La paz social no se compra con dinero

La paz social no se compra con dinero

Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones

Aun cuando estaba más que prevista la postura que tomaría el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a la hora de dictaminar el resultado de la elección presidencial, causó asombro y enojo la desfachatez de los magistrados para descalificar las impugnaciones del Movimiento Progresista, pues llegaron al extremo de regañar y acusar de ineptos y falaces a los abogados que prepararon el recurso de nulidad. Así queda sellada la muerte de la democracia, toda vez que la oligarquía le niega de manera terminante al pueblo su derecho a designar a sus gobernantes.
La sesión en la que el Tribunal Electoral decretó la validez de los comicios más viciados de la historia contemporánea, pero al mismo tiempo más hábilmente estructurados y organizados desde las mismas instituciones electorales, demostró la calidad de simples empleados del Ejecutivo que tienen los magistrados. Se esmeraron en quedar bien con quien será su jefe, Enrique Peña Nieto, del mismo modo que lo habían hecho los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE). Así se ratifica la imposibilidad de que haya cambios en México que favorezcan avances democráticos, por elementales que sean, por la vía electoral. 
Dijo Leonardo Valdés Zurita, presidente consejero del IFE, que es hora de “abrir un nuevo capítulo en el que se privilegien la negociación y los acuerdos”. No necesitó decir que siempre y cuando tales negociaciones y acuerdos sean sobre las reglas que nos imponga el grupo en el poder. Eso es lo que querían los porfiristas hace cien años, sólo que se negaron a seguirlo haciendo los seguidores de Francisco I. Madero, a sabiendas de que prestarse a ese juego perverso equivalía a mantener un estado de cosas inaceptable para las masas campesinas largamente explotadas.
¿Cómo se atreve Valdés Zurita a demandar lo que nunca han permitido sus patrones? ¿No acaba de patentizar el Tribunal Electoral su indisposición a negociar nada que no le sea autorizado por la oligarquía? Es obvio que lo único negociable para el grupo en el poder es qué tanto está dispuesta la oposición a ceder en sus posiciones, no para favorecer cambios democráticos, sino para facilitarles la imposición de sus proyectos entreguistas y sus políticas antidemocráticas. Resistir las presiones en ese sentido será la principal responsabilidad que tendrán en el Congreso los líderes de las bancadas del Movimiento Progresista.
Se confirma que las instituciones del Estado, en la actualidad, están plenamente al servicio de grupos de poder desvinculados del interés supremo de los mexicanos, de salvaguardar la paz social y encauzar un progreso que permita asegurar un mejor futuro a la nación. Está visto que el único interés, de quienes están al frente de las principales instituciones, es evitar que el sistema político sufra desviaciones no permitidas por los grupos de poder. Quieren mantener a toda costa la vigencia del neoliberalismo, aunque ello signifique la total ruptura del Estado de derecho. Total, con echarle la culpa a la izquierda se justificaría la canallada.
El exhorto de Valdés Zurita, de “encaminarnos a una nueva etapa de civilidad democrática”, es la demostración de un cinismo monumental. En sus manos estuvo la oportunidad de abrir las puertas de esa “nueva etapa”, de haber actuado con apego a lo señalado por el artículo 41 constitucional, pero en vez de ello las cerró y ya no será fácil abrirlas. Queda demostrado, asimismo, que la oligarquía no acepta, ni por asomo, coexistir con una izquierda por moderada que sea, sino construir un sistema bipartidista al estilo estadounidense, en los hechos ya funcionando: el PRIAN.
Con su vergonzosa actuación, los magistrados del Tribunal Electoral acabaron de liquidar la posibilidad de que México acceda por la vía institucional a una democracia participativa que garantice un mejor futuro a los mexicanos. Le hicieron un daño irreparable a la nación, que los colocará en las páginas más negras de la historia, cuando se revise el periodo más aciago vivido por los mexicanos luego de tres décadas de entreguismo del Ejecutivo a los dictados de los grupos de poder que ven a México como un apetecible botín que quieren para ellos solos, de ninguna manera compartirlo con el pueblo, ni siquiera dejarle las migajas.
Porque en el fondo esa es la causa fundamental de la crisis política que estamos viviendo: la repartición de las riquezas nacionales entre una oligarquía sedienta de poder, que mira la democracia como un gran peligro, y por extensión a todos los luchadores sociales, como Andrés Manuel López Obrador, como la personificación de los riesgos que pueden correr sus mezquinos intereses. Por eso, una vez consumado el atraco, al PRI y a la oligarquía les urge “tapar el hoyo”, entrar a la etapa de las “negociaciones y los acuerdos”, al fin que para eso sí hay dinero. Sin embargo, el futuro de los mexicanos no se puede comprar con dinero, sino con patriotismo.

(guillermo.favela@hotmail.com)