Ley de víctimas: aval necesario
EDITORIAL DEL DIARIO LA JORNADA
Existe la pretensión, en el Senado de la
República, de aprobar fast track el próximo lunes una
modificación al artículo 73 de la Constitución que facultaría al Congreso para
legislar en materia de protección a las víctimas del delito o de violaciones a
los derechos humanos. Aunque a decir de algunos legisladores esa modificación
constitucional es imprescindible para aprobar la ley general de víctimas –un
ordenamiento que plantea, entre otras cosas, el derecho a la reparación
integral del daño, a la asistencia jurídica, médica y económica, y a la
justicia y el esclarecimiento de actos contra quienes padezcan ataques de la
delincuencia o abusos en sus garantías individuales–, en la práctica podría
tener un efecto inverso: retrasar la discusión del dictamen correspondiente
–que se tenía prevista para el martes próximo– y, en consecuencia, su envío a
la Cámara de Diputados; imposibilitar su aval en el actual periodo de sesiones,
que concluye el próximo 30 de abril, y dejarla como un pendiente más para la
legislatura entrante.
Es pertinente recordar
que la necesidad de la citada ley –la cual constituye el principal compromiso
formulado por el Congreso al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad–
radica en la falta de mecanismos institucionales que obliguen al Estado a
reconocer y reparar los abusos y atropellos cometidos contra la población, ya
sea por delincuentes o por autoridades. Si bien tal obligación se encuentra
consagrada en la reforma constitucional de junio del año pasado en materia de
derechos humanos, la ausencia de la ley reglamentaria correspondiente constituye
una laguna legal que da margen para la desprotección de las víctimas y para la
impunidad de los victimarios. Tal omisión no podría expresarse en un momento
más adverso que el presente, en el que los embates de la delincuencia contra la
población convergen con los atropellos y vejaciones cometidos por autoridades
en el marco de la guerracontra el crimen organizado, y en el que los
gobiernos de los distintos niveles han dado cuenta de un manifiesto desinterés
por la situación de las víctimas en general.
Con tales
consideraciones, el retraso en la aprobación de la citada ley, cuya elaboración
se inició hace más de un año y cuya votación fue postergada el pasado jueves
por falta de quórum en el Senado, es, en el mejor de los casos, una
demostración de incapacidad legislativa, o de indolencia ante la situación
catastrófica que enfrenta la sociedad, en el peor.
La inexplicable dilación
en el aval a la ley referida ha contribuido, en la medida en que priva al
Estado de elementos para garantizar la protección y la reparación del daño de
la población afectada, a agravar el clima de inseguridad y barbarie que se
desarrolla en el territorio.
Es exigible, en suma,
que los legisladores adopten las medidas necesarias para corregir, cuanto
antes, una de las deficiencias más costosas en términos sociales y humanos en
el marco legal de nuestro país. De lo contrario, las propias instancias
legislativas se estarán erigiendo, así sea involuntariamente, en cómplices de
la violencia y el atropello.
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