JENARO VILLAMIL
Tal vez les convenga más al vocero del Consejo Nacional de Seguridad, Alejandro Poiré, a la canciller Patricia Espinosa y al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, contratar un servicio de monitoreo permanente de los medios estadunidenses que escribir en blogs oficiales algunos “mitos” del combate al crimen organizado o tratar de excusarse ante la flagrante violación constitucional que cometen los agentes de Estados Unidos al realizar operaciones “encubiertas” o “de inteligencia”.
Por tercera vez consecutiva en menos de un año, es un medio estadunidense, en este caso The New York Times, el que documentó y exhibió la existencia de dos centros de espionaje de Estados Unidos: uno en pleno corazón de la avenida Reforma, en el Distrito Federal, y otro en “la región norte” del país, presumiblemente en Escobedo, Nuevo León, según reveló el reportero José de Jesús Esquivel, en la más reciente edición de Proceso.
La nota divulgada el 7 de agosto por el New York Times prácticamente confirmó lo que el semanario ya había informado en su edición 1693: la intención de crear una Oficina Binacional de Inteligencia (OBI), pero bajo la batuta de Estados Unidos. En esta oficina, los agentes del Pentágono, la DEA y la CIA coordinarían a sus contrapartes.
El gobierno de Felipe Calderón rechazó una y otra vez que existiera un plan de este tipo y menos que los agentes estadunidenses coordinaran a los mexicanos.
Ahora, ante la publicación de The New York Times, el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, aseguró en Mérida, Yucatán que la presencia de estos agentes se inscribe dentro de “la cooperación internacional que se da en nuestro país” y que “se hace en respeto de las leyes constituciones y de las leyes de las naciones”.
Antes de que se destapara este escándalo, la cadena televisiva CBS News dio a conocer el operativo Rápido y Furioso, aplicado desde 2009 en territorio mexicano para comerciar armas de origen estadunidense y conocer así su destino final. CBS se basó en el testimonio de Darren Gil, agente de la ATF (Oficina de Control de Alcohol, Tabaco y Armas), y desató una crisis diplomática que no modificó el curso de las acciones.
Posteriormente, en julio de este año, el diario Usa Today dio a conocer que buena parte de las 2 mil armas que formaron parte del operativo Rápido y Furioso llegaron hasta el cártel de Sinaloa, comandado por Joaquín El Chapo Guzmán, presunto enemigo número uno de los agentes estadunidenses.
La doble cara del discurso estadunidense salió a relucir durante este escándalo. No sólo fue la ATF la única agencia involucrada: también participaron agentes del Departamento de Seguridad Interna (DHS), la DEA y de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
¿Dónde estuvo le inteligencia mexicana durante todo este tiempo? ¿Estaban enterados o finalmente decidieron que ya no vale la pena defender la soberanía mexicana frente a este tipo de operativos “encubiertos”?
El sobrevuelo de aeronaves estadunidense, en clara invasión a la soberanía territorial, la presencia de mercenarios norteamericanos contratados por empresas privadas y hasta paraestatales mexicanas como Pemex (revelado la semana pasada por la BBC británica) son tan sólo algunos otros de los expedientes que se han conocido a través de los medios extranjeros.
Mientras tanto, los funcionarios del gobierno calderonista prefieren escribir blogs o recitar frases hechas sobre la no violación a la Constitución.
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