Sexenio de destrucción
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
La presentación del último Informe de gobierno
es, en la lógica política nacional, un momento de balance del sexenio, no sólo
en el discurso oficial, casi siempre complaciente y cargado de autoelogios y
cifras positivas imaginarias, sino también en el ánimo nacional, que suele ser
mucho más severo y crítico en su diagnóstico del país. En esta ocasión no sólo
es inminente el final de la administración calderonista sino también el de un
ciclo de 12 años en los que el panismo ejerció la Presidencia. El saldo de los
primeros seis años de ese ejercicio, encabezado por Vicente Fox, resultó
desfavorable en casi todos los terrenos. Baste con recordar que en el sexenio
anterior se dilapidaron decenas de miles de millones de dólares procedentes de
los sobreprecios petroleros sin que exista, hasta ahora, la certeza del destino
de ese dinero; pero, lo más grave, se dilapidó la esperanza de la sociedad en
una transición democrática. Con todo, el segundo tramo de ese ciclo, a cargo de
Felipe Calderón, ha sido mucho más devastador para el país.
Por
principio de cuentas, la falta de legitimidad de inicio, la ausencia de una
visión de Estado y la ineptitud llevaron a la actual administración a declarar,
desde sus primeros días, una guerra contra la delincuencia organizada
y el narcotráfico que desembocó en una catástrofe en materia de seguridad
pública, derechos humanos, estado de derecho, integridad institucional y
soberanía. El recuerdo del sexenio que está por concluir queda
irremediablemente ligado a las decenas de miles de muertos causados por el
estallido de violencia que provocó, a su vez, la actual estrategia policial y
militar; por el aumento y la expansión del poderío de las organizaciones
criminales; por la descomposición de las corporaciones de seguridad pública; por
la exasperante indefensión de sectores de la población que quedaron atrapados
en las confrontaciones armadas; por la arbitrariedad y la impunidad con la que
las fuerzas del orden atropellaron garantías individuales y derechos humanos;
por la generalización de la extorsión de ciudadanos por parte de grupos
delictivos; por el lavado de dinero y el tráfico imparable de sustancias
ilícitas; por los asesinatos de periodistas; por la continuación de la epidemia
de feminicidios en diversos puntos del territorio nacional; por la
proliferación de levantones, masacres, desmembramientos, narcovideos y narcomantas.
La
determinación de involucrar a las fuerzas armadas en esa suerte de cruzada minó
severamente la imagen de esas instituciones entre la población. El titular del
Ejecutivo federal ha hecho, durante casi seis años, oídos sordos a los
incontables señalamientos críticos sobre los errores de concepción y ejecución
de su estrategia y ha persistido en el empecinamiento de mantenerla hasta el
último día, e incluso ha pretendido proyectarla en forma transexenal. Para
colmo, con ese telón de fondo, y aunque éste no fuese causal directa, el
gabinete calderonista resultó descabezado en un par de ocasiones por las
muertes en accidentes aéreos de dos secretarios de Gobernación. En la
circunstancia menos ominosa, la mala suerte agravó el debilitamiento
experimentado por las autoridades federales en la guerra emprendida.
Los
fenómenos arriba citados están entreverados con una gravísima y dolorosa
pérdida de soberanía. Como ha podido demostrarse mediante los cables de Wikileaksdifundidos
por este diario y por medio de otras fuentes, en el sexenio calderonista se
permitió, alentó y hasta imploró la intromisión de entidades estadunidenses en
asuntos que, por ley, conciernen exclusivamente a los mexicanos y a sus
instituciones. En el actual gobierno federal, y con la coartada de la
Iniciativa Mérida, se ofreció a Washington toda la información de inteligencia
del país, se instauraron los vuelos de aeronaves estadunidenses no tripuladas,
proliferó la presencia de agentes de la FBI, la DEA y la CIA en territorio
nacional y se otorgó a funcionarios extranjeros funciones de coordinación sobre
efectivos policiales y militares nacionales. Algunas dependencias del país
vecino –como las oficinas de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y de control de
Drogas– cometieron en México delitos tales como contrabando de armas y lavado
de dinero, sin que las autoridades nacionales se tomaran la molestia de
investigar, y mucho menos sancionar, tales actividades. Fuera del ámbito
policial y de seguridad, nuestro país prosiguió el rumbo de sometimiento a
Washington ya iniciado en el gobierno anterior y de distancia e incluso
hostilidad ante naciones hermanas de América Latina.
En el
terreno económico las cosas no marcharon mejor. El sexenio calderonista se
caracterizó por un incremento brutal de la pobreza y el desempleo y por una
desmesurada transferencia neta de capitales hacia el exterior. Aunque las
cifras oficiales contradicen estos fenómenos, hay sobrados elementos que
indican que han sido maquilladas. Un ejemplo es el estudio del Centro de
Análisis Multidisciplinarios de la UNAM (La Jornada, 12/04/2012) que
desmiente el índice oficial de 4.8 por ciento de desempleo y lo sitúa en un
nivel real, más de tres veces mayor, de 15.4 por ciento. La ausencia de una
política económica con sentido nacional ha sido particularmente desastrosa para
el campo y para los sectores populares de las ciudades, pero ha afectado
también a grupos crecientes de la clase media.
En otro
sentido, la actual administración se ha caracterizado por una sistemática
ofensiva contra las empresas públicas, los sindicatos y los derechos laborales.
En contraste con el fallido intento calderonista de 2008 por privatizar
segmentos fundamentales de la industria petrolera, el régimen tuvo éxito en la
destrucción de Luz y Fuerza del Centro y ha asistido, con pasividaad
aprobatoria, al desmoronamiento de la Compañía Mexicana de Aviación. Desde el
incio del sexenio se ha profundizado la persecución y la represión contra los
mineros y metalúrgicos, y a partir de 2008 se lanzó una campaña de acoso
propagandístico, judicial y policial contra el Sindicato Mexicano de
Electricistas.
En el
terreno político el gobierno calderonista será recordado por la cerrazón y la
incapacidad negociadora, defectos que explican parcialmente su fracaso en
lograr la aprobación de algunas de las reformas estructurales privatizadoras
pretendidas por el poder público en este sexenio; será recordado, también, por
la constante intromisión del Ejecutivo federal en ámbitos ajenos a su
incumbencia, como el legislativo, el electoral y el judicial, y por sus
colisiones con los poderes correspondientes.
En
materia de política social el calderonismo provocó una crisis sin precedente en
el sistema de educación pública, debido a sus alianzas políticas con la cúpula
mafiosa que controla al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así
como por los factores de corrupción, amiguismo y clientelismo que proliferaron
en el sistema de salud. Una de las consecuencias más dolorosas y agraviantes de
esos fenómenos fue el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en
el que casi 50 infantes murieron y decenas resultaron lesionados. Hasta la
fecha, los presuntos responsables políticos y administrativos de esa catástrofe
permanecen protegidos por un manto de complicidades e impunidad.
Otro
sector devastado desde el poder público es el de las telecomunicaciones.
Durante el sexenio que está por concluir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
ha actuado en forma sistemáticamente parcial a favor del duopolio televisivo,
ha entregado bandas y frecuencias a cambio de nada y se ha erigido como
guardián de los intereses de los concesionarios afines al régimen, y como
verdugo de algunos de sus competidores, como MVS.
La
corrupción en las oficinas públicas, lejos de decrecer, se ha multiplicado en
forma inocultable. Dos situaciones emblemáticas: la actual administración
empezó por firmar un contrato de abasto de gas natural para la Comisión Federal
de Electricidad con la trasnacional española Repsol –21 mil millones de
dólares– a un sobreprecio escandaloso y deja como herencia y recordatorio una Torre
de Luz cuya construcción consumió más de cuatro veces los recursos
originalmente programados.
A todo
lo anterior habría que agregar la sistemática hostilidad oficial contra los
derechos sexuales, reproductivos y de género, los ataques a la laicidad del
Estado, y la insensibilidad, la frivolidad y la mendacidad como formas
regulares de gobierno.
Con
estas consideraciones en mente es claro que el país ha vivido, durante los
pasados seis años, un oscuro periodo de destrucción y de regresión
generalizadas y con un país fraccionado que se expresa, en el mejor de los
casos, en situaciones como la ocurrida al inicio del periodo del sesiones del
Congreso y en las manifestaciones realizadas, también ayer, en una docena de
ciudades. Si bien tales manifestaciones tienen como objetivo inmediato y
primario expresar rechazo a Enrique Peña Nieto, quien la víspera fue declarado
presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, es claro que constituyen también muestras del hartazgo provocado
por el régimen neoliberal en general, encabezado, durante los pasados seis
años, por Felipe Calderón.
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