Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
En el colmo de la voracidad, el desgobierno de Felipe Calderón abrió las puertas de Pemex al sector privado, nacional y extranjero, con lo que se crean condiciones para una entrega más acelerada del principal patrimonio nacional. Así se cancelan las posibilidades de un futuro menos incierto para las nuevas generaciones de mexicanos, los niños de ahora que cuando dejen de serlo entrarán en una fase plagada de problemas aún más graves que los que ahora estamos padeciendo. Se trata de un paso que puede conceptuarse como de lesa traición a la patria, sobre todo cuando vemos que el mundo está entrando en una zona de enorme complejidad por los agudos problemas económicos, caracterizados por una desaceleración a punto de convertirse en recesión global.
Si tal situación llegara a concretarse, como es previsible que suceda debido principalmente a la falta de sensatez del Grupo de los Siete, los años venideros serán más sombríos que los que se vivieron antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Sólo podrán sortearlos aquellos países que cuenten con recursos que les permitan atender las prioridades básicas de sus habitantes, los demás sobrevivirán en iguales o peores condiciones que las que ahora estamos presenciando en Somalia. México podría estar entre las naciones más afectadas por la crisis generalizada que se avecina, si la burocracia dorada sigue entregando nuestros recursos naturales a empresas trasnacionales dispuestas a saquear lo más pronto posible esas reservas puestas a su entera disposición.
Nuestros recursos petroleros significan todavía una tabla de salvación ante la debacle que se aproxima, pero con el paso que dio Calderón, con el aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esa posibilidad se reduce drásticamente, pues de los campos maduros pasarán sin ninguna dificultad a las zonas más productivas que explotarán de manera inmisericorde, como ahora lo hacen empresarios extranjeros con la parte más lucrativa de los metales preciosos, como el oro y la plata, cuyos precios están a la alza sin que ello en nada nos beneficie a los mexicanos.
Podrá argumentar Juan José Suárez Coppel, director de la paraestatal, que sólo se están adjudicando contratos para explotar pozos poco productivos, pero lo importante para las compañías beneficiadas con la licitación, una inglesa y otra mexicana, es que se les brinda la oportunidad para obtener ganancias que de otra manera no tendrían, mismas que les darán el vigor necesario para meterse de lleno a explotar yacimientos más productivos. Volvemos a lo de siempre, que el Estado les pone sobre la mesa a los “inversionistas” la comida ya preparada para que no se molesten en comprar los productos necesarios para cocinarla. Claro que tienen que desembolsar una jugosa comisión, que no es nada junto a los beneficios obtenidos con los contratos.
Se trata de un negocio redondo para los empresarios y para los funcionarios involucrados, pero no para el país por las terribles consecuencias derivadas de una explotación irracional, como así habrá de suceder si no se para de algún modo tan inconstitucional procedimiento. Como apunta Antonio Gershenson, especialista en temas energéticos, esta adjudicación a empresarios interesados en la explotación de hidrocarburos, no tiene otro propósito que “enriquecer a las compañías privadas”. A la paraestatal sólo le quedarán los desperdicios y las pérdidas, en tanto los beneficios se los llevarán esos “inversionistas”, como así sucedía antes de la expropiación de la industria petrolera en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas.
Se confirma, por si hiciera falta, que el “gobierno” de Calderón llegó al poder con el único propósito de liquidar las bases económicas que le dieron pleno sustento al Estado mexicano durante los últimos tres cuartos de siglo, tarea que iniciaron los “gobiernos” neoliberales a partir del de Miguel de la Madrid. Lo más lamentable de todo esto es que la propia SCJN se preste para darle validez jurídica a muy evidentes violaciones a la Carta Magna, como es el caso con esta acción ilegal, que lo es porque Pemex es la única instancia facultada constitucionalmente para realizar las operaciones que se adjudicaron por contrato a dos empresas privadas.
Cabe puntualizar, de acuerdo con expertos en el tema, que todas las tesis que se quieran argumentar para justificar esta acción antieconómica, no tienen asidero en la realidad. Si se quisiera realmente incorporar nuevas tecnologías y más flexibilidad operativa, que influyera en más productividad para la paraestatal, el camino estaba trazado hace tiempo por el Instituto Mexicano del Petróleo, el cual los tecnócratas neoliberales redujeron a su mínima expresión para que dejara de servir al país. Se afectó asimismo a la nación cuando se tomó la decisión de no invertir en un indispensable mantenimiento de las instalaciones petroleras, y cuando se frenó el desarrollo de la industria petroquímica, sólo para beneficiar a empresarios privados y justificar la privatización de Pemex. El Congreso tiene ahora la última palabra para frenar un entreguismo absurdo que equivale a una grave traición a la patria.
(gmofavela2010@hotmail.com)
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