Atenco: resistencia social contra EPN
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Ayer, la primera Convención Nacional contra
la Imposición, que reúne a más de dos mil delegados de unas 300 organizaciones
sociales de 29 entidades –entre las más destacadas, el movimiento estudiantil
#YoSoy132, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), la Coordinadora
Nacional Plan de Ayala, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)–, que se lleva a
cabo en San Salvador Atenco, acordó un plan de acción que incluye tomas o
bloqueos de instalaciones de Televisa, manifestaciones en diversos puntos del
país, protestas cívicas para el 1º, 6 y 15 de septiembre –fechas de la entrega
del informe presidencial al Legislativo, del plazo límite para el fallo del
tribunal electoral (TEPJF) y de la fiesta de la Independencia,
respectivamente–, así como un cerco al Palacio Legislativo el primero de
diciembre, en caso de que se declare procedente la asunción de la Presidencia
por el aspirante priísta, Enrique Peña Nieto.
De esta manera, el conflicto generado por los
vicios del proceso electoral –aún en curso, habida cuenta de que no ha sido
calificado por la instancia judicial correspondiente– toma dos cursos de
desarrollo diferenciados, aunque relacionados entre sí: por una parte, el
recurso judicial interpuesto ante las instituciones electorales por el
Movimiento Progresista, la coalición que postuló a la Presidencia a Andrés
Manuel López Obrador, que se ha inconformado ante el desaseo y las ilegalidades
a las que recurrió el priísmo para lograr los resultados favorables que le
atribuye el Instituto Federal Electoral; por la otra, una resistencia social
creciente y cada vez más articulada, para la cual es inaceptable el eventual
retorno del PRI a la Presidencia por medio de un político con antecedentes
represivos y de violaciones graves a los derechos humanos, y cuya campaña es
considerada por diversos sectores sociales un intento de imposición de la
televisión comercial y de otros poderes fácticos.
Lo peor que podría hacerse en este delicado
escenario sería regatear el análisis de los factores que lo configuran y
menospreciar los descontentos acumulados no sólo durante el sexenio que está
por terminar, sino a lo largo del ciclo neoliberal que empezó hace 30 años bajo
presidencias priístas. Atribuir la oleada de indignación a una supuesta
manipulación política lopezobradorista o suponer que la reunión que tiene lugar
en Atenco es un mero brazo operativo del Movimiento Progresista conduciría a
minimizar la energía de expresiones sociales autónomas, tanto estudiantiles
como agrarias y sindicales, que deben su gestación y su desarrollo no a la
campaña presidencial de las izquierdas, sino al cúmulo de agravios perpetrados
por las pasadas cuatro o cinco administraciones federales, por buena parte de
las estatales y por el poder de un grupo político-mediático empresarial de
características claramente oligárquicas.
En tal circunstancia, la manera deseable de
resolver el conflicto poselectoral es mediante un fallo sereno, apegado a
derecho y con altura de miras por el tribunal electoral, cuyos integrantes
tendrían que tomar en cuenta, además de la estricta legalidad o ilegalidad del
proceso electoral, su legitimidad o la falta de ella. Es decir, los magistrados
del TEPJF tendrían que contrastar los resultados expuestos por el IFE con los
criterios de validez, justicia y eficacia que ha de reunir una decisión
institucional y actuar en consecuencia, adoptando las soluciones previstas en
las normas legales para los diferendos electorales. De esa decisión depende, en
buena medida, que el país pueda conducirse a un restablecimiento de la plena
legitimidad presidencial –deficitaria, en el curso de la administración que
está por terminar–, preservar la gobernabilidad y superar las fracturas
sociales acumuladas por dos elecciones sucesivas impugnadas.
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