Apuntes
Guillermo Fabela Quiñones
La democratización del país es un asunto de seguridad nacional, pues continuar por el rumbo marcado por la oligarquía nos llevará a perder la poca gobernabilidad que aún tenemos. Pero avanzar por esa vía sólo se podrá lograr en la medida que la izquierda se afiance como instancia política emergente, lo que implica cerrar filas en torno al objetivo prioritario de no permitir la imposición de Enrique Peña Nieto. Sin el fortalecimiento real del Movimiento Progresista no será factible superar los muchos escollos que interpondrá la derecha para impedir que avancen las clases mayoritarias. Por eso debe tenerse claridad sobre un hecho irrenunciable: apuntalar una ética política a prueba de oportunistas, corruptos, convenencieros y demás fauna que participa en las filas de la izquierda.
Dice el dirigente del PAN, Gustavo Madero, que “la izquierda tiene la posibilidad de seguir de aliado de Acción Nacional en la democratización del país”. Tal premisa es falsa porque la dirigencia del partido blanquiazul no persigue la democratización de México, sino el empoderamiento de los intereses oligárquicos más retrógrados, pero sin la máscara “liberal” del PRI. Nunca han sido aliados los panistas y los partidos de izquierda, ni lo serán jamás, porque sus objetivos de lucha son diametralmente opuestos. Su aliado natural es el partido tricolor, así lo demuestran los hechos, y lo seguirá siendo porque el PAN no tiene futuro como organización autónoma: perdió su oportunidad histórica de alcanzar esa meta debido a sus fracasos como partido gobernante.
Pero la izquierda tampoco podrá avanzar si no aprovecha la oportunidad que se le presenta, de liderar las aspiraciones legítimas de un pueblo que anhela vivir en un sistema verdaderamente democrático, como lo demostró plenamente durante la campaña de Andrés Manuel López Obrador. De ahí el derroche de dinero y de recursos de parte del PRI, con el objetivo de frenar a como diera lugar al Movimiento Progresista, pues de no hacerlo en este proceso electoral no podría hacerlo en varios sexenios más. No importó a sus dirigentes actuar de la manera más irresponsable y “audaz”, al fin y al cabo suponían que aprovecharse de la gente indefensa y marginada no tendría consecuencias jurídicas.
Eso pensaban sus estrategas, pero ya vimos que sí las tuvo, por la soberbia con que actuaron, con absoluto menosprecio a la voluntad de millones de mexicanos decididos a no permitir que la oligarquía siga pisoteando sus derechos más elementales. Por eso cada día que pasa surgen más pruebas de la total falta de ética con que actuaron los miembros del grupo más cercano a Peña Nieto. Por ejemplo, ante las evidencias no les quedó más que aceptar que la cuenta abierta el 21 de agosto de 2006 a nombre de Luis Videgaray, en el Scotiabank, sí existe. Según Raúl Murrieta, actual secretario de Finanzas del gobernador Eruviel Ávila, fue abierta cuando Videgaray fue secretario de Finanzas en el gobierno de Peña Nieto. El hecho es que en un principio negaron que existía, y por un monto de alrededor de 8 mil millones de pesos. ¿De dónde salió ese dinero?
Fue muy claro que desde que llegó a la gubernatura del Estado de México, Peña Nieto tenía la consigna de buscar la candidatura del PRI para la presidencia del país. Nunca lo ocultaron y su labor como “gobernante” no tuvo otra finalidad. Lo que le sobraron fueron recursos y dinero a manos llenas, como era fácil verlo. Nunca hubo en el país un gobernador con tanto empeño por viajar por todo el territorio nacional con el menor pretexto. Era más que obvio que contaba con el beneplácito de la oligarquía para llegar a Los Pinos, así lo entendió Felipe Calderón y contribuyó a que se hiciera realidad esa decisión, aunque se le salió de control el PAN al designar a Josefina Vázquez Mota; de ahí su alegría al anunciar prematuramente el “triunfo” del mexiquense la noche del domingo primero de julio.
Hoy el compromiso es para las autoridades electorales, pues tienen en sus manos un “hierro” al rojo vivo, que los obliga a actuar con apego a las normas constitucionales, so pena de ganarse un desprestigio imposible de superar en los años venideros. Esto debieran sopesarlo los miembros más conspicuos de la oligarquía, para evitar una debacle en el país de consecuencias incalculables. La única opción que le queda al Tribunal Electoral es ajustarse a la legalidad y anular los comicios presidenciales, con base en la abundancia de pruebas de la ilegalidad con que actuó el PRI peñanietista. No hacerlo significaría no sólo un gravísimo error histórico, sino la cancelación de la democracia en el país, con el consecuente desprestigio que ello conllevaría a nivel internacional.
(guillermo.favela@hotmail.com)
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