Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones
Lo ocurrido en el Casino Royale de Monterrey, en efecto, no fue un acto terrorista sino un trágico hecho delictivo, como puntualizó el rector de la UNAM, José Narro Robles. También es verdad que sería gravísimo que estuviéramos a dos fuegos, ante el de los narcodelincuentes y el de los terroristas, como señala Diego Valadés, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y ex procurador general de la República. Todavía no estamos en una situación de tamaña gravedad, no gracias al “gobierno” de Felipe Calderón, sino de la sociedad en su conjunto, que se mantiene en continua alerta, situación que podría transformarse en miedo, que de ocurrir también tendría lamentables consecuencias, pues como afirmó el rector Narro, “el miedo paraliza y oscurece la razón. Enmudece a la gente e inhibe la acción”.
Tales planteamientos fueron hechos en la inauguración del Foro sobre legalidad democrática, ética, derechos humanos y seguridad, en el que también participaron el magistrado español Baltazar Garzón y el ex alcalde de Palermo, capital de Sicilia, Leoluca Orlando. El primero hizo hincapié en el valor de la educación como uno de los ejes fundamentales para enfrentar la violencia, y el italiano puntualizó la necesidad ineludible de luchar a fondo contra la impunidad y la corrupción. Fue muy enfático al afirmar que debería modificarse el dicho de que “el que no transa no avanza”, por otro que diga lo contrario, que “el que no transa, avanza”.
Decir que lo ocurrido en Monterrey fue un acto terrorista tiende a crear miedo en la sociedad, lo que sería ideal en los actuales momentos, cuando la descomposición del tejido social es de tal magnitud que está orillando a la ciudadanía a organizarse y tomar conciencia de que es hora de actuar para enfrentar una realidad muy negativa. Sólo así se podrán enfrentar las causas que propician la terrible descomposición social que caracteriza a México hoy día, porque ser presas del miedo sería facilitar las cosas no sólo a la delincuencia, sino a los poderes fácticos que buscan inmovilizar a la sociedad para evitar que se organice y actúe en defensa de sus intereses legítimos.
La realidad que lamentablemente vivimos en el país, está oscurecida por la preeminencia del crimen organizado sobre la capacidad del Estado para enfrentarlo, no porque sea superior la fuerza de las bandas delictivas, sino por la imparable corrupción que campea en todo el aparato gubernamental, que no es de ahora, aun cuando sí lo es el agravamiento que hemos visto en los últimos años. Sin duda, se volvió un axioma para la clase política la sentencia “hankiana” de que “el que no transa no avanza”. Sin embargo, se ha llegado a tales extremos que ahora es un problema extraordinario de muy difícil solución, que repercute en todo el sistema político. De ahí el imperativo de revertir tan cínica frase, como un mecanismo inaplazable para comenzar a reducir la incidencia de la corrupción sobre la vida de los mexicanos.
La escalada de violencia que venimos padeciendo, es producto de la suma de factores contrarios al Estado de derecho, al olvido de los compromisos que le competen al grupo gobernante con la nación, y sobre todo a su cínica búsqueda de riqueza fácil, que tiene al país sumido en una escalada de corrupción igualmente nociva para la buena marcha de la sociedad. Hemos regresado a los tiempos del Porfiriato, que se caracterizaron por una muy marcada división social, entre la minoría que detentaba el usufructo de la riqueza de una manera por demás brutal, y la inmensa mayoría de la población que apenas podía sobrevivir con salarios de hambre.
Por eso no deben extrañarnos hechos tan inenarrables como el acto criminal ocurrido en el casino de monterrey: están dadas las condiciones para el surgimiento de bandas delictivas cada vez más sádicas e inmorales. ¿Qué otra cosa cabría esperar si la elite actúa de manera parecida aunque sin llegar al crimen irracional? Porque es igualmente falto de ética todo acto tendiente a agudizar la marcada explotación del trabajo humano, que no deja espacio a las familias para cuidar a la prole como se hacía en tiempos del desarrollo estabilizador. Y lo grave es que se pretende profundizar más aún tal explotación como se pretende con una reforma laboral por demás salvaje e injusta.
Así como vamos será imposible restaurar el Estado de derecho, condición sine qua non para desactivar la irracional violencia que padecemos actualmente. Como apunta el juez Garzón, el hilo conductor de cualquier acción gubernamental debe ser el respeto a las garantías individuales, cosa que hoy no sucede y el riesgo es que tal situación se agrave aún más, por el empecinamiento de Calderón en creer que no hay otra salida a la violencia que acrecentarla con más violencia. (Termino aquí porque debo alertar sobre un absurdo “correo” supuestamente mío, que fue enviado por alguien que se metió a mis datos electrónicos para pedir dinero en mi nombre. Vemos así que la falta de ética no tiene límites.)
(gmofavela2010@hotmail.com)
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