No repitamos la historia
John M. Ackerman
El guión de 1988 se repite. Así como Carlos Salinas
después de 1988 quiso borrar las huellas del fraude con la creación de
organismos con autonomía simulada, como el Instituto Federal Electoral (IFE) y
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), hoy Enrique Peña Nieto
también busca tender una cortina de humo con nuevos organismos autónomos en
materia de transparencia y combate a la corrupción. Simultáneamente, Andrés
Manuel López Obrador recurre a la estrategia que Cuauhtémoc Cárdenas utilizó al
fundar el Partido de la Revolución Democrática (PRD), promoviendo un nuevo
partido político como vehículo para articular el descontento social y disputar
el poder político a la coalición gobernante.
Pero el México de 2012 ya no es el mismo de 1988. Lo que
hace 24 años generó cierta legitimidad y esperanza hoy es recibido con
escepticismo y desánimo. Durante los últimos cinco lustros hemos visto cómo
tanto partidos políticos como órganos autónomos rápidamente pierden la brújula
y son cooptados por intereses oscuros.
El IFE y el PRD tuvieron sus épocas de oro en el auspicio
de las causas sociales más nobles. Por ejemplo, entre 1996 y 2003 la valentía
de los cinco consejeros electorales del pentágono del IFE logró
contrarrestar el inmovilismo burocrático promovido por los consejeros más
cercanos al priísmo: José Woldenberg, Mauricio Merino y Jacqueline Peschard.
Asimismo, todos recordamos la destacada participación de la fracción
parlamentaria del PRD durante la histórica 57 Legislatura (1997-2000), la
primera en la que el PRI no contaba con mayoría absoluta en la Cámara de
Diputados. En aquellos años, la izquierda encabezó una amplia alianza opositora
al régimen del partido del Estado que transformó la negociación y aprobación
del presupuesto federal, modernizó el Congreso de la Unión y mantuvo al
Ejecutivo federal bajo estricta vigilancia externa.
Sin embargo, durante la última década la fe ciudadana en
las instituciones se ha hecho añicos. La curva descendente de confianza en el
IFE y en la limpieza de los procesos electorales ha venido acompañada de una
espiral de desprestigio para los partidos políticos sin distingo. Hoy los
ciudadanos estamos convencidos, y con razón, de que ambas instituciones sirven
más a los intereses personales y políticos de sus líderes y funcionarios que al
interés general de la sociedad.
Es poco probable entonces que Peña Nieto o López Obrador
tengan éxito en recurrir a las fórmulas de antaño, a menos que incluyan
mecanismos específicos que garanticen que las nuevas instituciones no repitan
los vicios del pasado.
En el caso de los nuevos órganos autónomos, por ejemplo,
se debe excluir formalmente en la ley cualquier participación del presidente de
la República o los representantes de su partido en el Congreso en el
nombramiento de los titulares, para que el proceso quede exclusivamente en
manos de la sociedad y la oposición política. En general, el debate público
sobre el futuro de la transparencia y el combate a la corrupción no debería
partir de las propuestas convenencieras y mal redactadas de un aficionado a la
opacidad y la manipulación institucional como Peña Nieto. Al contrario, habría
que iniciar con un diagnóstico de la infinidad de artimañas jurídicas e
institucionales que hoy se utilizan todos los días para vaciar de sentido las
33 leyes e institutos de transparencia y de fiscalización superior que existen
en el país.
Ya contamos con numerosos organismos supuestamente autónomos en
la materia en las entidades federativas, que en los hechos no hacen más que
cuidarle la espalda al gobernador en turno. Peña Nieto evidentemente busca
repetir a escala federal el mismo esquema que perfeccionó en el estado de
México. Ello es simplemente inaceptable.
Por otro lado, los principios democráticos plasmados en
los documentos básicos del Movimiento Regenración Nacional (Morena) también
quedarán vacíos de contenido si no se encuentran respaldados con propuestas
concretas que eviten que el nuevo partido se convierta en rencarnación del PRD.
Por ejemplo, habría que considerar incluir una cláusula que prohíba que
cualquier persona que ya haya ocupado un cargo de elección popular respaldado
por Morena lo vuelva a hacer. Esta prohibición también podría hacerse extensiva
a los familiares de aquellos que ya ocuparon cargos.
Con una regla de este tipo, que toma en serio el
principio histórico de sufragio efectivo, no relección, el nuevo partido
garantizaría un relevo constante de liderazgos y mantendría a los vividores de
la política lejos del partido. El partido también se vería obligado a dar gran
relevancia a su escuela de formación de cuadros, para garantizar un flujo
constante de figuras nuevas con las capacidades y conocimientos necesarios para
fungir como sus representantes y gobernantes.
El nuevo partido también tendría que establecer
mecanismos institucionales infranqueables para garantizar su total
transparencia y rendición de cuentas, así como su democracia interna. Sería
necesario plasmar formalmente en los estatutos un modelo novedoso de comisiones
verdaderamente autónomas, consultas internas y negociaciones políticas para
evitar la eterna operación de los líderes de siempre, así como para
desarticular las redes de clientelismo interno.
Los partidos políticos y los organismos autónomos que no
toman en serio la participación social ni honran las convicciones democráticas
no son más que cascarones vacíos que recubren la continuidad del autoritarismo
y la manipulación. No repitamos la historia.
Twitter: @JohnMAckerman
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