Encuestas: ¿anomalía estadística o
alineamiento deliberado?
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Durante los meses que duraron las precampañas
y campañas presidenciales, diversas empresas encuestadoras, en sociedad con
medios impresos y electrónicos, dieron seguimiento periódico –incluso
cotidiano, en algunos casos– a la evolución de las preferencias electorales en
el país mediante estudios que fueron presentados como científicos,
representativos de la realidad y susceptibles de un margen de error hasta de 3
por ciento. En general, esos sondeos atribuyeron durante prácticamente todo el
periodo una ventaja hasta de 18 puntos porcentuales al aspirante presidencial
de PRI, Enrique Peña Nieto, respecto de sus competidores, la cual persistió a
pesar de los dislates verbales cometidos por el mexiquense en diciembre de
2011, de su accidentada comparecencia en la Universidad Iberoamericana y de las
sucesivas movilizaciones en su contra que dieron origen al movimiento
#YoSoy132, y sembró la percepción de una tendencia irreversible en
las preferencias electorales a favor del mexiquense.
Por su parte, el candidato presidencial de
las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador –quien ocupa, según las tendencias
oficiales, el segundo lugar de la elección del pasado domingo– fue
recurrentemente colocado en empate técnico con la candidata del PAN,
Josefina Vázquez Mota, e incluso por debajo de ésta, en los referidos sondeos.
A la luz de los resultados preliminares de la
elección presidencial, es posible constatar que la mayoría de esas compañías
erró en sus estimaciones respecto de la contienda: en promedio, las encuestas
presentadas en la semana previa al primero de julio otorgaron a Peña Nieto una
ventaja que duplica la diferencia oficial respecto del aspirante presidencial
de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador (6.5 por ciento).
Paradójicamente, los sondeos electorales que obtuvieron resultados más cercanos
a las tendencias oficiales –elaborados por las compañías Ipsos-Bomsa,
Demotecnia y Berumen y Asociados– fueron en su momento objeto de críticas y
cuestionamientos metodológicos por comunicadores y analistas, habida cuenta de
sus divergencias respecto del llamado mercado de encuestas.
Los estudios estadísticos son por principio
susceptibles de error y pueden estar afectados por los sesgos socioeconómicos,
políticos y culturales de los grupos poblacionales en que se aplican, por la
desconfianza o resistencia de los entrevistados a informar sobre sus
preferencias y por fallas diversas en la obtención, el procesamiento y la
interpretación de los datos. No obstante, el carácter sistemático y
generalizado de los errores de las casas encuestadoras al medir las
preferencias electorales, en conjunto con la ausencia de explicaciones
plausibles respecto de tales fallos, contrasta con las pretensiones de
cientificidad, representatividad y precisión estadística con que se promocionó
a esos estudios, y siembra dudas sobre si las encuestas se vieron afectadas por
una anomalía estadística hasta ahora no identificada o bien si fueron objeto de
un alineamiento deliberado para apuntalar la candidatura presidencial priísta.
De ser cierto el segundo de estos escenarios,
se confirmaría la percepción –compartida por un sector importante de la opinión
pública– de que el papel principal de las encuestadoras en la pasada elección
presidencial no consistió en reflejar tendencias, sino en inducirlas, y se
asistiría a una intromisión indebida y a trasmano de empresas demoscópicas y
consorcios mediáticos en el proceso electoral, la cual, por desgracia, quedaría
impune habida cuenta de la ausencia de regulaciones para este tipo de
ejercicios en la legislación nacional.
Intencional o no, es previsible que el
desempeño errático de las encuestadoras en el proceso electoral aún en curso
derive en un costo proporcional en su propia credibilidad y en la de los medios
que difundieron y defendieron sus estimaciones. Por lo que hace a la
institucionalidad política del país, ésta tendrá que padecer también, y en
forma injusta, la erosión de un instrumento que supuestamente debiera dar
credibilidad, transparencia y predictibilidad a los procesos electorales, y cuyo
uso excesivo y poco transparente ha contribuido, en cambio, al enrarecimiento
del clima político nacional.
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