Víctimas, simulación y sordera
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
En respuesta al anuncio de que el gobierno
federal planea instalar una mesa de diálogo para discutir la Ley
General de Víctimas –aprobada por las cámaras de diputados y senadores en abril
pasado, y vetada hace unos días por el titular del Ejecutivo federal, Felipe
Calderón–, integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dijeron
ayer que, en caso de que la autoridad federal no cumpla con su obligación de
promulgar dicha normativa, sus integrantes estarían incurriendo en desacato.
En días recientes, el titular de la
Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, ha defendido la decisión de
Calderón de vetar la ley de referencia –que estipula, entre otras cosas, el
derecho a la reparación integral del daño y a la asistencia jurídica, médica y
económica de quienes padezcan ataques de la delincuencia o abuso de las
autoridades–, con el argumento de que carece de sustento constitucional,
pese a que la Carta Magna estipula claramente en su artículo primero la
obligación de todas las autoridades del país de prevenir, investigar, sancionar
y reparar las violaciones a las garantías individuales. Con tal postura, el
gobierno federal ha alimentado la percepción de que lo que en realidad busca es
obstaculizar, mediante tecnicismos jurídicos, el cumplimiento de una normativa
fundamental, que corrige una grave laguna en el marco legal mexicano y obedece
a un amplio reclamo popular.
Es de saludar, pues, la respuesta de los
representantes del Legislativo a una postura que refleja la falta de respeto
del Ejecutivo a los procesos soberanos y a la división de poderes, así como su
indolencia frente a los reclamos de las organizaciones sociales que en meses
previos se movilizaron por la pacificación del país y por la justicia para las
víctimas y sus deudos; que formularon severas críticas a la estrategia de
seguridad en curso y que presionaron por la aprobación de la ley hoy vetada por
Calderón. Si ya resultaba inadmisible la negativa presidencial a ensayar una
variación real en su impugnada estrategia de combate a la delincuencia
organizada, como se lo exigieron organizaciones de la sociedad civil durante
los encuentros en el Alcázar de Chapultepec, ahora, con su renuencia a
promulgar la Ley General de Víctimas, el jefe del Ejecutivo federal desmiente
su supuesto compromiso con quienes han sufrido los embates de la violencia
derivada de la estrategia de seguridad en curso, y exhibe los encuentros
citados como ejercicios de simulación.
La misma tendencia del grupo en el poder a
gobernar desde una dimensión meramente formal y hasta ficticia puede
observarse, por lo demás, en la convocatoria a integrar de manera
permanente a cinco representantes de la sociedad civil al Consejo Nacional
de Seguridad Pública, con el supuesto fin de que tengan una participación
directa en la agenda de ese órgano colegiado y puedan dar un
seguimiento más efectivo a las actividades del Ejectivo en materia de
seguridad, según informó ayer el propio Alejandro Poiré. Si bien esa
incorporación habría tenido sentido en algún momento, hoy por hoy, cuando la
actual administración está por concluir, cuando sus funcionarios han desoído
una y otra vez los reclamos de la sociedad civil en materia de seguridad
pública y cuando el citado consejo ha quedado reducido a la condición de mera
sigla burocrática, el ofrecimiento realizado por el titular de Gobernación luce
tardío e insuficiente.
Ambas posturas revelan, en suma, el talante
de un gobierno que concluirá sin haber manifestado un mínimo de voluntad por
resarcir el daño provocado a la población por una política de seguridad fallida
y contraproducente, que desoyó en todo momento los reclamos de la sociedad ante
los desastrosos resultados de la misma y que se mostró siempre empecinado en
continuarla, aun a costa del sacrificio humano, de la pérdida de la paz
pública, del deterioro institucional y de la debacle nacional.
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