Negación del Derecho y de la Verdad

Negación del Derecho y de la Verdad

Víctor Flores Olea

Los acontecimientos de los últimos días confirman a la luz del día, con claridad abrumadora, que nuestro sistema político, económico y social parece ya fraguado para hacer invencible a la mentira y para arrollar a la justicia como posibilidad de vida y de verdad. Pocos parecen inmutarse y los hechos siguen su curso sin mayores sacudidas, según nos repiten en todos los tonos los medios informativos. Aquí no ha pasado nada y fastidian la protesta y el rechazo: la única forma de civilidad y de moral en estos momentos es una ciudadanía dócil y que se atenga a los resultados de las mecánicas electorales, las que sean, y que se sometan sin chistar a los atropellos, los que sean también.
Ante el fracaso de los gobiernos panistas surgió poderosamente la especie de que el PRI volvería al gobierno. No obstante sus setenta años discutibles, pero al final de cuentas más rescatables que los últimos ensayos panistas, el “rumor” general se fue concretando en una candidatura que parecía recoger las tradicionales capacidades del PRI incluido, por supuesto, el peso político de la mayoría de gobernadores (priistas) y sus recursos económicos (eventualmente movilizados fuera de la ley), el incondicional apoyo de las televisoras del duopolio (Televisa y Azteca), los amplios contactos y antecedentes del grupo Atlacomulco, al que pertenece la familia de Enrique Peña Nieto y, en fin, la maquinaria política del priismo que parecía aceitada y como nueva. Por supuesto, también para abrir de par en par las puertas de la corrupción.
Naturalmente, los poderes económicos y fácticos del país (los que desde hace milenios constituyen las oligarquías), estaban ya alineados y apoyando con todos sus caudales a Peña Nieto. Pudiera no entusiasmarlos el candidato con su casi total falta de sustancia intelectual, pero no hay duda que para la ocasión resultaba un candidato posible que debería seguirse y apoyarse, y tener desde luego cuidado de aquel “oposicionista” y “desordenador” de la vida nacional que se llama Andrés Manuel López Obrador, que a pesar de su “nuevo rostro” electoral seguía siendo “desconfiable” y el candidato a derrotar. ¿Cómo que un izquierdista al frente de las instituciones nacionales, que pudiera “interferir” o “dificultar” los privilegios y ganancias de los favorecidos? De ninguna manera, había que derrotarlo a como diera lugar. Los otros grupos que aparecieron a última hora, como el “Yosoy#132”, con presencia y cierto impacto, debían ser tratados con cautela (un enfrentamiento represivo hacia los jóvenes podía tener consecuencias muy desfavorables. Había pues que tolerarlos y confiar en el tiempo para su desgaste).
Pero claro, la cuestión más grave a “controlar” resultaba ser el cúmulo de pruebas y “datos” que al final de la campaña surgían por todos lados (inclusive la denuncia del periódico británico The Guardian en el sentido de un arreglo previo millonario entre Peña Nieto y Televisa que confirmaba negocios inadmisibles de la televisora con el candidato, que resultaban delitos electorales, y que habían lanzado al candidato del PRI mucho antes de las campañas, en propaganda diaria en los principales noticieros anunciando sus actos más insignificantes o sus frases más banales). La insistente repetición hizo por cierto de la mentira verdad y al final de cuentas se convirtió Peña Nieto en un candidato factible por el que debía votarse.
En cuanto a las carretadas de pruebas de la oposición de izquierda, que presentó y debía revisar el Tribunal Federal Electoral, se optó por el expediente más simple: darle carpetazo o, si se quiere, considerar tales pruebas como absolutamente irrelevantes, sin alcances ni significado alguno. Con un desprecio absoluto de la ciudadanía y una burla mayúscula de la democracia. Y aquí es donde aparece una de las más siniestras operaciones de la última elección: la negación, el silencio absoluto sobre pruebas que resultaba necesario considerar, que era indispensable valorar y explicar a millones de mexicanos que esperaban, por lo menos, un criterio jurídico sobre tales pruebas, y no simplemente que fueran echadas de mala manera al cesto de los desperdicios.
El hecho es que el pueblo mexicano ha sufrido uno de los peores atropellos de su última historia. Se habla de corrupción en muchos órdenes de gobierno, pero tal vez no haya uno mayor que el encarnado hace apenas unos días por los magistrados del TRIFE, que pasan a la historia como verdaderos truanes de nuestro sistema judicial. “YoSoy132” ha tenido razón al decir que su última votación, del Tribunal, considerando a Peña Nieto presidente electo es por lo pronto la muerte de la democracia en México, su asesinato innombrable por cinco facinerosos togados cuyo crimen no se olvidará.
Hoy Enrique Peña Nieto se enfrenta a un grave y real dilema: su designación presidencial carece de sólidas bases legales, pero es un hecho. Carente de legitimidad jurídica, apenas disfrazada de legalidad por los leguleyos, ahora deberá legitimar política y socialmente, pero en serio, su endeble nombramiento, y esto sólo podrá hacerlo con una política de claro beneficio popular que no se adivina hoy por ningún lado. Desde luego sus medidas anticorrupción y otras como las reformas estructurales que anuncia provienen directamente del Consenso de Washington (que repite también a diario Televisa como si fueran la panacea, pero que no lo son). Ahora Peña Nieto tiene frente a sí ya no las urnas electorales, sino el juicio de la historia. Que a juzgar por sus antecedentes será mucho más difícil de ganar. Porque es un juicio que viene del pueblo y regresa al pueblo, concluyente.
¿Y Andrés Manuel López Obrador? La víctima de los atropellos se lleva al menos la virtud histórica de la lucha por principios, en un país en que la mentira y la negación de la verdad se han convertido en hechos cotidianos que muchos están dispuestos a aceptar.