La misma demagogia de siempre

La misma demagogia de siempre

Guillermo Fabela Quiñones
Apuntes
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Los actos conmemorativos del 202 aniversario de la iniciación de la lucha por la Independencia, fueron el marco para que la elite gobernante dijera las mismas palabras huecas y demagógicas que hemos venido escuchando desde hace muchas décadas. ¿Cuántas veces no hemos oído el mismo llamado a la unidad, “anteponiendo el interés superior de la nación por encima de los intereses parciales o de grupo”? Que se siga haciendo este exhorto demuestra que la cúpula del sistema político tiene plena conciencia de que México sigue tan dividido como cuando luchaba por forjar un Estado nacional, hace ya dos siglos.
Felipe Calderón reconoció que “los problemas están ahí y no, no se resuelven por sí mismos. Hay que enfrentarlos, hay que hacer, precisamente, la tarea patriótica de trabajar día con día por superar esos problemas y tener el México mejor al que aspiramos”. Lo paradójico del caso es que actúa de manera diametralmente opuesta, haciendo todo lo necesario para que la realidad nacional se complique, los problemas se agudicen y la unidad se convierta en una verdadera utopía. Desde hace tres décadas, la elite gubernamental ha venido trabajando firmemente para conformar una nación cada vez más dividida, más entregada a intereses extranjeros, más injusta y más ultrajada por la oligarquía.

Es falso que, como asegura, “compartimos los mismos anhelos; entonces, debemos juntos luchar por ellos”. La burocracia dorada no comparte, de ningún modo, los anhelos de justicia y de vida democrática de la gran mayoría de mexicanos. En realidad, comparte las ambiciones mezquinas y absurdas de la elite que espera, en los siguientes años, recibir de una buena vez lo que queda de recursos y bienes nacionales en poder del Estado. Es el sueño de la oligarquía y de la clase política ultra conservadora a la que la unidad nacional le importa un cuerno.
Por eso el interés indoblegable en que sean aprobadas las reformas estructurales, que no son otra cosa que la “legalización” de un Estado fascista al servicio pleno de una minoría sin compromiso alguno con la patria. Es paradójico que el primer país que abolió la esclavitud en América, hoy quiera legalizarla mediante una reforma laboral por demás injusta y antidemocrática. Tal interés es la mejor demostración de que la unidad nacional es una entelequia, no una bandera de lucha del grupo en el poder. Si le importara en verdad este objetivo, actuaría de muy distinta manera, cuando menos con cierta imparcialidad, no totalmente entregado a la oligarquía como sucede en realidad.
Lo anterior son simples reflexiones de un ciudadano preocupado por el futuro del país, tal como lo pidió Jesús Murillo Karam, presidente de la Cámara de Diputados en la ceremonia de aniversario, cuando hizo tal recomendación: “reflexionar, no sólo acerca de lo que nos pertenece por derecho, sino también sobre lo que estamos obligados a entregar como país a las futuras generaciones, que en su momento tomarán las riendas de la conducción del país”.
Así como vamos, lo que se les va a entregar a las futuras generaciones no será una nación, sino un territorio devastado por la depredación de minorías oligárquicas, del país y del extranjero; un territorio hecho trizas por tanta violencia y una descomposición del tejido social sin parangón en América Latina; un territorio con daños severos irreversibles por la sobre explotación de recursos, sin posibilidades de satisfacer las necesidades mínimas de la inmensa mayoría de la población.
Así como vamos, conducidos hacia el apocalipsis por una burocracia dorada sólo atenta a las órdenes de sus patrones, nacionales y extranjeros, no hay posibilidad alguna de futuro para las nuevas generaciones de mexicanos, quienes sobrevivirán en un vasto territorio plagado de hambre, violencia, depredación y una enajenación brutal, por el uso de medios electrónicos, principalmente, con esa única finalidad. De ahí que suene a burla lo dicho por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, al demandar “un cambio que implante, en su más alta expresión, la esencia y significado del Estado de Derecho”.