestamente pertenecen a la organización paramilitar de “Los Zetas”. Falta que se aprehenda a la célula delictiva completa y que se aclaren los móviles del crimen que costó la vida de 52 personas. Pero independientemente de la causa real del mismo, lo cierto es que se trata de un hecho que demuestra la incapacidad gubernamental para generar condiciones de seguridad a favor de la sociedad. Si la “guerra” de Calderón contra la delincuencia organizada estuviera siendo ganada por su “gobierno”, lo primero que se dejaría sentir sería una clara mejoría de la seguridad en el territorio nacional. Vemos que ha sucedido todo lo contrario.
Ahora hasta Vicente Fox se siente con autoridad para hacer recomendaciones a su sucesor, porque sabe que tiene gran parte de culpa por lo que está ocurriendo: puso el poder que tenía como presidente de la República para consumar un fraude histórico que ha tenido costos enormes a la nación. En conferencia de prensa, sin ningún empacho, dijo: “He tomado la determinación de convertirme en una voz que convoca a México entero a un camino de paz, armonía, no violencia”. Instó a Calderón a pactar una tregua con los cárteles del narcotráfico y legalizar los estupefacientes, “porque la violencia ha llegado a niveles de crueldad inusitados”.
Cabría preguntarle quién lo autorizó a erigirse como vocero de los mexicanos, cuando a él corresponde una enorme responsabilidad al haber violentado las elecciones del 2006, con el fin de salvaguardar los intereses de una oligarquía a la que nunca le ha interesado el futuro del país que les ha dado cuantiosas riquezas y privilegios. Bien sabía que Calderón iba a profundizar una política antidemocrática, pero su compromiso era dejarlo en Los Pinos para culminar un proceso entreguista, antipopular, basado en la fuerza de las tropas y en la criminalización de las protestas sociales. Ahora estamos viviendo las terribles consecuencias de tal modo de “gobernar”, y el guanajuatense pretende deslindarse muy paladinamente, con el cinismo que lo caracteriza.
¿Acaso no fue durante su sexenio que se comenzó la entrega masiva de permisos de casinos, como una práctica de premiación a los amigos de su gobierno, principalmente Televisa? ¿Por qué no hizo en su momento lo que ahora quiere que se lleve a cabo, a sabiendas de que Calderón no tiene otro proyecto de “gobierno” que el uso de las tropas para ocultar su incapacidad? Como si no supiera que Calderón tiene un compromiso ineludible con la elite de la oligarquía, de entregarle lo más posible de los bienes de la nación, para culminar de una vez el proceso iniciado por Miguel de la Madrid y realizado a marchas forzadas por Carlos Salinas de Gortari.
Según Calderón, “los criminales deben saber que mientras más se metan con gente inocente, más contundentemente vamos a actuar contra ellos. Deben dejar en paz a la sociedad”. Por lo visto esos criminales no hacen caso de sus amenazas, pues no es la primera vez que las hace, como es fácil recordarlo. En los últimos cinco años se llevan contabilizados diecisiete atentados en bares y discotecas en diferentes ciudades del país, aun cuando ninguno del dramatismo del ocurrido en el Casino Royale. La impunidad ha sido el común denominador en todos los casos. Sin embargo, el problema se agrava porque el fenómeno de la impunidad se da principalmente en las filas de las fuerzas federales que deberían ser ejemplo de honestidad y de respeto a la sociedad.
Si de por sí había en el país un clima de zozobra y desaliento, ahora éste se ha agravado ante la certeza de la sociedad de que las cosas, en vez de mejorar van a empeorar, porque el inquilino de Los Pinos no tiene más respuesta a la situación prevaleciente que escudarse en la fuerza de los cuerpos represivos. Tal parece que busca a toda costa crear una situación que justificara decretar el estado de sitio, en el que las garantías individuales fueran letra muerta. En este marco, no sería descabellado pensar que “Los Zetas” fueran un brazo armado, en la clandestinidad, del grupo en el poder, para hacer realidad dicho decreto. Así no habría necesidad de estarle rogando a los legisladores que hagan el favor de aprobar la Ley de Seguridad Nacional.
(gmofavela2010@hotmail.com)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario